“No lo podemos bancar. Así, al proyecto, lo vamos a ignorar”. Las palabras de los dirigentes se repiten en los pasillos de la Legislatura bonaerense, que desde temprano se llenó de los gremialistas más importantes de la provincia de Buenos Aires. En un hecho histórico, como en el 2013 cuando la Ley de Código de Descuentos propiciaba otro clima de tensión, se sentaron en la misma mesa para comunicarle el rechazo unánime al Presidente de la Cámara de Diputados.
La sanción en el Senado, que hizo avanzar el proyecto oficial para la creación de un Tribunal Imparcial para conflictos estatales, encendió la alarma en el arco sindical. Los moderados, y los acérrimos críticos, se reunieron en La Plata para manifestar que las formas no convencen.
“No queremos que prospere la media sanción. No estamos de acuerdo en la composición ni en las facultades porque no es imparcial. Hay un consenso unánime de todos los gremios”, sostuvo Baradel.
Incluido en la reforma de 1994, por el duro cruce entre los docentes y la administración central, el oficialismo decidió enviar un proyecto que avanzó por la Cámara Alta para que la experiencia del 2013 y 2014 no se repita. Según expone el artículo 39, inciso 4 de la Carta Magna, “la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos colectivos entre el Estado provincial y aquellos a través de un organismo imparcial que determine la ley”.
El temor, cómo expuso el titular de SUTEBA, es que se apruebe sobre tablas lo que llega desde el Senado. “Lo que objetamos es que los miembros son nombrados por el Ejecutivo. Se habla de conjueces. Todo esto estaría quitándole imparcialidad por eso queremos discutir con los senadores y diputados para que se establezca a través de un listado”.
La idea de los gremios tiene como objetivo que los titulares se nombren por un listado, que respeten la autonomía de los sindicatos y se impulse la negociación libre de los trabajadores con el Estado. “Estamos de acuerdo en lo general, seguro existen matices en algunas cuestiones particulares”.
Borrón y cuenta nueva para los más duros
La idea de que no se prosiga en el tratamiento es lo que convence a las organizaciones más duras. Mirta Petrocini, de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), espacio protagonista del conflicto más importante del año, retomó los planteos de su aliado para repetir la idea de que se cambie la esencia del proyecto.
“Le vuelve a dar una entidad a un procedimiento con el que no coincidimos, aunque era provisorio. Lo que nosotros necesitamos es que se reglamente pero que se haga de manera unilateral, con una voluntad suprema sobre los trabajadores no lo vamos a aceptar”, insistió Petrocini.
Desde el oficialismo, Horacio González deslizó la posibilidad de que un entendimiento sea posible, aunque la actitud de los invitados, quienes agradecieron el llamado, no parece ser la mejor. “Lo importante es que tengamos la posibilidad de charlar entre todos lo que es un mandato constitucional. Vamos a ver cómo encontramos una salida”.
“No quiero que ningún gremio monte guardia acá. Esto va a salir y ellos van a estar informados”. La clara postura del legislador marca la línea del Frente Para la Victoria (FPV), que deberá elegir bien el camino ante la llamativa unidad gremial.
