El bloque de diputados porteños que responden al embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, en la misma semana en la que el ex candidato a jefe de Gobierno volvió y realizó un acto político en el país, presentaron un paquete de leyes sobre el tema que más preocupa a Horacio Rodríguez Larreta de cara al 2017: el combate contra la inseguridad.
A días de la presentación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que aún no puede operar porque la ley no se trató en el Parlamento local, el bloque SUMA +, integrado por ediles de la Unión Cívica Radical y representantes del economista, se metió en la agenda de Seguridad de la gobernación porteña, tras la certeza de que la inseguridad es actualmente la preocupación más alta para los porteños, según alertan las encuestadoras privadas.
En la misma semana en la que el embajador realizó un acto, endulzó los oídos de sus aliados de ECO en 2015 y cuestionó las “prioridades” del Gobierno de la Ciudad, sus espadas en la Legislatura porteña, que en el último meses recrudecieron su postura ante el Ejecutivo, elevaron una serie de proyectos dispuestos a discutir la agenda del PRO en torno a la seguridad.
Los diputados de Lousteau le reclaman a la administración de Larreta que cree que el Sistema Integrado de Información y Estadística Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para brindar “información integral, relevante, mensurable, confiable y oportuna sobre la situación de la criminalidad” en el distrito. Una especie de INDEC que difunda estadísticas en torno al crimen para “analizar las dinámicas delictivas” y “evaluar” las políticas públicas aplicadas midiendo alcances, calidad y contenido.
Según la redacción de la normativa, en el trabajo del Sistema de Información y Estadística Criminal estarán involucradas la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña (Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y “todas las áreas con funciones específicas de producción de estadísticas y/o de relevamiento de datos, que dependen de los Ministerios u organismos del GCABA, que implementen políticas de seguridad o con incidencia en la seguridad, y/o dispongan de información pertinente para el cumplimiento de la presente ley”.
Los legisladores sostienen que los indicadores producidos deben incluir información criminal que “indique la incidencia de la victimización en la sociedad, desagregada por tipo de victimización, características de las víctimas, crímenes reportados y no reportados, razones de no reportar, ubicación geográfica de los eventos registrados en un mapa que incluya el tipo de delito del que se trata y el horario en que ocurrió, y el nivel de inseguridad percibida”.
A su vez, un registro del “número” de crímenes, arrestos, disposiciones, victimarios bajo supervisión, reincidencia, y “las características de los individuos procesados a través del sistema incluyendo, como mínimo, edad, sexo, nivel educativo, nacionalidad y estado civil”.
El INDEC deberá sincerar, según la iniciativa, los recursos fiscales y humanos con los que cuenta la justicia criminal, como el número de personas empleadas, gastos y distribución de servicios. Al mismo tiempo, indicadores sobre “costos sociales y económicos del crimen”. Por último, “opiniones y actitudes de la ciudadanía sobre el crimen y la justicia criminal”.
Por otra parte, SUMA + propone crear una “Oficina del Abogado Oficial de las Víctimas de Delitos” que dependa del Ministerio de Justicia y Seguridad. Esto aplicaría para delitos contra la vida, contra la integridad sexual, lesiones, abandono de persona, robo, hurto, extorsión, usurpación, entre otros. Los ediles del ex ministro nacional catalogan a este proyecto como el “más innovador” y confían en que el oficialismo avanzará en la discusión porque “lo tienen en agenda”.
El expediente apunta a que las víctimas de este tipo de delitos puedan solicitar el patrocinio letrado gratuito al Gobierno porteño. Únicamente podrían contar con esta posibilidad quienes tengan domicilio real en la Ciudad y que la causa penal tramite ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o ante la Justicia Penal Nacional de la Capital Federal.
Según pudo saber Letra P, la idea surgió tras el reclamo de ONG’S, como Madres del Dolor y Usina de Justicia, que “piden que las victimas pasen a ser las partes protegidas por la justicia”. “También se tuvo en cuenta que en provincia de Buenos Aires (la gobernadora María Eugenia) Vidal y Gustavo Ferrari (ministro de Justicia) están trabajando en un proyecto similar, junto al proyecto de reforma del código procesal penal provincial, con ese mismo objetivo. Creemos que es una iniciativa que puede encuadrar tranquilamente con la agenda del oficialismo porque el gobierno del PRO la está impulsando en la provincia”, explicaron desde el bloque de Lousteau.
Por último, SUMA + pide crear un Sistema de Descentralización de Denuncias por “la falta de voluntad por parte de las fuerzas policiales para tomar denuncias” y “derivaciones entre jurisdicciones policiales que no tienen correlato con lo establecido por las normas de la Ciudad”. “Las denuncias tomadas por personal policial suelen tener una calidad menor que aquéllas realizadas por fiscales. Las fiscalías cuentan con personal especialmente capacitado para obtener buena información que sirva para las investigaciones subsiguientes, se indica en los fundamentos de la iniciativa.
El objetivo concreto es que los porteños puedan elevar denuncias en distintos sitios de la Ciudad pero específicamente en “un sitio próximo a donde se encuentren” para “facilitar y promover la realización de denuncias de delitos y contravenciones a través del aumento del número de sitios donde se pueden realizar denuncias”. Este proyecto está ligado al del INDEC de la criminalidad porque, según afirman los ediles, “permite mejorar las estadísticas de conocimiento de la cuestión criminal”.
“Los sitios para realizar denuncias de delitos y contravenciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben estar distribuidos teniendo en cuenta la densidad demográfica, los niveles de conflictividad de cada zona de la Ciudad y garantizando igualdad en el acceso a la justicia al interior y entre comunas”, se exige en el artículo cuatro del expediente.
Los tres proyectos fueron presentados por la legisladora Natalia Fidel y contó con el apoyo de sus cinco compañeros de bloque: Hernán Rossi, Juan Francisco Nosiglia, Marcelo Guouman, María Patricia Vischi y María Inés Gorbea.