El proyecto, presentado por Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos, indica que “toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas”.
A su vez, establece que “una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites” previstos en la normativa.
El proyecto va en sintonía con los dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien resaltó la necesidad de aprobar un “régimen de convivencia” al rechazar cortes de tránsito como modalidad de reclamo.
La mandataria tiró la primera piedra en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo. “No puede ser que diez personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan”, dijo Cristina.
Por su parte, el Frente Renovador también recogió el guante y el diputado Darío Giustozzi presentó un proyecto de ley para “garantizar el ejercicio de la protesta social”, sin afectar “el normal funcionamiento de los transportes por tierra”.