Desde las áreas del Comité contra la Tortura y Justicia y Seguridad Democráticas de la CPM, que desde hace más de 10 años constituyen un mecanismo de monitoreo permanente y sistemático en el territorio bonaerense, se analizaron datos correspondientes al período 2013-2014, donde se muestran violaciones a los derechos humanos por prácticas policiales en las condiciones de detención.
Según el organismo, el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires es el más grande del país con un aumento de la población carcelaria: en 1999, había 16 mil detenidos; en 2005, 30 mil; en 2007, más de 27 mil; y en 20015, 35 mil.
“Hacinamiento, superpoblación, tortura como práctica sistemática, que incluye técnicas como el submarino seco, el submarino mojado, picana motoneta, torniquete y el pata pata plaf plaf, falta de acceso a la salud, condiciones de vida denigrantes, hambre, frío, aislamiento, traslados constantes y requisas violentas”, forman parte del accionar en cárceles, comisarías, centros de menores y neuropsiquiátricos bonaerenses.
Existe un récord histórico con casi 35 mil detenidos en la provincia en más de 3200 cárceles, 2000 comisarías y 600 institutos de menores. En el informe del Comité, se asegura que en Argentina hay 152 detenidos cada 100 mil habitantes, pero en la provincia de Buenos Aires hay 207 detenidos cada 100 mil habitantes. “Cada 470 personas, hay una que está privada de su libertad. Más del 60 por ciento de los detenidos son inocentes”, sostienen. El 39,6 por ciento de los detenidos está condenado; el 45,7 con prisión preventiva y el 14,7 con sentencia no firme.
El relevo de casi 21 mil hechos de tortura y malos tratos en lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, donde murieron 286 personas detenidas en cárceles, 18 en comisarías y 133 en neuropsiquiátricos, se da luego de que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, decretara la "emergencia en seguridad pública" en 2014.
De 548 muertes en lugares de encierro, 286 ocurrieron en cárceles entre 2013 y 2014, 18 en comisarías durante el mismo período, 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” según la Policía Bonaerense, con 133 muertes sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero entre febrero del 2012 y febrero de 2014.
Además, desde la Comisión por la Memoria exponen que el gobierno volvió a habilitar los calabozos de las comisarías como lugares de detención, a pesar de ser clausurados en 2005 por orden judicial.
En 2015 hay 1060 camastros y 2178 personas detenidas en comisarías bonaerenses, según el propio Ministerio de Seguridad con el municipio de La Matanza con el mayor índice de sobrepoblación en comisarías, un 523 por ciento de su capacidad en promedio, y Lomas de Zamora por detrás, con el 470 por ciento.
“La Justicia rechaza las denuncias, con fallos absolutorios en la mayoría de los tribunales. La justicia convalida y legitima el sistema de la crueldad, políticas de mano dura, consecuencia de la demagogia punitiva”, asegura el organismo y postula que el 90 por ciento de las causas que tramita el sistema penal provincial son casos de personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense, sin orden judicial previa. La Comisión detectó 20.986 hechos de torturas o malos con 9.822 habeas corpus o acciones urgentes que la propia CPM presentó ante el Poder Judicial.
De igual modo, hacen referencia al endurecimiento de las leyes penales con el aumento de las penas, la limitación de las excarcelaciones y las salidas transitorias, el debilitamiento del acceso a la Justicia, la ampliación de las facultades policiales y la ocupación y saturación territorial de los barrios más pobres.
“Se persigue al delito menor. El sistema penal captura a los eslabones más débiles de la cadena delictiva. La policía captura y la justicia convalida”, se expresa en el informe con la “policiación de la política” como proceso por el cual se vulneran los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad con acciones de mano dura y el propósito de “llenar las cárceles de pobres, sobre todo jóvenes, y someterlos al sistema de la crueldad”. Por eso, aseguran que la Ley 13.298, de la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños de la provincia de Buenos Aires, no se cumple.
La CPM presentó su informe anual en el teatro Coliseo Podestá de La Plata junto a familiares de víctimas de la violencia institucional.
El co-presidente del organismo, Adolfo Pérez Esquivel, expresó que “estos informes son un llamado de atención no sólo a las autoridades sino a toda la sociedad. Porque la democracia tiene una relación directa con la vigencia de los derechos humanos, y si estos se violan, las democracias se debilitan. Por eso hay que revisar las políticas sociales de inclusión y no aumentar la represión. Quien viola los derechos humanos es el Estado”.
Con el hincapié en la responsabilidad de las autoridades políticas que promueven las prácticas punitivas, y las agencias judiciales que avalan las detenciones selectivas, señaló la importancia de “insistir a los funcionarios para que en esta nueva etapa de cambios en el país tengan en cuenta que cada persona es única, que cada persona tiene derecho a una vida digna, a una vida justa. Hay que hablar de los derechos de los pueblos; son seres que necesitan ser respetados en su dignidad”.
En diálogo con Letra P, la directora general de Promoción y Transmisión de la Memoria de la CPM, Sandra Raggio, sostuvo que las políticas carcelarias responden a una política general que la gestión bonaerense actual tiene sobre la seguridad, sobre todo después del decreto de emergencia del gobernador.
Asimismo, sostuvo que “la situación del sistema carcelario en la Provincia evidencia la política criminal con el agravamiento de las condiciones de encierro”, sobre todo con la práctica policial sobre los sectores populares o más vulnerables de la sociedad.
Raggio hizo hincapié en el aumento en materia seguridad en territorio bonaerense, basados en el monitoreo poblacional con la suma de nuevos agentes policiales, patrulleros y sistemas de vigilancia.
“Además, el sistema judicial refuerza el sistema de crueldad al no castigar las prácticas parapoliciales y solo apuntando a la selectividad de los casos”, indicó la funcionaria. Para Raggio, “el sistema penal remarca el rol de la seguridad ligada a la mano dura como una política integral del sistema carcelario bonaerense en detrimento de las condiciones de detención”.
Por último, en cuanto al informe, señaló que la CPM censa todos los servicios penitenciarios de la provincia y otras dependencias, analiza las situaciones de aquellos privados de su libertad, además del análisis de denuncias en relación a las prácticas policiales que se digitan contra detenidos. “La investigación es sistemática pero nunca se puede tener una recolección total de los datos. Desde nuestro lugar hacemos lo posible para mostrar la realidad carcelaria y poder revertir la situación”, finalizó.