En un comunicado de prensa, YPF explicó que “el acuerdo con Chevron lo firmó YPF y no la presidenta de la Nación”. Esto en boca de Miguel Galuccio. “El decreto 929/13 constituyó un punto de partida para atraer las inversiones que nos permiten poner en producción vastos recursos de gas y petróleo de la Argentina, en especial los no convencionales, y dar un horizonte de previsibilidad para las inversiones que por su naturaleza son de muy largo plazo”, agregó.
Según explicaron desde la empresa, “por el acuerdo entre YPF y Chevron se llevan invertidos en Loma Campana más de 1240 millones de dólares y este año se sumarán inversiones por otros 1600 millones dólares. Son más de 168 pozos perforados en la formación Vaca Muerta y estimamos que para fin de año vamos a llegar a los 321 pozos. Son 10.500 puestos de trabajo en Neuquén entre directos e indirectos y un proceso multiplicador de la inversión en los servicios asociados con la puesta en producción de estos recursos”.
“Gracias al apoyo de la Presidenta tenemos una empresa profesional, competitiva y con sentido nacional. Eso nos permitió recobrar credibilidad y confianza para recuperar el acceso a los mercados internacionales, lo que constituye un hito en la historia financiera de YPF y del país”, cerró Galuccio.
El fiscal federal Eduardo Taiano había desestimado la denuncia y rechazó impulsar la investigación, pero la medida fue anulada por la jueza federal María Servini de Cubría, que es respaldada por la Cámara Federal.
Según denuncian los diputados del partido Nueva Izquierda, el acuerdo con Chevron tuvo el fin de beneficiar a esta multinacional en la explotación del yacimiento Vaca Muerta.
“Existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado”, sostuvo el tribunal mediante un escrito.
