A seis meses del anuncio de un paquete de medidas para enfrentar el “ataque cruel y salvaje de una delincuencia de características violentas y sin precedentes”, bajo un decreto que abarca un año entero, las promesas en materia seguridad se quedaron en la mitad.
En aquel entonces, y respaldado por todo su Gabinete, Daniel Scioli explicó que entre los futuros puntos a encarar durante los 12 meses del decreto se incluiría una reforma del régimen penal juvenil, la reincorporación de personal retirado de la Bonaerense y del Servicio Penitenciario, y la construcción de 4 cárceles y 8 alcaidías.
Sin embargo, el ministro de Justicia de la Provincia, Ricardo Casal, pasó por la Legislatura bonaerense para presentar los gastos que tendrá su área dentro del Presupuesto 2015 y explicó que su cartera junto con la de Seguridad, que dirige Alejandro Granados, fueron las más beneficiadas a la hora de la proyección de gastos con la promesa de 2 cárceles y 5 alcaldías nuevas, la mitad de lo decretado en abril.
Casal anticipó que los gastos destinados a logística tendrán un impulso “ya sea en ambulancias, camiones y vehículos” y que tanto Infraestructura, alimentación y logística “son los 3 rubros más fuertes para fortalecer el sistema penitenciario” e informó que dentro de su Ministerio se construirán las dos nuevas cárceles en Campana y Lomas de Zamora.
A las nuevas dependencias se le suma la compra de más camiones de transporte para descentralizar en toda la Provincia el traslado de detenidos.
Si bien el Ministro reconoció que de la mano del avance en infraestructura penitenciaria habrá el año que viene “un incremento importante a nivel alimentario”, la estrategia en seguridad luego de decreto en emergencia se quedó a mitad.
Este plan del sciolismo para agilizar recursos materiales y humanos en el combate de la inseguridad, convocó a personal policial retirado para realizar tareas de prevención, sugirió una inversión de 600 millones de pesos por parte del Banco Provincia para comprar móviles policiales, chalecos antibalas y otros equipamientos y expresó la necesidad de limitar las excarcelaciones.
Luego de los anuncios, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe donde expuso el accionar de la Policía Bonaerense en las cárceles, con la muerte de presos en manos de efectivos, una alta tasa de detenidos sin condena judicial y la sobrepoblación insostenible de los Servicios Penitenciarios Bonaerenses.