El Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (DICOM), conocida en la jerga de inteligencia como “la ojota” y que se encarga de las escuchas telefónicas judiciales, fue transferido de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esto se efectivizó este martes a partir de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 256/15 firmado por el presidente Mauricio Macri y todos los ministros del gabinete.
El traspaso de la potestad de las escuchas judiciales del Ministerio Público a la Corte se concreta junto "con la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones".
En ese sentido, el artículo 4 del DNU indica que la Corte "dictará el reglamento de funcionamiento del DICOM", que estará a cargo de un juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de un año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de cinco años.
De acuerdo a los considerandos, el Ministerio Público Fiscal es "una parte principal" que "persigue un interés determinado" por lo que "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación".
Asismismo, señala que "el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud".
El decreto advierte además que la Ley 27.126, que creó la Agencia Federal de Inteligencia en febrero de este año, "implica también un avance sobre las autonomías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", contrario a lo que establece la Constitución Nacional.
Tal como lo señaló este lunes Letra P, esta determinación presidencial desatará una fuerte interna en el máximo tribunal. La jueza Elena Highton está en desacuerdo con la medida y así se lo habría hecho saber a sus pares Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. El caso se suma a un listado de conflictos entre los ministros del máximo tribunal de la Nación que está teñido por rencores a partir de recientes nombramientos.
Highton está convencida de que la idea de traspasar la oficina de pinchaduras judiciales a la Corte por DNU es una aberración. La jueza señala que esa dependencia, que ocupa una página central en la mitología argentina de los servicios de inteligencia, se instaló en la órbita del Ministerio Público por una ley del Congreso y que la persona que la comanda, la fiscal Cristina Caamaño, recibió acuerdo legislativo. Highton cree que la Corte no puede asumir la conducción de esa estructura luego de haber limitado su acción mediante fallos en los cuales el tribunal sostiene que su misión es el “control de la constitucionalidad”.