Se agotó el tiempo y los intendentes deberán cumplir las paritarias

Fueron, el Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, junto al vicegobernador, Daniel Salvador, y el vicepresidente de Diputados, Manuel Mosca, los encargados de negociar con los legisladores la aprobación de ese decreto.

Pero la discusión tuvo poco vuelo, ya que desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) con el aval del FpV, desarticularon esta posibilidad.

 “Hubo un decreto de la gobernadora, firmado el 15 de diciembre, para suspender la ley 14.356 por 12 meses” aseguró a Letra P, el titular de la Federación, Rubén “cholo” García.

“Lo perverso de esta situación era que ese decreto volvía a la vieja ley 11.757, que había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia” remarcó.

Según relata García, los funcionarios de Vidal, “justificaban esa decisión diciendo que las comunas nuevas se encontraron con situaciones de quebranto. Pero nosotros dejamos el tema en claro, si se volvía a la vieja ley se estaba vulnerando los derechos de los trabajadores municipales”.

De hecho, en la 11.757, además de no existir una instancia de negociación entre empleado y empleador, con la representación de los sindicatos, los intendentes podían determinar no solo el valor del salario, sino las condiciones de trabajo.

Esa instancia, llevó a lo largo de los años a una situación laboral muy desigual entre las comunas, con plantas municipales extensas, pero con salarios muy por debajo del mínimo vital y móvil.

Este próximo miércoles, 6 de enero, vence el plazo de 180 días, que se concedió a los jefes comunales, para que establecieran las convenciones colectivas de trabajo por ordenanza.

De esta manera, entra en vigencia la tercera etapa, de carácter supletorio, por el cual, aquellos que no establecieron los convenios, deberán igual acatarlos de forma obligatoria.

Con la nueva normativa, los jefes comunales deberán convocar a paritarias, y discutir allí, los incrementos de sueldos, pero partiendo de la base del salario mínimo.

También, acordar el porcentaje de antigüedad, informar sobre la situación financiera, sobre la cantidad de empleados y sus condiciones de trabajo, y establecer un plazo de 12 meses, para incorporar a planta permanente a los trabajadores contratados.

“Nosotros pretendemos que los acuerdos sean en una mesa de trabajo, pero si no quieren cumplir la ley, será en la calle con los trabajadores movilizados, o en la Justicia” advirtió García, quien en la última y frustrada sesión, movilizó a su gremio para impedir la aprobación por ley del decreto de Vidal.

En tanto muchos jefes comunales, ya empezaron a alertar sobre la imposibilidad de poner en marcha la nueva normativa.