La Procuración General pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que haga lugar al recurso de amparo interpuesto por el Consejo de Defensores Generales de la provincia de Buenos Aires, que había sido rechazado por la Corte Suprema bonaerense, y que advierte sobre la alarmante superpoblación en cárceles y comisarías. La causa de inició con un hábeas corpus colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el año 2005, en amparo de las personas privadas de su libertad.
“Los defensores departamentales denunciaron que la situación de hacinamiento y agravamiento de las condiciones de detención en las cárceles y comisarías bonaerenses ha recrudecido en los últimos años y es aún peor que la existente al momento en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la sentencia Verbitsky”, explica en su resolución la procuradora fiscal ante el Máximo Tribunal, Irma Adriana García Netto, una de las funcionarias de mayor confianza de Alejandra Gils Carbó.
Hace un año, los defensores generales departamentales de la provincia de Buenos Aires habían recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la decisión de la Corte Suprema bonaerense, que “no hizo lugar a un pedido de frenar la alarmante superpoblación en las cárceles y comisarías de la provincia”, según explicó en un comunicado el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). La Corte Provincial había considerado que el fallo Verbitsky estaba cerrado. En ese contexto, el Máximo Tribunal nacional recibió el recurso y pidió la opinión de la Procuración, que pidió a la Corte que intervenga en el asunto.
De acuerdo con el dictamen de García Netto – fechado el 5 de junio- los defensores señalaron que “la resolución N° 642 del Ministerio de Seguridad provincial, que ordenó la rehabilitación de los calabozos ubicados en dependencias policiales que habían sido clausurados y autorizó el alojamiento de aprehendidos y detenidos hasta que tuvieran cupo en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, constituye un alzamiento contra lo ordenado por la Corte Suprema de justicia de la Nación” en el fallo de 2005. Aquella sentencia había logrado que no hubiera “más presos en comisarías y una significativa reducción de la población carcelaria”, de acuerdo con Inecip.
En el mismo sentido, la Comisión Provincial por la Memoria presenta este lunes un informe sobre las condiciones en las cárceles bonaerenses, que arroja cifras "alarmantes" sobre vulneración de derechos, así como también récord histórico de personas detenidas, muertes y torturas, uso sistemático de la prisión preventiva, hacinamiento y superpoblación.
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http://us.cdn.letrap.com.ar/062015/1435012319436.pdf
