Diputados aprobó el polémico traspaso de la ex Esma a la Nación

“Lo hacen porque no pueden comprar los votos de los que están en el directorio. El IEM es el único que le ponía un límite”, atacó la diputada de Libres del Sur (Unen) Victoria Donda, quien precisamente nació en la ex Esma durante el cautiverio de su madre desaparecida. Por el oficialismo la respondió el nieto recuperado Horacio Pietragalla, quien le enrostró a Donda su pasado en el kirchnerismo.

Otro momento tenso tuvo como protagonista a Ricardo Alfonsín y a Carlos Kunkel. El diputado por la UCR comenzó su discurso disgustado por las palabras de la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien había dicho que, hasta la llegada de Néstor Kirchner, nadie había hecho nada en el Estado por los crímenes de la dictadura. “Dicen que no se hizo nada en Argentina, se hizo lo que no sucedió en ningún país del mundo. Hubo que tener coraje para juzgar los crímenes de los que todavía estaban en los cuarteles. Nada de lo que se hizo después hubiera sucedido sin el Juicio a las Juntas”, bramó el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín. Desde su banca, fuera de micrófono le gritaba Kunkel. “Callate la boca, autoritario. No tenés más derecho que nadie vos”, le respondió Alfonsín, sacado, y remató: “Si ustedes hubieran ganado las elecciones del ´83 el Juicio a las Juntas no hubiera existido”.

Con Nora Cortiñas y Elida Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en los palcos, los legisladores del FAU, Compromiso Federal, el massismo y el Frente de Izquierda dejaron asentada su disconformidad. “Es un nuevo intento de apropiación de los Derechos Humanos por parte de este Gobierno, de una institución que no pudo ser cooptada”, dijo el diputado Adrián Pérez.

La defensa del proyecto por parte del Pro – que, de esta manera se “ahorra” dinero del presupuesto que debía destinar al mantenimiento de los inmuebles – quedó en manos de Luis Tonelli y Federico Pinedo. “No hay nada que indique que el Gobierno nacional vaya a desnaturalizar el uso de estos espacios con el traspaso. Son especulaciones”, dijo Tonelli en un curioso respaldo al kirchnerismo. Las palabras de Pinedo se perdieron en las referencias a la atrocidad de los crímenes cometidos en la dictadura, el llamado al “diálogo abierto para tener una historia común, más allá de los enfrentamientos partidistas”, pero no sonaron demasiado convincentes en cuanto a la defensa del proyecto.

Recogiendo el guante, Elisa Carrió denunció “el pacto Pro-K”, salvando a sus “amigos” Pinedo y Tonelli” de la incomodidad. “Sé que ellos dos no tienen nada que ver. Pero hubiera sido preferible que se retirasen del recinto en lugar de convalidar esto”, dijo la diputada, que aprovechó para denunciar, además, “que el convenio es absolutamente nulo”, por no haber cumplido con los requisitos que fija la Constitución porteña para la concesión de inmuebles, y denunció que el pacto entre las dos fuerzas “fue negociado por Nicky Caputo (en referencia a Nicolás Caputo, empresario y amigo de Macri) al tiempo que negociaba el convenio sobre el juego”.

El cierre por parte del oficialismo estuvo a cargo de Juan Cabandié quien, en un discurso tan desprolijo como confuso, acusó a algunos diputados de “haberse enterado ayer qué es el IEM”, dijo que Morales Solá y Mariano Grondona “no tendrían problema en que los genocidas estuvieran caminando por la calle”, habló de las elecciones de 2015, y afirmó que “acá no hubo ningún pacto; un pacto fue el Pacto de Olivos”. La votación se cerró con 142 votos a favor y 81 en contra.

Una cesión resistida

El acuerdo firmado en enero pasado para transferir la administración de la ex ESMA y de los ex centros Virrey Cevallos, Atlético, Olimpo y Automotores Orletti había sido aprobado por la Legislatura el jueves de la semana pasada, con 41 votos positivos y 15 en contra. Entre los votos negativos hubo dos pertenecientes al interbloque kirchnerista: el de Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, y Pablo Ferreyra, de Izquierda Popular.

El premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, le había enviado en febrero de este año una carta al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para tratar de impedir el traspaso. “No hubo información alguna, no hubo diálogo, desconocieron a las autoridades del IEM, integrado por organismos de derechos humanos, representantes de la Legislatura y personalidades comprometidas en la defensa de los DDHH trabajando “ad honorem”. Nunca fuimos notificados”, le escribió.

Pérez Esquivel dijo, además que “el gran apuro y urgencia del gobierno es instalar en lo que fuera el Casino de oficiales en la Ex ESMA, un Museo e inaugurarlo el 24 de marzo del 2014, violando la ley y buscando apropiarse de la política de los derechos humanos que hace una década venimos llevando. Pero nadie es dueño de los Derechos Humanos, ningún gobierno puede adueñarse de las luchas populares, es un camino equivocado”. Sin embargo, el proceso no se detuvo.