ENOJO JUDICIAL

En pie de guerra con Angelici, los jueces porteños piden ayuda a la Legislatura

Junto a fiscales firmaron un proyecto para modificar el método de votación en las acusaciones de juicio político a magistrados locales. El caso que detonó el conflicto y dejó mal parado al PRO.

Un centenar de jueces, fiscales y defensores de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una carta en la Legislatura porteña para reclamar la modificación de una ley que se aprobó en diciembre de 2013 y que hizo variaciones en la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

 

Por iniciativa del PRO, y por pedido y deseo de Daniel Angelici, los diputados porteños reformaron la Ley N°31 que modificó la mayoría requerida para enjuiciar políticamente a un magistrado de la Justicia local.

 

Del total de miembros de la Justicia porteña, se destacan, según consignó la agencia Télam, los jueces Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Víctor Trionfetti, Marcelo López Alfonsín, Andrea Danas, Martín Converset; y el defensor general de la Ciudad, Horacio Corti.

 

Los magistrados reclaman que se restablezca la redacción original del artículo 22 de la normativa en cuestión que marcaba que era necesaria una mayoría especial compuesta por un quórum de siete miembros sobre el total de los nueve de la Magistratura y una mayoría especial de dos terceras partes (6) de los votos que conforman el órgano judicial para “efectuar la acusación de los integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público”.

 

Con las modificaciones introducidas por Ia Ley N° 4.890, el quórum de los miembros presentes se redujo a seis miembros y Ia mayoría para acusar a cinco votos positivos.

 

Para entender la postura de los magistrados hay que volver atrás dos meses, cuando Angelici y el titular del Ministerio Público Fiscal, Martín Ocampo, movieron sus fichas para voltear al camarista contravencional Sergio Delgado.

 

En esa oportunidad, ambos instruyeron a los consejeros Juan Sebastián De Stéfano y Ricardo Félix Baldomar para que reúnan votos en el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura con el fin de destituir al juez en cuestión.

 

Los primeros días de junio los fiscales porteños, en su mayoría relacionados al PRO, se quejaron ante Ocampo porque Delgado suele repartir munición gruesa contra ellos en los distintos fallos que firma acusándolos de “fachos”.

 

Según pudo saber Letra P, el problema pasaba por un duelo ideológico porque el “garantismo” de Delgado poco tiene que ver con el discurso de Mauricio Macri y el PRO en cuanto a la seguridad. Además, el camarista arrastra una vieja pelea con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Como titular del área y, como hombre de confianza y abogado de Angelici, Ocampo quiso tranquilizar a los fiscales y facilitar la destitución del polémico juez.

 

Sin embargo, pese a los esfuerzos de “Ricky” Baldomar y de De Stéfano, el PRO no logró correr al juez y todos los involucrados quedaron ridiculizados porque el contenido de los fallos de un juez de la Ciudad no es causal suficiente para motorizar una destitución, según lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Apitz Barbera y otros vs. Venezuela”.

 

El angelicismo dejó en soledad a Baldomar a la hora de defender la acusación y el consejero que representa a los jueces porteños terminó arrepintiéndose en la misma audiencia en donde se trató el tema, razón por la cual quedó muy golpeado puertas adentro de la Magistratura.

 

En ese momento los magistrados porteños se sintieron perseguidos no sólo por Angelici sino por el PRO y el Gobierno de Mauricio Macri. El jury contra Delgado, que fue el primer botón de muestra de la modificación de la Ley N°31, fue interpretado por los jueces como una avanzada contra la “independencia judicial”. Básicamente porque un magistrado fue “perseguido” por el carácter y tenor de sus fallos.

 

“El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de Ia garantía del debido proceso. Reducir el número de las mayorías agravadas necesarias para enjuiciar a un colega, pone en crisis este principio”, se explica en el escrito.

 

Ante todo ese panorama, los fiscales, jueces y defensores porteños firmaron la misiva que ya circuló por los pasillos de la Legislatura porteña. Lo curioso es que la carta cuenta con el apoyo de algunos hombres de la justicia vinculados al PRO, como el Fiscal General Adjunto, Carlos Francisco Balbín y el camarista Juan Lima.

 

Naturalmente, quien también firmó la misiva dirigida a la presidenta del Parlamento, María Eugenia Vidal, fue el juez Sergio Delgado, primer damnificado por la modificación de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

 

Además, los firmantes hacen una descripción e interpretación lapidaria de la modificación que el PRO llevó adelante: “Del debate a Ia sanción de Ia ley N° 4.890 no se advierte ningún argumento con Ia identidad suficiente que permita justificar Ia reducción del quórum y Ia mayoría especial de dos tercios (2/3) antes señalada, razón por Ia cual el hecho de que en Ia actualidad se pueda acusar a un juez con el número de cinco (5) de los nueve (9) consejeros implica Ia flexibilización del sistema de acusación, lo que conlleva a que los magistrados se encuentren ante una situación de mayor vulnerabilidad funcional a Ia que enfrentaban durante la vigencia del texto reformado”.

 

Para los magistrados porteños, “lo que habría que haber hecho era reasegurar su independencia, aumentando el número de voluntades requeridas para poder llevar adelante un proceso que podría terminar con su remoción”.

 

Entonces, los firmantes piden a los legisladores porteños que se vuelve para atrás con la modificación aprobada en 2013. Concretamente, que se vuelva a la normativa previa en donde se requerían siete miembros de nueve para efectuar una acusación sobre integrantes de la Magistratura el Ministerio Público.

 

La jugada de Angelici, tendiente a avanzar aún más en la Justicia porteña, terminó por colmar la paciencia de los jueces y fiscales porteños, que exigen volver atrás con la modificación que él mismo insertó en la Legislatura porteña y fue defendida por los diputados de PRO. El ex legislador kirchnerista y actual Defesor del Pueblo, Alejandro Amor, y el diputado Aníbal Ibarra también apoyaron a viva voz la iniciativa, que fue aprobada por la mayoría de los bloques parlamentarios.

 

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