El nombramiento de Pablo Tonelli como nuevo miembro del Consejo de la Magistratura marcó un adelanto de lo que puede ser la relación entre los bloques del oficialismo y del Frente para la Victoria en el Congreso hacia el futuro. Luego de que Cambiemos afirmara que había logrado un acuerdo parlamentario que le permitía designar al nuevo consejero, el kirchnerismo denunció penalmente al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y logró impedir su asunción luego de que una jueza de La Pampa dictara una medida cautelar en la que ordenó a la Corte Suprema que se abstuviera de tomarle juramento.
El conflicto se desató la semana pasada, cuando Cambiemos envió una nota al Consejo de la Magistratura para reclamar para ese espacio el sillón que, hasta el 10 de diciembre, ocupaba la camporista Anabel Fernández Sagasti. En lugar de la mendocina, que asumió el 10 de diciembre como senadora, el oficialismo pretendía colocar al diputado del PRO, Pablo Tonelli.
El Consejo de la Magistratura tiene trece miembros, tres de los cuales son designados por la Cámara de Diputados: dos corresponden a la mayoría – o primera minoría - y uno, a la segunda minoría. Los restantes miembros son res senadores, tres jueces, dos representantes de los abogados, uno del ámbito académico y uno del Ejecutivo. El Frente para la Victoria tiene 95 diputados y es la primera minoría de la Cámara. Sin embargo, en una jugada hábil, Cambiemos intentó dar vuelta los papeles.
En su presentación ante el Consejo, el oficialismo logró el aval del Gen, de Margarita Stolbizer; Suma Más, de Martin Lousteau; Compromiso Federal; la Coalición Cívica; el Bloque Social Cristiano, de Darío Giustozzi; el Movimiento Popular Neuquino; el Bloque Cívico por Santiago del Estero; el socialismo y el PJ de La Pampa, entre otros. Según el presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, lograron reunir la firma de 112 diputados, cifra que los dejaba por encima del bloque del FpV.
El kirchnerismo reaccionó y judicializó el conflicto político, por primera vez desde que es oposición. Denunció penalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, “por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al no remitir la designación de Marcos Cleri como consejero de la Magistratura, y en su lugar enviar la designación de un diputado que no pertenece a la primera minoría de la Cámara”. A su vez, el bloque denunció “la adulteración de un documento público al incluir como avales a la designación ilegítima a diputados que no prestaron ni su conformidad ni su firma”.
De acuerdo con el FpV, el sillón de Tonelli corresponde en realidad a Cleri, ya que se trata del lugar que hasta diciembre ocupaba Fernández Sagasti y que antes había sido de Eduardo “Wado” De Pedro, quien renunció cuando fue designado secretario general de la Presidencia. De Pedro tenía mandato desde 2014 hasta 2018. Por lo tanto su lugar seguiría siendo del kirchnerismo.
Por otra parte, pese a que Massot aseguró que Cambiemos tenía las 112 firmas, el documento no las incluye de manera taxativa. Según denuncia el kirchnerismo, en el papel figuran solo las firmas de los jefes de bloque, pero no de los anotados como quienes avalan la jugada. “Incluyó el aval de legisladores que sólo se enteraron por la prensa de ese supuesto aval”, denunció el presidente del bloque, Héctor Recalde.
“Nuestra intención desde el primer día es garantizar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda. Es el propio gobierno nacional el que se pone palos en la rueda actuando de facto tanto en este caso como en la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el diputado kirchnerista, quien también calificó como “lamentable que la UCR participe en esta maniobra, cuando los antecedentes marcan que siempre se respetó su voluntad cuando en el pasado hubo que realizar reemplazos en el Consejo de la Magistratura”.
Así la disputa se trasladó por primera vez a la Justicia. En la mañana del martes, Tonelli estaba listo para asumir como consejero en el salón de la presidencia de la Corte Suprema cuando llegó la notificación de la cautelar de la jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, quien suspendió la designación del diputado, requirió a Monzó que “en el plazo de 15 días hábiles produzca el informe circunstanciado” que fundamente esa designación y le exigió a Ricardo Lorenzetti que se abstuviera de tomarle juramento.
Aunque generó una situación incómoda, la decisión de la jueza alivió a Lorenzetti, quien sabía que sus pares, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se negaban a avalar la situación, en una nueva muestra de las diferencias internas del Tribunal. La Corte suspendió la ceremonia.
Horas después, sin embargo, dictó una acordada en la que decidió “diferir la realización del juramento para el momento en que el Consejo de la Magistratura considere lleve cabo el juicio sobre la impugnación deducida con respecto la designación del mencionado legislador nacional”. Es decir, delegó la decisión en el Consejo en el que, sabe, Cambiemos tiene mayoría.