La semana pasada, cinco policías fueron detenidos acusados de haber “montado” allí un desarmadero. Tres de ellos se encontraban en actividad y los dos restantes son policías retirados. Está prófugo un mecánico que sería el que desguazaba las autopartes para luego comercializarlas. Si el propio titular de la Comisaría, identificado como Daniel Víctor Sánchez, fue uno de los detenidos, es muy difícil que el resto de los uniformados no supiera del desarmadero que funcionaba en la sede policial.
Lo cierto es que la comisaría en cuestión ya ha sido noticia y no precisamente por servir a la comunidad. En febrero de 2011, estuvo involucrada en la masacre de Carcova, donde fueron asesinados Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 18. Los jefes de la Cuarta, en ese entonces a cargo de Víctor Hugo Uhalde, fueron los encargados de diagramar el accionar represivo en el cual fueron asesinados los dos jóvenes, que se dirigían a cirujear al CEAMSE en busca de comida o algo de valor, como sucede en los barrios de pobreza extrema que limitan con el basural.
Como respuesta política, el por entonces ministro de Seguridad, Ricardo Casal, ordenó la intervención de la comisaría de Suárez y puso a disposición del fiscal a 15 efectivos policiales. Dos semanas después, se dispuso el desplazamiento de toda la cúpula de la Bonaerense y fueron pasados a retiro 15 jefes policiales, aunque la Gobernación dijo que se trataba de medidas de “rutina”.
En la previa del juicio por la masacre de Carcova, un nuevo caso estremeció la zona. El 30 de octubre de 2013, Enzo Ledesma, de 13 años, fue asesinado en un enfrentamiento entre transas. Y lo que empezó como un reclamo frente a la Cuarta terminó literalmente en llamas: los vecinos incendiaron parte de la seccional y, en esa hoguera, ardieron patrulleros, autos y motos secuestradas.
Movilizados por el asesinato, en noviembre de 2013, un amplio abanico político-social, que incluyó al Movimiento Evita, la Universidad Nacional de San Martín, la Comisión Provincial por la Memoria, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) bonaerense y el cura villero José “Pepe” Di Paola, presentó una denuncia penal ante el fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo, por “asociación ilícita” entre policías bonaerenses y narcotraficantes.
“Las fuerzas de seguridad locales, responsables de la comisaría Cuarta de José León Suarez, Jefatura Distrital y Departamental, han desarrollado sus tareas de prevención e investigación de los hechos en forma absolutamente ineficiente e irresponsable, a tal punto que nos conduce a la profunda convicción de que, por omisión o por complicidad de sus miembros, son responsables de lo que ocurre en estos barrios”, argumenta la denuncia.
Esa misma presentación fue reflotada la semana pasada por Alberto Palacio, abogado de familiares de víctimas del narcotráfico, quien se encuentra estudiando los puntos en común entre la situación denunciada en 2013 y el actual allanamiento que terminó con cinco policías detenidos.
SALDOS. “Todos los vecinos saben que la comisaría funciona como un desarmadero. El terreno donde los policías aparecieron en 2011 para dispararle a los pibes en la masacre de Carcova es un predio que controla la policía; está al lado del ferrocarril y tiene autopartes y depósitos de autos”, explicó el diputado nacional Leonardo Grosso a Letra P.
Los habitantes de Carcova, acostumbrados a ver los movimientos del “cementerio de autos”, cuentan que, en el depósito judicial, se consiguen motos por precios irrisorios: una Gilera 110, cuyo costo de mercado está arriba de los 12 mil pesos, se paga en el depósito 500 pesos.
“Cuando hace dos años mataron a Enzo y la gente protestó en la Comisaría y prendió fuego el patio -particularmente lleno de autos y motos-, estaba la idea de que le ´estamos prendiendo fuego el negocio a los policías´. Esto es vox populi en San Martin y ahora parece que hay un sector de la justicia que se está haciendo eco de las denuncias que venimos haciendo”, agregó Grosso.
Para el diputado del Movimiento Evita, “no sólo hay que avanzar en la puesta en disponibilidad de los cinco efectivos; si cortan partes de autos en el medio del patio de la comisaría, significa que hay una comisaría entera que es cómplice. Si todos lo saben, pero nadie hace nada, también hay un sector judicial que es cómplice”.
Los movimientos en la Cuarta también repercuten en los barrios populares de la zona: mientras la era allanada por efectivos de Gendarmería, en Carcova hubo una toma de monoblocks, abandonados desde la gestión del ex intendente Ricardo Ivoskus. Queda al desnudo así el déficit habitacional, fusionado con la disputa por el territorio de algunos sectores de la villa. Por estas razones, abordar la gestión de la Bonaerense también es abordar una política social.
TODO SIGUE IGUAL. A pesar del eslogan del gobierno de María Eugenia Vidal de “luchar contra las mafias”, los organismos de derechos humanos consideran que la matriz corrupta que existe en la Bonaerense aún no ha sido modificada.
En diálogo con Letra P, Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, consideró que “los problemas estructurales que la Policía tiene y la función que lleva adelante en los territorios es muy similar a la gestión anterior. No ha cambiado estructuralmente su rol en su relación con el delito. Ahí hace falta meterse con una reforma que la democratice. En ese sentido, vemos que hay una línea de continuidad que no se ha abordado”.
No obstante, el secretario de la CPM, organización caracterizada por sus demoledores informes sobre la gestión Casal, consideró que actualmente “hay un mejor funcionamiento de Asuntos Internos y se está sancionando efectivamente a los policías que se detectan cometiendo delitos”.
“Si bien el control de Asuntos Internos es un paso positivo, no va a alcanzar si no se diseñan políticas estructurales que reviertan una institución compleja, con una matriz constitutiva de violaciones a los derechos humanos”, resumió.
El diputado Grosso coincide con que “no hay una decisión profunda de resolver los problemas de la complicidad con el delito organizado”. Y arriesga una hipótesis sobre el reciente allanamiento en San Martín: “Hay una interna policial; creo que Vidal eligió bancar una facción de la Policía y pelearse con otra”.
El caso de la Cuarta de José León Suárez se repite bajo otras modalidades en diversas comisarías de la Provincia. Ante este complejo panorama, quedan en off side las propagandas del Ministerio que conduce Ritondo, al convocar a nuevos cadetes con una caricatura de la realidad. La jungla, la verdadera y espesa jungla, habita en el entramado policial y su relación con el territorio.
