El optimismo de todo el arco político provincial parece tener un freno con los dichos de varios dirigentes, que en cada aparición resaltan como avanza el proyecto, pero insisten con afinar el lápiz en cuestiones sensibles que pueden exponer a los Municipios.
Con el avance al mundo legislativo del proyecto oficial, los intendentes reconocen que la Provincia los ayudará con el presupuesto, pero deslizan que se debe mejorar varias cuestiones legales, para no quedar expuestos.
“En un principio, el proyecto original planteaba que la Provincia se hacía cargo de los salarios de los nuevos agentes que se van sumar pero, además de eso, vamos a tener una ayuda extra porque no podemos hacernos cargo de todo el resto”, le cuenta a Letra P el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey.
Lo que el mandatario explica es que los gastos que deberán afrontar es la capacitación del personal, la responsabilidad civil y penal de los Municipios, algo que genera incertidumbre en los intendentes, que tienen muchas dudas sobre la real implementación de la fuerza. Otro de los temas que más incógnitas genera es el funcionamiento de la fuerza. “Los móviles, el combustible, los seguros y los gastos operativos es algo que hay que solucionar”.
“El nuevo proyecto tiene contemplado el pedido nuestro, por eso vamos a hacer todo el esfuerzo posible para tener mayor seguridad pero la verdad es que necesitamos que se contemplen el resto de los gastos, porque el 80 por ciento de estas fuerzas son salarios y el 20 por ciento, será de gastos operativos”, reconoce Grey.
Desde Lanús, Darío Díaz Pérez, le asegura a Letra P que los cambios en el proyecto que impulsa la Provincia, a través del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, llega gracias a la presión de los intendentes. “Logramos que la provincia se haga cargo del porcentaje para abonarle los básicos salariales y los aportes sociales también, además de que nos ayuden para la compra de instrumental y armamento. Es una buena noticia, pero lo mejor es que eso se pueda corporizar”, afirma el mandatario de la zona sur. “La temática de la inseguridad depende de otros valores, la equidad, la justicia y la inclusión, pero estamos en camino”, cuenta el intendente.
Los dichos del funcionario con fuerte llegada al kirchnerismo bonaerense y nacional, reflejan los contrapuntos entre los dirigentes de los distritos más populares del Gran Buenos Aires. “Lo que tiene de desafío, también lo tiene de atractivo porque necesitamos cualquier fuerza, pero ningún intendente va a desechar la posibilidad de recibir agrupamiento humano, pero decir que esto va a solucionar la inseguridad es exagerar”.
En sintonía con el titular de la Federación Argentina de Municipios bonaerense, y mandamás de Ituzaingó, Alberto Descalzo, Díaz Pérez habla de “riesgos” por la situación económica de cada distrito, algo que puede generar policías “ricas o pobres”.
“Es el riesgo que tenemos todos, por eso habrá que reglamentarlo para que no hayan picardías de un distrito sobre otro y eso, me parece, vamos a tener que reglamentarlo cuando salga la ley, que va a salir rápido porque existen necesidades”, insiste el dirigente del Frente Para la Victoria.
Cautela en la Legislatura
Con el ingreso del proyecto que tanta expectativa genera en el ámbito legislativo, que supo acordar buena parte de lo que se redactó desde la Provincia, no todo es optimismo. Según pudo averiguar este medio, van a estudiar cada línea de la iniciativa.
“Hay que ser muy cautos en esto, no podemos aprobar algo así porque sí, sobre todo con la situación de algunos distritos, que tienen situaciones muy particulares”, explica un legislador provincial. Algo similar sostiene el vicegobernador Gabriel Mariotto, a quien le preocupa la segmentación que puede producirse en varios territorios del Conurbano.