“El uso de la cadena nacional es correcto, está habilitado por la ley y es garantía de que los argentinos y argentinas puedan acceder a información trascendente, la cual es negada por los grandes medios” aseguró el titular del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, frente a las denuncias públicas, explicitadas por legisladores de la oposición.
“A mí me parece perfecto el uso que hace la Presidenta de ese recurso comunicacional” afirmó el dirigente de Nuevo Encuentro. Días atrás, la diputada aliada al PRO, Patricia Bullrich, había reclamado judicialmente al Afsca, que realizado intime a la jefa de Estado, por el supuesto uso indebido de la cadena nacional.
“Que Bullrich pida que intimemos a la Presidenta es un total disparate que demuestra su absoluta ignorancia sobre la ley y sobre este organismo”, sostuvo Sabbatella.
A esto se suma, la presentación que hoy realizarán la Presidenta de la Fundación LED, Silvana Giudici, y el Director por la oposición en AFSCA, Gerardo Milman.
Ambos radicaran una denuncia penal y amparo contra CFK, por “violar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Según explicaron a letra P, “en su artículo 75, se violenta el derecho del público a elegir la programación de su preferencia, y se impide a medios audiovisuales y anunciantes ejercer libremente el derecho a la libertad de programación. También se instituye una situación de asimetría respecto del conjunto de fuerzas políticas, ya que la Presidenta de la Nación utiliza las cadenas para realizar actos de proselitismo exhibiendo candidatos del Frente para la Victoria mientras el resto debe ajustarse a las restricciones previstas en la ley”.
En su presentación, indicaron además, que a lo largo de estos meses y hasta el 19 de mayo, Cristina Fernández, “ha procedido a integrar la cadena nacional en dieciocho oportunidades, con un total de 915 minutos de duración”. Y determinan que solo en tres ocasiones la Jefa de Estado cumple con la norma legal.
En el resto “no existen presente la comunicación de situaciones de gravedad que afecten el interés general o público o que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas. Tampoco se configura la situación de excepcionalidad pues se refieren a meros anuncios de gobierno que deben ser canalizados a través de la publicidad oficial” se indica en el detalle de la denuncia, a la que tuvo acceso Letra P. Y se citan varios ejemplos, como el discurso del 15 de Diciembre del 2014, cuando CFK admitió utilizar la cadena para decir cosas del día que no podría difundir por otros medios.
También se registran “escraches” a ciudadanos, y propaganda política, como la del 7 de mayo, cuando se refirió a Jorge Capitanich, de la siguiente manera, “que vean el ejemplo, de este hombre que por su provincia, por su amado Chaco vuelve a un lugar de laburo, porque si hay un lugar de laburo es precisamente una intendencia” mencionó, en referencia a la candidatura del ex jefe de gabinete, a la intendencia de Resistencia.
Lo interesante del caso, es que ambas posturas utilizan como argumento la misma norma. La ley de Servicio de Comunicación Audiovisual N° 26.522 dispone en su artículo 75 las condiciones en las cuales el Poder Ejecutivo podrá disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional las que se circunscribirán a “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.
Para Milman (hombre del GEN) y Giudici (ex radical,aliada PRO),”la Presidenta contraría esta norma”. En tanto para el titular del Afsca, “la cadena nacional está contemplada por la ley para difundir mensajes de trascendencia institucional y es exclusiva competencia de la titular del Poder Ejecutivo decidir cuándo amerita utilizarla. Por lo tanto, más allá de que comparto absolutamente cada una de las cadenas nacionales de la presidenta, ni este organismo ni ningún otro tiene la autoridad de vetar los mensajes del Gobierno Nacional. La función de AFSCA es garantizar la trasmisión de las cadenas en todos los medios audiovisuales”.
El próximo 27 de mayo, cuando se reúna el directorio del organismo, se discutirá esta cuestión, aunque la última palabra la tendrá la justicia, que ya tienen en sus manos la presentación de las fuerzas opositoras.