“Vamos a charlar con los empresarios, porque empezaremos a tomar medidas de otras características cuando no se cumplan las condiciones mínimas e indispensables para que se pueda prestar el servicio”, afirmó el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Fue en la antesala de su encuentro con los dueños del transporte, con quienes el Gobierno pretende acordar una forma de resistir el paro nacional del martes 31.
“Hay mucha gente que quiere trabajar y por privarla de transporte no lo puede hacer”, aseguró Fernández. Horas antes, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había desestimado el principal reclamo de la protesta. “El impuesto a las ganancias está muy bien en el nivel que está”, dijo y cerró la discusión. Rápido de reflejos, Pablo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros y una de las caras visibles de la protesta, afirmó que “si siguen con las provocaciones se van a acrecentar las medidas”.
Desde otro lugar, pero igual de contundente, se mostró el titular de la CTA opositora, Pablo Micheli, quien afirmó que “vamos a tener que discutir en 15 o 20 días cómo hacemos un paro de 36 horas con movilizaciones”.
El cruce verbal, que trasciende por estas horas en medios y redes sociales, esboza la pelea real que por estas horas batallan desde el Gobierno nacional y sectores gremiales opositores, en acuerdo con otras fuerzas políticas. Si bien Cristina Fernández de Kirchner ya ha sufrido cuatro paros nacionales, este se inscribe en su último año electoral y en plena discusión por la sucesión. Un dato que también afectará el mundo K, es la decisión del titular de la CGT oficial, Juan Carlos Caló, quien dio “libertad” de acción a sus gremios.
Los servicios que no se prestarán el martes involucran al transporte de micros (corta, media y larga distancia), de trenes, subtes (de forma parcial), reducido en el caso de los taxis. Las escuelas estarán abiertas pero se espera falta de concurrencia de docentes y auxiliares. Los vuelos, tendrán reformulación. La actividad bancaria, recolección de basura y actividad en Tribunales estarán suspendidas.
Los gremios de docentes FEB y Udocba, los médicos enrolados en la ex Cicop, los estatales de ATE y los trabajadores judiciales son los gremios del sector público que anunciaron su adhesión al paro en la provincia de Buenos Aires.