Fue invitada por la oposición, pero repartió críticas para el Gobierno, los medios y los mismos que la convocaron. La juez federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, participó de la audiencia pública que todos los bloques no kirchneristas realizaron en el Senado y pidió “prudencia, respeto y ética”. “Los juicios de valor interfieren y condicionan la labor de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal”, dijo. Además anticipó que pedirá llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y criticó la publicidad de la investigación.
“En nada contribuye y, muy por el contrario, condiciona e interfiere en el trabajo de todos los jueces y fiscales, todo juicio de valor de aprobación y o de desaprobación, ya sea que provenga de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo nacional, como del Poder Legislativo y, en este caso, de miembros del Poder Legislativo de la oposición”, apuntó la jueza, que entró al Salón Azul del Senado pasadas las 15 y fue recibida por un aplauso masivo de los diputados y senadores de la oposición que colmaron el lugar. Al mismo tiempo, en el recinto, el kirchnerismo avanzaba con la reforma de la ley de Inteligencia. La oposición decidió no participar del debate.
Arroyo Salgado comenzó su presentación agradeciendo a los radicales Gerardo Morales y Mario Negri por la invitación, pero sorprendió cuando agregó que también estaba al tanto sobre lo que ocurría en el recinto. “También quiero agradecer a los senadores (Liliana) Negre de Alonso y (Miguel Ángel) Pichetto, que rindieron homenaje a la memoria de Alberto Nisman, que es el padre de mis hijas, destacando su trayectoria profesional”. También agregó que concurría a la audiencia “sin ningún tipo de intencionalidad política”, se definió como “no oficialista ni opositora” y recordó en dos oportunidades que llegó a la magistratura por concurso público a propuesta del ex presidente Néstor Kirchner.
Durante su exposición la jueza quiso dejar en claro que concurría para hablar sobre “la necesidad y la importancia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”, de acuerdo con los temas que anunciaba la invitación que le había sido formalmente cursada. “Lamento que esta invitación haya tenido lugar en un momento tan difícil para mí, trágico e irreparable para mi familia y las instituciones en su conjunto”, afirmó.
“En una investigación incipiente, de un hecho que ocurrió hace poco menos de un mes, los juicios de valor interfieren y condicionan la labor de la justicia y del Ministerio Público Fiscal. La independencia se preserva a través de actitudes responsables, prudentes, éticas y respetuosas de nuestro trabajo, no solo de los funcionarios sino también de la sociedad. Es determinante el tratamiento ético de los medios de comunicación, que gravitan de forma importante, condicionando el ánimo y la actuación de los funcionarios, y en su rol como formadores de la opinión pública”, consideró.
La jueza remarcó que su presencia en el Congreso Nacional resultaba paradójica, ya que allí había previsto presentarse Nisman el día posterior a su muerte, “según se dice, para hablar sobre el contenido y alcance de una denuncia penal que impactaba de lleno en la institucionalidad de la República, además de poner en tela de juicio el rol del Estado nacional en materia de terrorismo”.
Respecto de la muerte del fiscal, Arroyo Salgado mencionó que “el atentado a la AMIA se cobró la vida de 85 personas, a las que ahora se suma la vida del fiscal que estaba investigando” pero pidió a los presentes “en la medida de lo posible no seguir politizando un hecho en el que faltan muchas cosas que aclarar, más allá de la convicción que tiene la familia, que ya de algún modo ha trascendido”, en referencia al hechos de que el entorno íntimo de Nisman no avala la teoría del suicidio.
Por último, se refirió a la tarea de la fiscal Viviana Fein y de la jueza Fabiana Palmaghini. “Les pido que dejen trabajar a mis colegas tranquilas y sin condicionamiento”, dijo, y recordó que, para juzgar la tarea de la Justicia, “ya existen instituciones como el Consejo de la Magistratura de la Nación y el tribunal del Ministerio Público Fiscal, que tienen una integración plural”.
Pese al respaldo corporativo, Arroyo Salgado explicó que el mismo jueves realizó una presentación ante la fiscal solicitando que en los sucesivo su actuación y la de la jueza se ajusten a las reglas previstas para cualquier proceso penal, que establecen que el expediente solo debe ser público para las partes. “La desmedida e inusitada exposición mediática que están teniendo todas y cada una de las pruebas han ido desnudando el curso de investigación y esto contribuye a alejarnos de la verdad”, dijo la juez y agregó que “la sobreexposición mediática no ayuda”.
Además la jueza agregó que solicitó a la Defensoría General de la Nación, que la patrocina, que evalúe “someter a consideración del Programa para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos la posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y pedir la incorporación de un veedor de la investigación. Como antecedente de este mecanismo en la historia judicial, la jueza citó el mismo juicio por el atentado a la AMIA.
