Los jueces de la Ciudad de Buenos Aires están en estado de alerta porque en los pasillos de la Legislatura porteña ya circula un proyecto de ley, elaborado por el PRO, que genera malestar en buena parte del mundillo judicial local y apunta a licuar el poder de los magistrados.
La iniciativa, presentada por el diputado Helio Rebot y acompañada por sus pares de ECO, propone reinterpretar la Constitución porteña para modificar la Ley N°31, la normativa orgánica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad que rige desde 1998.
Según se fundamenta en el expediente, la redacción de esa ley “ha venido limitando la elección del representante por el Poder Judicial a los jueces y juezas de los diversos fueros con exclusión de los magistrados del Ministerio Público”. Rebot advierte que la normativa en cuestión hace una “restrictiva interpretación” del texto constitucional.
Sintéticamente, el proyecto plantea que todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires puedan presentarse a elecciones de la Magistratura y que esa posibilidad deje de existir únicamente para los jueces (y juezas) porteños. Para eso, se propone modificar la Ley N°31 y que, en el artículo tres que versa sobre la composición del organismo, se reemplace la palabra jueces y juezas por “magistrados/as”.
Bajo esa modificación terminológica, los asesores tutelares, los fiscales y los defensores generales podrán presentar lista y participar de los comicios abiertamente, al igual que los jueces. Es decir, se iguala el poder de los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) con el de los jueces que, vale advertirlo, son minoría en territorio capitalino.
Por ley, el Consejo está compuesto por nueve miembros. Tres representan a los abogados, tres a los jueces y los tres restantes asumen su mandato en representación de la Legislatura porteña.
Los representantes de los jueces salen de una votación que hacen los propios jueces y en donde asumen dos por la lista de mayoría y uno por la lista de minoría; los integrantes del Tribunal Superior de Justicia no pueden participar de las elecciones. Lo mismo sucede con los consejeros que entran por parte de los abogados, que son electos en comicios abiertos para los matriculados.
Los jueces, que ven disminuido su poder si esta iniciativa avanza, no dudan en que el expediente fue elaborado “a la medida” de quienes comandan el MPF. Todos los dardos apuntan contra el jefe de los fiscales, el angelicista Martín Ocampo, y la Asesora Tutelar General,Yael Bendel, que responde a María Eugenia Vidal.
Al igual que los jueces, los consejeros despotrican contra el PRO porque “no le avisaron a nadie” sobre la iniciativa publicada el martes, según consigna la agencia Télam.
Lo curioso, y es algo que se analiza en el edificio ubicado sobre Diagonal Sur, es que el proyecto de ley fue presentado justo cuando el presidente de la Magistratura, el kirchnerista Juan Manuel Olmos, se encontraba de viaje.
Desde el PRO prefieren hacer la vista gorda ante la rabia de los jueces y proponen otra lectura, acorde con el pensamiento de los miembros del MPF. “Los fiscales están preocupados por la actitud que tiene los consejeros jueces para con ellos”, disparó un diputado que integra la Comisión de Justicia.
Lo cierto es que el río está revuelto desde hace tiempo en el ambiente de la justicia porteña. En junio, el operador judicial de Mauricio Macri y presidente de Boca Juniors, Daniel “El Tano” Angelici, quiso quedar bien con los fiscales porteños e inició, a través de sus colaboradores, un jury contra el camarista Sergio Delgado.
Angelici contó con el apoyo de su abogado personal y jefe de los fiscales, Martín Ocampo, y con el consejero en representación de los jueces Ricardo Félix Baldomar. Pese a la insistencia del angelicismo, “Ricky” Baldomar se quedó solo defendiendo la acusación y la destitución naufragó.
Todo ese movimiento hirvió de furia a los jueces porteños, pero también a varios fiscales y defensores no alineados con el macrismo. Como era de esperarse, devolvieron la embestida y enviaron una carta a la Legislatura porteña en la que exigieron que se vuelva atrás con un pedido de modificación del proceso de enjuiciamiento que el propio Angelici motorizó en el Parlamento local.
La guerra sin cuartel escaló la semana pasada cuando los jueces se notificaron de la iniciativa que llegó de parte del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Es una reinterpretación forzada”, vociferan en la Magistratura.
En los papeles, el proyecto beneficia a todo el MPF en general. Es decir, a los macristas Martín Ocampo (jefe de los fiscales) y Yael Bendel (Asesora Tutelar General), pero también al peronista Horacio Corti (Defensor General).
No obstante, los jueces creen que beneficia “particularmente” al sector amarillo del Ministerio Público porque les habilita a tener un consejero en la Magistratura. Vale recordar que los actuales miembros que representan a los jueces no suelen concordar con el PRO y la situación es distinta con los fiscales, que en su mayoría tienen buena sintonía con el macrismo.
La cuenta que hacen los detractores a la iniciativa es básica: los fiscales y defensores superan en número a los jueces, por lo que si se presentan a elecciones podrían incluso doblegarlos y llegar al organismo judicial. Todos entienden que el principal operador detrás del expediente es Angelici, quien tiene incidencia en la Magistratura y ahora buscaría abrir una nueva manera de aumentar su influencia en el organismo autónomo porteño.
Consultado por Letra P, Ocampo negó cualquier tipo de intervención en el proyecto de ley. “Soy respetuoso de la iniciativa parlamentaria y de la división de poderes. Los legisladores tienen todo su derecho de plantear sus iniciativas”, consideró.
Según marcó el ex legislador macrista, “las autoridades judiciales no participamos de ese proceso (presentación de proyectos de ley)”, y aclaró que en la Ciudad “hay división de poderes”. “Los representantes de la Justicia estamos para hacer lo que hace el Poder Judicial”, resaltó Ocampo.
Las elecciones de jueces que integran la Magistratura son el mes de abril pero, tanto en el Consejo como en la Legislatura, saben que la iniciativa no va a prosperar. “Esto no va avanzar, no está planeado tratarlo”, aseguran en la Comisión de Justicia.
“No lo vamos a mover por ahora, no queremos generar ruido”, precisó un legislador del PRO que renueva su mandato a fin de año y que entiende que la iniciativa beneficia a determinado sector del partido y perjudica a los jueces.
Entonces, cuentan en las filas macristas, la presentación del proyecto no es más que un llamado de atención a los jueces, para que noten que el resto de los magistrados porteños también tiene interés en las elecciones del Consejo de la Magistratura.