“La presentación en la Corte [Suprema de Justicia de la Nación] a través de una medida extraordinaria la vamos a hacer”, sostuvo en conferencia de prensa el candidato a gobernador por el frente Acuerdo para el Bicentenario (APB), José Cano. Además, adelantó que su espacio político seguirá “luchando para la reforma política”, que incluye la creación de un juzgado electoral específico.
“Vamos a trabajar para que la Junta Electoral deje de estar en manos de estos personajes, que desde la Ley de Lemas vienen lucrando en cada proceso electoral y han cometido todo tipo de tropelías en esta última elección”, denunció el dirigente radical. “Esto se ha visto en una dimensión potenciada porque obviamente sabían que podían perder la elección”, agregó.
En un duro revés para las aspiraciones judiciales de los candidatos del APB, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio por válidos los comicios del 23 de agosto y dispuso la caída de la medida cautelar que impedía concluir el escrutinio definitivo y consagrar al nuevo gobernador electo, Juan Manzur. José Cano y Domingo Amaya aceptaron el fallo, pero ya adelantaron que agotarán la vía judicial respecto de la validez del acto eleccionario en su conjunto. “Acá lo que está en debate es otro sistema para ejercer la política”, sostuvo el candidato del APB.
“¡Se hizo justicia compañeros!”, exclamó Juan Manzur por la mañana durante un acto público en la Plaza Independencia, que compartió con su candidato de fórmula Osvaldo Jaldo y también con el gobernador José Alperovich. No faltan motivos para la euforia en el Frente para la Victoria: a casi un mes de unas elecciones plagadas de irregularidades, el fallo judicial logró desactivar una tormenta política que podría haber terminado con una intervención federal de la provincia y un duro precedente de cara a los comicios de octubre.
Por la mañana, el secretario de la Junta Electoral Diego Almaraz estimó en declaraciones radiales que “en el plazo de 24 horas” estarían en condiciones de proclamar al gobernador electo. Una medida cautelar dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán el 8 de septiembre impedía al órgano electoral proclamar un ganador al finalizar el escrutinio definitivo. Con el fallo de la Corte, ese impedimento cayó y sacó a la provincia del hiato institucional en que se encontraba.