El presidente de la Nación, Mauricio Macri, llegó a la Casa Rosada y empezó a desmontar rápidamente el andamiaje jurídico y normativo de los Kirchner para poder exhibir los cimientos y el contrapiso del modelo PRO que prometió a los argentinos durante la extensa campaña electoral.
Bajo esa lógica, y siempre por medio de decretos, el titular del Ejecutivo modificó y borró medidas consideradas emblemáticas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La oleada de decretos generó incluso rispideces con aliados que cuestionaron el método, pero el macrismo internamente avaló las iniciativas para demostrar autoridad por parte del Presidente.
Quizás la más significativa fue la decisión de utilizar un DNU para disolver el AFSCA y la AFTIC para agruparlos en un solo organismo denominado Ente Nacional de Comunicaciones. El decreto aún no fue publicado, pero fue anunciado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y generó una catarata de reproches porque se conoció que se “tocarán” aspectos de la vigente ley de medios, que fue hartamente discutida en foros y asambleas, además de aprobada por el Congreso Nacional.
Otro de los decretos que generó una catarata de cuestionamientos fue el nombramiento de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida molestó porque no es habitual y saltea al Senado, aunque luego la tensión bajo cuando Macri aceptó que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti tomen juramento en el mes de febrero.
Siguiendo con los temas judiciales, el Gobierno nacional avanzó también con un decreto que puso fin al Código Procesal Penal. El decreto 257/2015 publicado el martes en el Boletín Oficial establece que el nuevo Código “entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación” de dicha norma, que está bajo la órbita del Congreso nacional, “previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.
Por otra parte, el PRO adelantó que trabajará sobre los subsidios a la luz y el gas, para discriminar entre quienes pueden pagar y quiénes no. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, informó que los aumentos de las tarifas se aplicarán dentro de dos meses. De esta manera, se pone fin a una medida constante del kirchnerismo: subsidiar el consumo.
No obstante, el Gobierno mantuvo y aumentó la Asignación Universal por Hijo, otra de las medidas emblemas del kirchnerismo que, curiosamente, se creó bajo un decreto. Macri anunció el 21 de diciembre un bono de $400 para aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mujeres embarazadas y aquellos jubilados que cobren el haber mínimo.
Además, en materia económica, el Gobierno nacional puso fin al cepo cambiario. Una jugada difícil que, por ahora, dio resultados positivos al macrismo, a pesar de los cuestionamientos por parte de la oposición, que adelantaban un desenlace trágico si se implementaba esa medida.
Este miércoles por la tarde, el Gobierno anunció el fin del blanqueo de capitales, implementado por el kirchnerismo, medida a la que se acusó de “facilitar el narcotráfico” y calificó de “fracaso rotundo”. En una extensa conferencia de prensa, el ministro de Finanzas y Haciendas, Alfonso Prat Gay, sostuvo que el sistema que entró en vigencia en abril del 2013 tenía dos características inéditas: el ingreso de dólares en efectivo y la no penalización para quienes participaban. El blanqueo, que fue prorrogado nueve veces, y vence este jueves 31 de diciembre.
Por otra parte, Macri echó por tierra las trabas a las importaciones y disminuyó las retenciones al campo. La utilización de la herramienta del decreto terminó siendo un arma de doble filo: por un lado, el Gobierno consiguió celeridad para avanzar con los cambios que borraron aspectos claves del modelo K, por otra parte, el abuso de estas medidas enojó a aliados de la oposición que pedían una discusión parlamentaria ante esos temas. Esto último anuncia un panorama complejo en el Congreso Nacional.