De esta forma se terminaron las reuniones en donde el ex intendente de Ezeiza les pidió ayuda y colaboración a los representantes de 40 distritos, con el fin de sacar de los ministerios, juzgados y otros edificios públicos a los oficiales para que salgan a recorrer las calles.
Fundamentalmente la exigencia de Granados a los intendentes es para que se comprometan a controlar las patrullas, “para que podamos empezar a brindarles a los bonaerenses la seguridad que se merecen”, según dijo al término de la segunda reunión, la semana pasada.
En esta ocasión, el ministro recibió a los intendentes Oscar Cicco (Ezeiza), Daniel Di Sabatino (San Vicente), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), Luis Andreotti (San Fernando) y Oscar Luciani (Luján); y representantes de Seguridad y Gobierno de los municipios de Ituzaingó, General Rodríguez, Luján, Pergamino, Escobar, Tigre, Merlo y Junín –estos últimos cuatro, distritos gobernados por massistas-.
Con la instrumentación de los CPC, se redistribuirán efectivos policiales que realizarán tareas preventivas sobre zonas de patrullaje las 24 horas y así lograr mayor presencia policial en las calles, repitieron desde el ministerio de Seguridad.
Granados dejó en claro días atrás que lo que quiere es sacar a los policías a la calle. “Hace falta tener la certeza de que están patrullando los barrios. Estamos redistribuyendo personal y estamos convocando a los retirados solamente para reemplazar a los policías en actividad que se encuentran en los ministerios, en los juzgados y en otros organismos oficiales. Esos policías retirados van a poder cobrar su jubilación normalmente con un descuento del 10% y una paga mensual de 8500 pesos. Ese personal retirado no va a ir a la calle ni va a patrullar. Después de analizar sus legajos, su situación de salud y edad, van a reemplazar a los que hoy están con armamento y con un estado de salud espectacular -los veo en los ministerios, en las puertas de los juzgados, en los edificios oficiales y yo los quiero ver en la calle-”, definió.
Los municipios que adhirieron a la iniciativa son La Plata, La Matanza, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Morón, Moreno, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro, General Pueyrredón y Avellaneda. También Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Pilar, Campana, Zárate, Hurlingham, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca y San Nicolás.
Convenio con la seguridad privada
Como había informado este lunes Letra P, Granados firmó este martes un convenio con los representantes de las entidades que nuclean a prestadoras de seguridad privada para que sus agentes alerten a la Policía ante hechos de riesgo, en el marco de la emergencia de seguridad pública decretada por el gobernador Daniel Scioli. Así lo confirmaron desde el ministerio de Seguridad.
El acuerdo, en consonancia con el artículo 9 del decreto, dispone que frente a un hecho de riesgo para la integridad o bienes de los ciudadanos, el personal de seguridad privada se comunique al 911, de modo que sus tareas serán auxiliares al accionar de las fuerzas de seguridad pública.
De la firma participaron el director de la Oficina Provincial para la Seguridad Privada, Fernando Amarilla; y representantes de las cámaras UPSRA, CAESI, CAESBA, y CARESEB, que involucran a casi 50 mil agentes.
“Queremos brindarle a los vecinos la seguridad que se merecen y por eso avanzamos también con este sector, para que sea protagonista y haga un importante aporte”, expresó Granados.
Desde la Cámara Regional de Empresas de Seguridad del Sudoeste Bonaerense, Alfredo Casareto, ponderó “la iniciativa del gobernador” y afirmó que “el sector participará activamente para contribuir a la seguridad de la ciudadanía”.
Asistieron también Aquiles Gorini (Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones), Walter Schmith (Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos Aires) y Angel García (Sindicato Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina).