LEGISLATURA PORTEÑA

Las condiciones que puso la oposición para votar la nueva policía de Larreta

El socialismo, el kirchnerismo y los lilitos exigieron cambios para acompañar la reforma a la ley de Seguridad Pública. El PRO calcula que saldría con más de 40 votos.

Este jueves en sesión ordinaria la Legislatura porteña se encamina a sancionar la ley que crea la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que reemplazará a la Metropolitana y será una fusión de esa fuerza y la Federal, tal cual se estableció en el convenio de traspaso firmado entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en enero de este año.

 

El bloque PRO es optimista y calcula que la iniciativa cosechará el apoyo de la mayoría opositora. En concreto, calculan que superará los 40 votos y podría llegar a sumar 50 en total. En esta consideración entran todos los bloques opositores a excepción de los tres de izquierda: Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas y Autodeterminación y Libertad.

 

Para llegar a ese nivel de respaldo, el oficialismo debió modificar varios de los artículos del texto original, redactado por los asesores del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y presentada por el Larreta en octubre, en el marco de un acto en el Instituto de Seguridad Pública, que pasará a tener rango universitario a raíz de la aprobación de otro expediente, atado a la modificación de Ley Nº2.894, votada en 2008 y que sería derogada para cumplir con la normativa actual exigida por el Ejecutivo.

 

De movida, el expediente alojó una serie de guiños para la oposición, como la inclusión de un Mapa del Delito, propuesta del socialista Roy Cortina. A su vez, como informó Letra P, deja abierta la posibilidad de que el conductor de la fuerza fusionada sea un civil. En rigor, quien asuma ese rol, que será nombrado mediante decreto del jefe de Gobierno, no puede tener rango de policía a la hora de asumir, por lo que la Policía de la Ciudad podría quedar a cargo de un efectivo retirado, por ejemplo.

 

El oficialismo, según explicaron fuentes legislativas, emprendió una serie de diálogos con la oposición para aprobar la ley “más consensuada”, como les pidió Larreta en persona a los diputados. Esa idea tiene un trasfondo: a mayor acumulación de apoyo político en la Legislatura, mayor gesto para la cúpula policial, que siempre miró de reojo el traspaso y la posibilidad de que el jefe de la nueva fuerza sea un civil. En la oposición y en el PRO coinciden en que una ley con respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas de la Ciudad podría aplacar los cuestionamientos y sería una señal para los efectivos más resistentes al traspaso, que ya es un hecho y estaría completado antes del 1 de enero.

 

El kirchnerismo y el socialismo reclamaron al Gobierno porteño que modifique el artículo que establece que los efectivos tienen la obligación de atenerse al “estado policial”, bajo el cual están obligados a actuar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin importar si están dentro de la jornada laboral o no. La ley actual no obliga pero sí sanciona a los policías que no actúen ante conflictos en la vía pública aunque estén fuera de su horario de trabajo. La modificación que se aprobará este jueves indica que no se sancionará la omisión y la decisión de actuar queda al libre albedrío del oficial. Existen dos posturas en torno al por qué de este cambio: hay quienes argumentan que de esa manera se “protege” al uniformado porque al estar fuera de su horario no cuenta con la protección que obliga su trabajo (chaleco, por ejemplo) y eso lo pone en peligro y quienes sostienen que de esa manera se reducirían los casos de gatillo fácil en el ámbito porteño.

 

A su vez, la oposición puso como condición que se prohíba el uso de armas en protestas públicas. En el expediente original se establece que la primera línea de uniformados no puede portar armas, pero no dice nada del resto del cuerpo que se traslada hasta el lugar de la manifestación. Según pudo saber Letra P, el jueves se votaría la ley con un artículo que explicita la prohibición de uso de armas letales en cualquier manifestación pública; esto no inhabilita la utilización de otro tipo de armamento, como los camiones hidrantes.

 

También, a pedido del jefe de bloque del Frente para la Victoria, Carlos Alfonso Tomada, se creará una nueva estructura dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad que tendrá la función defender a los efectivos: la Defensoría del Policía, que tendría un esquema similar a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Con esta jugada, el PRO sepulta el debate por la sindicalización de los uniformados, una idea que el Ejecutivo rechaza de plano. Por otra parte, el oficialismo avaló un pedido de la Coalición Cívica para que se pueda otorgar licencia por violencia de género.

 

La oposición porteña votará en general la iniciativa y luego planteará disidencias en determinados artículos. Hasta ahora, los únicos bloques que adelantaron que votarán por la negativa son el PO, el PTS y Autodeterminación y Libertad.

 

“Toda la oposición va a acompañar, sino se quedan afuera de la discusión del tema número uno de las encuestas”, ironizan en el PRO.

 

Encuentro de Unidos para Cambiar Santa Fe con el gobernador Maximiliano Pullaro, la vice Gisela Scaglia y los ministros Goity, Bastía y Olivares como protagonistas.
Florencio Randazzo, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto.

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