Tal como lo había adelantado Letra P días atrás, uno de los ejes centrales de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal en el área de Justicia sería apostar a un cambio de perfil del sistema penitenciario, el cual ha sido marcadamente cuestionado por los organismos de Derechos Humanos durante la pasada gestión, al advertirse calamitosas condiciones de encierro.
En este sentido, la gobernadora envió a la Legislatura un proyecto de ley para declarar por un año la emergencia del Sistema Penitenciario bonaerense y del Sistema de Salud penitenciario, acusando "carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales”.
Así, el Ejecutivo suma una nueva área en emergencia en el ámbito bonaerense, además de las también pretendidas declaraciones de emergencia en seguridad e infraestructura.
Focalizando en una creciente "superpoblación carcelaria" que supera los 35 mil detenidos, en la iniciativa girada por el Ejecutivo se cuestionó una "falta de inversión acorde con las necesidades" de las personas privadas de su libertad.
De esta forma, se pretende “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, proponiendo a su vez crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.
de contar con el visto bueno de los legisladores, el ministerio de Justicia, Carlos Mahiques, tendrá que presentar en 60 días un plan de obras que contemple “la creación y reparación de unidades carcelarias” y la estimación de gastos que demande.
Vale señalar que días atrás Mahiques había adelantado que “vamos a trabajar en el mejoramiento edilicio y en las condiciones de trabajo, en un incremento salarial y acompañado con sanciones de nuevas leyes”.
Con la emergencia, se exceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y se autoriza al Ministerio a contratar empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones.
Respecto a los Recursos Humanos, se prevé el fortalecimiento de las facultades del ministro de Justicia para “adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera penitenciaria, mejora de la capacitación y el incremento cuantitativo de los recursos así como su óptima utilización”.
Asimismo, Mahiques podría con esta emergencia designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”, además de convocar a retirados del SPB a prestar servicio nuevamente.