Debemos luchar en serio contra la corrupción

Los argentinos estamos realmente conmocionados por los episodios de corrupción. En el centro de la escena está el Vicepresidente de la Nación, lo que nunca sucedió en la historia de nuestro país. En este escenario cada vez más preocupante la sociedad nos reclama acciones firmes para enfrentar la corrupción.

Es necesario que actuemos con firmeza y responsabilidad para frenar el avance del delito, la inseguridad y la corrupción. Debemos diseñar mecanismos institucionales de control y sanción para desalentar, perseguir y castigar los actos de corrupción, el lavado de dinero, el negocio de la droga y el narcotráfico y la evasión fiscal. Hay que resolver estos problemas lo más pronto posible. Aunque tenemos que proponer medidas inteligentes que trasciendan la coyuntura y sean efectivas en el mediano y largo plazo.

 

El principal desafío político de la actualidad es luchar en serio contra la impunidad. De lo contrario, la corrupción se volverá un problema endémico que contaminará todo nuestro sistema republicano de gobierno y afectará la convivencia política y social.

 

Una forma seria de luchar contra la impunidad es condenar todos aquellos actos de “disciplina partidaria” que transforman la lealtad política en un acto de vulgar complicidad. No debemos admitir que se encubran y oculten los hechos de corrupción. Tampoco que se la justifique como un “daño colateral” menor en el marco de intereses políticos superiores. Mucho menos que se manipulen o difamen los procesos judiciales contra los sospechosos de haber cometido algún delito contra los intereses públicos.

 

En el Frente Renovador trabajamos desde hace tiempo en un conjunto de proyectos de leyes para enfrentar la corrupción con herramientas contundentes. Una de las principales propuestas apunta al aumento de las penas en aquellos delitos contra la administración pública, poniendo el énfasis en los actos corruptos que afecten las áreas de asistencia social y los  servicios públicos.

 

Un aspecto esencial es terminar con la prescripción de los delitos por corrupción para que la justicia pueda actuar sin ajustarse a los plazos perentorios que hoy la limitan. Queremos que los corruptos comprendan que más tarde o más temprano, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, serán alcanzados por el poder de la Justicia.

 

Proponemos reformular los organismos de control para que tengan autonomía política, y también queremos reformar la Ley de Ética Pública y el sistema de las declaraciones juradas de los funcionarios para mejorar el control sobre la evolución de sus patrimonios. En el mismo sentido, vemos imprescindible modificar el Consejo de la Magistratura para que atienda los intereses de la sociedad y no funcione sujeto a los designios del gobierno de turno.

 

Finalmente, queremos dotar a la justicia de herramientas ágiles para recuperar los activos procedentes de la corrupción. Estamos convencidos de que el Ministerio de Educación debería recibir el 90% de todo el dinero y los bienes recobrados. Es una forma clara de mostrar que trabajamos con los pies bien puestos en los problemas sociales del presente, pero que además nos preocupa el porvenir de nuestros niños y jóvenes y por eso confiamos en el valor estratégico de la educación para su formación.

 

Donald Trump y Elon Musk.
Cuestionamientos al gobierno de Javier Milei por su discurso en Davos

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