La economía nacional frente a la presión buitre

El exitoso proceso de restructuración de la deuda pública Argentina comenzado en el año 2005, tras el default más grande de la historia declarado por nuestro país en 2001 -como consecuencia del sobreendeudamiento del modelo económico neoliberal-, enfrenta por estos días su etapa final, y a la vez la más compleja de todas.

Tras fallos en dos instancias a favor de la posición de los Fondos Buitre en el juzgado de NY, a partir de una muy extraña interpretación de la cláusula pari-passu, la Argentina llevó adelante todos los caminos legales posibles para evitar que tal inédita interpretación prosperara y que en alguna instancia judicial fuese revisada con algún criterio de lógica elemental.

 

Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no tomar el caso Argentino dejó en firme la sentencia del Juez Griesa, y desde allí una serie de acontecimientos se fueron sucediendo motivados por la firme postura de cada una de las partes; los Fondos Buitre litigantes en busca del cobro total de su jugoso negocio, y la Argentina intentando proteger los intereses de la nación.

 

El levantamiento del stay de parte del juez motivó el primer cimbronazo fuerte, ya que ponía en riesgo de embargo el pago de intereses del bono Discount, que finalmente fue depositado el jueves 26 de junio, para que ser pagado en tiempo y forma el lunes 30 de junio a los tenedores de estos títulos. Sin embargo, el juez, en una inédita decisión prohibió al Banco encargado de distribuir el pago de la nación entre los tenedores de títulos bajo ley de NY -el Bank of New York Mellon (BONY)-, cumplir con su función, pero sin embargar los fondos. De esta forma, el dinero depositado por la Argentina quedó congelado en las cuentas del BONY, que se encuentra incumpliendo con su obligación.

 

Esta situación irregular desató reclamos de parte de los tenedores de estos títulos, que implicaron notas del BONY dirigida al juez cuestionando sobre cuál debería ser su accionar frente a esta situación, la Argentina intimando al Banco a que cumpla su función y de cauce al depósito hecho a favor de los bonistas, así como también a Euroclear -órgano encargado de la liquidación de los pagos en Europa-, y diversas reuniones, sin definición clara sobre el asunto.

 

La complejidad de la trama de los últimos días tiene que ver en gran parte con la imposibilidad de la Argentina de proponer algún tipo de negociación a estos fondos, debido a la existencia de la cláusula RUFO, que desataría una ola de futuros juicios al país al interpretar cualquier tipo de acuerdo como una oferta de parte de la Argentina, que debería ser igualada al resto de los bonistas oportunamente reestructurados.

 

La magnitud de estas demandas potenciales es inconmensurable y dependería de las características del pago. Pero independientemente del volumen en cuestión, queda claro que por mínima que sea la probabilidad de que esto ocurra en el futuro imposibilita cualquier tipo de acuerdo. ¿Quién nos podría asegurar que, tras la caprichosa interpretación del Juez Griesa sobre la cláusula pari-passu, el día de mañana algún otro juez no pueda interpretar la cláusula RUFO a su antojo, o al antojo de quien presentare la demanda? ¿Quién está en condiciones de afirmar que los mismos Fondos Buitre que llevaron al país a esta situación no han asumido posiciones fuertes en bonos performing con el objetivo, tras forzar un acuerdo, de demandarnos nuevamente el día de mañana, tras una interpretación a medida de la cláusula RUFO?

 

El desendeudamiento de la economía Argentina les ha quitado a estos grupos financieros concentrados su gran instrumento generador de negocios multimillonarios y a la vez su gran herramienta de disciplinamiento en términos de política económica.

 

En las horas previas a la declaración del default técnico -por cumplirse 30 días de la irregular situación generada por el juez, donde la Argentina pagó pero los tenedores de títulos con jurisdicción en NY no recibieron el pago-, surgió la posibilidad de un acuerdo entre privados, que tenía como objetivo que los Fondos Buitre solicitaran al juez el restablecimiento del stay -cuya potestad el juez transfirió a estos fondos- para normalizar los pagos y evitar la situación de default técnico transitorio hasta fin de año.

 

Esta iniciativa surgió de un grupo de bancos privados nacionales agrupados en ADEBA, quienes enviaron una comitiva para negociar a los Estados Unidos. No se logró un acuerdo entre las partes debido al análisis de riesgo y rentabilidad que cada uno de ellos hizo del negocio entre manos. De esta forma, la Argentina comenzó a transitar una situación de default técnico inducido y de carácter estrictamente transitorio.

 

Frente a la situación actual, es de esperar que ocurran algunos movimientos especulativos en variables financieras, tales como precios de acciones, bonos o en el mercado cambiario, en particular en el mercado del dólar paralelo. El objetivo de política económica, en consecuencia, es evitar las tensiones cambiarias, así como trabajar para evitar el traslado a precios que pudiera ocurrir vía expectativas, que pudieran detener el proceso de desaceleración en la tasa de inflación transitada en los últimos meses.

 

En cuanto a la economía real -la producción, la actividad, el empleo-, cabe destacar que estas variables transitan por un camino paralelo al fenómeno buitres. De esta forma, dependerá de las medidas de política económica domésticas que se vayan implementando, la posibilidad de retomar la senda del crecimiento económico.

 

Para esto es necesario realizar política expansiva con el objetivo de sostener la demanda, recuperar el crecimiento del consumo, y apuntar a que, una vez finalizado el acuerdo con estos fondos el año próximo se pueda contar con la posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda y de atraer inversiones necesarias para ser dirigidas a sectores estratégicos, como infraestructura y energía, que apunten a modificar nuestra estructura productiva de manera de evitar los eternos enfrentamientos cíclicos con la restricción externa.

 

La solución definitiva se dirime en dos planos. Uno más estructural y de largo plazo que tiene que ver con eliminar completamente el accionar de estos sofisticados y especuladores financistas que llegan a tener la capacidad de llevar al límite y poner en riesgo a una economía nacional, para lo cual debe avanzarse en modificaciones profundas de la Arquitectura Financiera Internacional, y en particular de su marco regulatorio.

 

La región debería avanzar rápidamente en la creación de una Arquitectura Financiera Regional, que permita entre otras cosas reemplazar la legislación de los Estados Unidos en las emisiones de títulos públicos, por alguna otra de carácter regional. El otro plano, es el de la búsqueda de una solución en el corto plazo, que permita a nuestro país dar por cerrado el capítulo final de nuestro proceso de reestructuración de deuda soberana, y explotar el potencial que tiene nuestra economía, una vez alejada la actual restricción externa. En este sentido, habrá que esperar al vencimiento de la cláusula y encarar una negociación a partir del día 1 de enero de 2015.

 

Una vez finalizado este proceso, deberán realizarse las comentadas modificaciones estructurales para dejar atrás esta historia de deuda y poder coercitivo sobre Estados Nacionales, y valerse de los Mercados Financieros para que actúen al servicio de la economía real, que no es ni más ni menos para lo que fueron creados, antes de que las teorías de mercados perfectos y desregulación sirvieran como excusa para transformarlos en un gran casino mundial, donde el sector financiero siempre actuó de banca y los países más vulnerables resultaron ser el punto.

 

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