Política

Mientras resiste el fallo de Griesa, el gobierno acuerda millonarios créditos de China bajo legislación inglesa

Por Antonio Rossi.- En medio de la polémica entablada por el fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitres que puso sobre el tapete la cuestión vinculada con la “prórroga de jurisdicción” en los tribunales de Nueva York, la administración kirchnerista se apresta a cerrar una multimillonaria financiación aportada por bancos de China que dejará la resolución de cualquier controversia contractual en manos de tribunales europeos.

Se trata del crédito por US$ 4.714 millones para la construcción de las centrales hidroeléctricas santacruceñas “Néstor Kirchner y Jorge Cepernic” y el préstamo por US$ 2.470 millones para la modernización y reconstrucción del ferrocarril Belgrano Cargas.

 

En la última semana y tras varias reuniones contrarreloj, los funcionarios del ministerio de Economía, la Cancillería y la Presidencia junto con los representantes de los bancos chinos Lograron cerrar las negociaciones que estaban pendientes para destrabar la llegada de los fondos destinados a las represas patagónicas.

 

De no mediar ningún contratiempo de último momento, el próximo 18 de julio la presidenta Cristina Kirchner y el Jefe de Estado chino, Xi Jimping suscribirán el ”contrato de financiamiento” para la obra hidroeléctrica que fue adjudicada el año pasado.

 

La firma del préstamo  – el más alto de todos los que ha otorgado hasta ahora China a los países latinoamericanos -se concretará en el marco de la visita oficial que el presidente chino tiene programada al país al término del Mundial de Fútbol y de la cumbre de los países del grupo BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- que tendrá lugar en la ciudad brasileña de Fortaleza.

 

La asistencia crediticia para la construcción de las usinas -que quedó en manos del consorcio integrado por el grupo chino Gezhouba y la local Electroingeniería- saldrá de los bancos CDB, ICBC y el BOC (Bank of China).

 

La financiación que cubre el 100% del costo total del proyecto será a 15 años de plazo, con un período de gracia de 5 años y medio y una tasa de interés anual Libor más 3,80%.

 

En el caso del ferrocarril Belgrano Cargas, lo que suscribirán ambos mandatarios es un acuerdo comercial y financiero por US$ 2.470 millones para que el grupo chino CMEC lleve adelante las obras de infraestructura y renovación vías y la  provisión de material tractivo y rodante.

 

Del total de los recursos en juego, el Banco de Desarrollo de Chino (CDB) pondrá el 85%, mientras que el Gobierno argentino aportará el 15% restante. Según los datos que anticipó el ministro de Interior y Transporte, Aníbal Florencio Randazzo, el préstamo será a 15 años, con cinco de gracia y una tasa de interés anual de, 7,15%.

 

En forma simultánea con las firmas de los contratos de financiamiento, el  Gobierno aprobará por decreto la denominada “prórroga de jurisdicción” por la cual acepta dirimir cualquier controversia bajo la legislación inglesa y el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de Francia.

 

Si bien es una condición que China le exige a todos los países a los que provee asistencia financiera, la prórroga de jurisdicción que pone la resolución de diferencias y conflictos en la órbita de las normas inglesas promete dejar mal parados a los referentes ultra K. que viene pregonando el desconocimiento de los  compromisos económicos internacionales.

 

Uno de los ya quedó en “offside” es Horacio Verbitsky, uno de los principales defensores del modelo y pluma estelar del ala más dura del kirchnerismo.

 

En su comentario del fin de semana en Página 12, Verbitsky sostuvo que “sería recomendable que el gobierno nacional comenzara a revisar en serio las prórrogas de jurisdicción que autorizó la dictadura militar en su primer mes, al reformar el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que las vedaba. Esa fue la base de los Tratados Bilaterales de Inversión firmados a partir de la década de 1990, que han arrastrado a la Argentina a la jurisdicción de árbitros del Banco Mundial (eso es el Ciadi) y de la Cámara de Comercio de París. No renovar esos tratados a medida que vencen, prohibir nuevas prórrogas de jurisdicción en todo tipo de contratos (el de YPF con Chevron, el de la provincia de Chubut con Panamerican por Cerro Dragón, los de varias empresas con capitales nacionales entre sí) es una cuestión de puro sentido común”.

 

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