Desde 1998 comenzó a regir en la Ciudad de Buenos Aires la Ley N°31 que da estructura al Consejo de la Magistratura porteño, lo califica como “un órgano permanente de selección de magistrados, gobierno y administración del Poder Judicial” y le da las funciones de “asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado”.
Este órgano judicial está compuesto por nueve miembros, de los cuáles tres representan a la Legislatura porteña, tres a los jueces porteños y tres a los abogados y abogadas de la Capital Federal.
Los representantes de los jueces salen de una votación que hacen los propios magistrados locales y en donde asumen dos por la lista de mayoría y uno por la lista de minoría; los integrantes del Tribunal Superior de Justicia no pueden participar de las elecciones. Lo mismo sucede con los consejeros que entran por parte de los abogados, que son electos en comicios abiertos para los matriculados.
Según el artículo número cinco de la normativa, el único requisito para los jueces y juezas es que deben tener “como mínimo” dos años de antigüedad en el ejercicio de la magistratura. En cambio, los abogados deben tener por lo menos ocho años de graduado y “tener domicilio electoral y estar matriculados/as en la Ciudad de Buenos Aires”.
Otra es la historia y la situación de los consejeros que, cada cuatro años, nombra el Parlamento local producto de un acuerdo de los bloques políticos por el cual deben juntarse 40 votos para avalar cada pliego de postulación.
La Ley N°31, en su artículo cuatro, da cuenta de los laxos requisitos que se necesitan para llegar a la Magistratura en representación de la Legislatura porteña.
Los consejeros votados por los diputados “deben ser abogados/as o poseer especial idoneidad para la función a desempeñar; cumplir los requisitos constitucionales para ser diputado/a y no estar afectado/a por los impedimentos del artículo 72º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”.
Es decir, según la propia normativa que da estructura a la Magistratura, no es condición sine qua non ser abogado para representar a la Legislatura en ese órgano judicial ubicado sobre la calle Diagonal Sur, justo detrás del Parlamento.
Bajo este argumento, en el entorno del legislador del PRO Oscar Moscariello exhiben este artículo para aumentar sus chances de llegar al Consejo a partir del mes de diciembre. Además, cuentan con el aval de Gabriela Michetti, que está convencida que le disputará esa banca al operador de Mauricio Macri en la Justicia, Daniel “El Tano” Angelici.
El actual presidente de Boca apoya a Enzo Pagani para la Magistratura, que también cuenta con el aval de Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Pero desde su entorno, precisamente el actual consejero Juan Sebastián De Stéfano, propusieron que sería oportuno quedarse con la segunda banca que el PRO tendría en el órgano judicial; la otra sería para el kirchnerismo.
El angelicisimo planea postular a Silvia Bianco, vinculada a De Stéfano y al ex titular del Colegio de Abogados y aliado del PRO, Jorge Rizzo.
El acuerdo entre el camaleónico Rizzo y el PRO es claro. En 2014 acordaron lista conjunta para la Magistratura y ahora en el macrismo le pagaron con la candidatura a diputada nacional de Anabella Hers Cabral, pareja del ex presidente del CPACF.
El ex titular del Colegio de Abogados, actual empleado del Consejo de la Magistratura, despotricó en Twitter por el apoyo de Michetti a Moscariello y sostuvo que el dirigente de Boca es contador y consideró que por esa razón “no puede ser consejero”. Nada más alejado de la realidad y la legalidad.
No sólo desconoce la ley orgánica del Consejo de la Magistratura sino que tampoco sabe que Moscariello es licenciado en Ciencia Política y que escribió un libro sobre la Justicia porteña.
El demócrata progresista escribió “Ciudad y Justicia, Actualizar la balanza, Debate abierto” y lo presentó el 9 de mayo de 2013 junto a destacadas figuras del ámbito judicial porteño y los coautores Esteban Eseverri y Florencia Moscariello (ambos abogados). Esa fecha recibió el apoyo del presidente del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Olmos, el ex jefe de los fiscales porteños, Germán Garavano, el diputado nacional Federico Pinedo, la juez del TSJ Ana María Conde, la presidenta de la Cámara de Apelaciones, Marta Paz, y estuvieron Pablo Mantaras y Aurelio Amirato, como los representantes del Fuero Contencioso Administrativo que participaron del evento.
En el michettismo piensan que la elección nacional del 25 de octubre va a ser clave. Si Hers Cabral no ingresa a la Cámara baja, Rizzo y Angelici presionarán fuerte por un lugar para Bianco, actual prosecretaria del Colegio de Abogados porteño. Michetti está decidida a dar la batalla por Moscariello, que la apoyó en la interna partidaria frente a Larreta. También se anotó el apoderado del PRO, José Torello, que impulsa a Mauricio Devoto, ex titular de la Magistratura.
