La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anticipó que, además del decreto que ya firmó, ahora prepara un proyecto de ley para enviar a la Legislatura, con el objetivo de que tanto ella, como ministros, directores, comisarios y subcomisarios de la Policía presenten sus respectivas declaraciones juradas.
El anuncio lo hizo en el marco de un acto de gestión en la Autopista La Plata - Buenos Aires, a la altura de Villa Elisa, durante el mediodía de este lunes. Vidal dejó en claro que este proyecto es "más allá del decreto y espero que se convierta pronto en ley".
Ese decreto es el número 116, con fecha del 29 de febrero, y obliga a todos esos funcionarios provinciales a informar públicamente sobre sus patrimonios.
De acuerdo a lo detallado en aquel texto, los funcionarios comprendidos están obligados a la presentación de esta declaración, “aun cuando se desempeñen en el cargo en forma transitoria”. Concretamente afecta a la gobernadora, vicegobernador, ministros, secretarios y directores, hasta fiscales de Estado y miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo.
También, la medida abarca al personal Superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, como así también a efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario “con categoría igual o superior a la de Subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría”.
De la misma manera, se contempla al personal que intervenga en el “manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos. Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud del ejercicio del poder de policía”.
Lo mismo tendrá que hacer el presidente, miembros del directorio y personal que intervenga en el manejo de fondos públicos de empresas, sociedades y otros entes bajo la órbita o participación del Estado.