Estaríamos frente a un tipo de comportamiento que encuentra su fundamento en la prevalencia de heterogeneidades en el aparato productivo que se traslada a una incapacidad de generación de empleo de calidad, entendido no sólo por las calificaciones requeridas sino por la precariedad del mismo en el acceso a los beneficios de la seguridad social, y a las políticas públicas que no se adecúan a esas realidades en general. Es por ello que a pesar de la recuperación y crecimiento económico que experimentó la Argentina luego de la crisis 2001-2002, muchos jóvenes no lograron ni logran acceder a un empleo con protección legal y seguridad social.
Entre 2007 y 2013, siguiendo los datos de la EPH – INDEC, a nivel nacional la precarización laboral de los jóvenes de 18 a 24 años se mantuvo prácticamente estable, superando el 55%. Por su parte, la tasa de empleo precario para este grupo en la Provincia de Buenos Aires se encuentra a niveles similares al índice nacional. La contracara de esta situación la encontramos en la Ciudad de Buenos Aires, donde esta tasa no solo es inferior a la nacional y provincial, sino que también descendió significativamente hasta llegar al 30,3%.
No es el azar lo que explica la diferencia entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, sino la falta de políticas públicas en la primera y las distintas acciones desplegadas durante los últimos años en la segunda. En esta línea podemos mencionar como ejemplo la creación de distintos distritos, como el Tecnológico, que hoy cuenta con 200 empresas que, incentivadas con menores costos de alquiler, menor carga impositiva y la concentración de recursos humanos como profesionales y estudiantes, se radicaron en el sur de la Ciudad generando más de 10 mil empleos vinculados a la tecnología.
Esta dinámica de gestión se podría replicar a nivel nacional, a través del diseño y ejecución de políticas integrales que se sustenten en un manejo eficiente de los recursos del Estado, dándoles a los jóvenes las herramientas que necesitan para desarrollar sus proyectos de vida, creando verdaderos puentes entre el mundo educativo y el laboral. El objetivo es generar mecanismos de inclusión productiva para los jóvenes. Esta es la deuda que aún el Gobierno Nacional y muchos provinciales mantienen con ellos.