A pocos días de haber retenido la Ciudad de Buenos Aires en manos de Horacio Rodríguez Larreta, el PRO ya se imagina cómo será la próxima gestión y planea licuar el poder de la Auditoría General de la Ciudad (AGC), el organismo que controla al Gobierno porteño.
El primer paso formal en pos de ese objetivo se dio el martes 18 de agosto en la Legislatura porteña. Los jefes de bloque de la oposición y algunos legisladores recibieron una copia impresa de los decretos 47, 48 y 49 que aceleran los tiempos para la oficialización de postulaciones para cargos en los organismos autónomos que renuevan miembros.
El documento, firmado por el vicepresidente 1°, Cristian Adrián Ritondo, y el Secretario Parlamentario, Carlos Serafín “Perico” Pérez, informa que hay tiempo hasta el 2 de septiembre a las 18 horas para presentar a los candidatos, titulares y suplentes, para el Consejo de la Magistratura, la Auditoría, el Consejo de Plan Urbano Ambiental (COPUA) y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El PRO planea acordar con el kirchnerismo la mayoría de los cargos y abrir un mínimo espacio de negociación con el frente ECO. Eso sería posible porque el macrismo y el FpV avanzarían con el reparto de cargos antes del 10 de diciembre. Si se hiciese luego de esa fecha, cuando asuman los legisladores electos el 5 de julio, ECO pasará a ser la segunda minoría porteña y dejará al kirchnerismo en un tercer e incómodo lugar para negociar.
Ante este panorama, y con un bloque de 29 legisladores a partir de diciembre, el partido amarillo volverá a negociar con los diputados del Gobierno nacional en la Legislatura porteña para hacer un reparto “equitativo” que deje contento a ambos espacios.
Para eso, harán un trabajo mancomunado para correr a ECO de la discusión. No obstante, los legisladores que responden a Martín Lousteau presionarán para no quedar afuera del reparto porque, argumentan, serán la segunda minoría en diciembre.
“La misma noche del ballotage, cuando estábamos en el búnker, todos hablábamos de que tenemos que dar la batalla en la Legislatura para que los kirchneristas no se queden con todos los cargos”, le comentó a Letra P un diputado electo de ECO.
Si bien se reparten una batería de cargos en distintos organismos autónomos, el foco está puesto en el Consejo de la Magistratura y la Auditoría. Para el órgano que remueve, controla y designa jueces suenan por el PRO Enzo Pagani, Oscar Moscariello y, por el kirchnerismo, Mauro Riano, impulsado por Juan Cabandié y Juan Manuel Olmos (actual presidente de la Magistratura).
La situación de la Auditoría es distinta. Según pudo saber este portal, el macrismo está esperanzando en quedarse con cuatro de los siete auditores y así imitar el modelo de la Auditoría General de la Nación, en donde el kirchnerismo tiene mayoría propia y frena informes sin ningún problema.
En el edificio de la Avenida Rivadavia los auditores Vilma Castillo, Vicente Brusca, Francisco Fernández y Oscar Lamberto están alineados con el Gobierno Nacional y, salvo excepciones, obstaculizan los trabajos de la oposición, representada por los radicales Leandro Despouy, Alejandro Nieva y Horacio Pernasetti.
El PRO busca imitar ese esquema y replicarlo en la Auditoría porteña que, por ley, debe ser presidida por la oposición. Por más polémico que suene, ni el kirchnerismo ni ECO reprochan por esta posibilidad que los legisladores ya comenzaron a discutir subterráneamente.
“Es lógico. Son la primera minoría, tienen más cantidad de legisladores”, explicó a Letra P una diputada kirchnerista electa en 2013.
Actualmente, el macrismo está representado en ese organismo por Santiago de Estrada, Alejandro Fernández y María Victoria Marcó. El kirchnerismo cuenta con Cecilia Segura Rattagan, Eduardo Epszteyn y Adriano Jaichenco.
En tanto, la Coalición Cívica tiene como auditor a Facundo Del Gaiso, que espera que Elisa Carrió lo apoye para renovar el cargo. En el edificio de Avenida Corrientes algunos dudan de esta posibilidad debido a la fuerte discusión que el “lilito” mantuvo con Santiago “El obispo” de Estrada hace un tiempo atrás.
Tener cuatro de los siete auditores de la AGC es, cuanto menos, polémico porque permitiría que el propio Gobierno porteño decida aprobar o no los informes que deben auditar su gestión para investigarla, detectar errores e inconsistencias y, también, para presentar recomendaciones que garanticen el normal funcionamiento del sector público. No obstante, el macrismo se trazó ese objetivo y, por ahora, sus opositores no se quejan demasiado.
De todas formas, la composición del organismo cambiaría. Si el macrismo se queda con 4 auditores, los restantes deberán dividirse entre el FpV y ECO. Esto traería problemas, porque el kirchnerismo planea ubicar tres auditores de los dos que el macrismo le ofrecería.
A pesar de la búsqueda de mayoría automática, el PRO aún no deslizó todos los nombres de los candidatos que pueden desembarcar en la AGC. Por ahora, suena la diputada María Raquel Herrero, que llegaría apoyada por Daniel Angelici.
En el kirchnerismo hacen esfuerzos por ser auditores la legisladora Claudia Neira, amparada en el apoyo de Juan Cabandié, y el secretario de Empleo de la Nación, Matías Barroetaveña, que cuenta con el aval del ministro y futuro legislador porteño Carlos Tomada. La actual auditora y presidenta del organismo, Cecilia Segura Rattagan, desea mantener su lugar al igual que el ex ibarrista Eduardo Epszteyn.
A raíz de que en diciembre se queda sin banca y no puede renovar su mandato, el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra también busca adherentes a su postulación para la Auditoría, luego de que fracasase su intento por conseguir apoyo de los kirchneritas para ir a la Magistratura.
El organismo
La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Legislatura, tiene personería jurídica, legitimación procesal y autonomía funcional y financiera.
Ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad. Dictamina sobre los estados contables financieros de la administración pública, centralizada y descentralizada cualquiera fuera su modalidad de organización, de empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación, y asimismo sobre la cuenta de inversión.
Tiene facultades para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos que se hubiesen otorgado como aportes o subsidios, incluyendo los destinados a los partidos políticos del distrito.