La Ley de Medios, solo una lucha por el poder

En el año 2003, los medios de comunicación habían desarrollado una gran concentración en pocas empresas. Gracias a Menem, que había legalizado el funcionamiento de las redes de radio y televisión y autorizado el ingreso de capitales extranjeros, ya habían empezado a consolidarse los multimedios que se expandian a todo tipo de actividades, aprovechando la centralidad que habían adquirido en la vida del país después de la debacle de la política en 2001.

Pero, económicamente estaban quebrados por la salida de la convertibilidad,. Paradójicamente, para los grandes grupos de medios, coincidió su etapa de mayor influencia social por el descalabro absoluto de las organizaciones políticas -el “que se vayan todos”- con su momento más delicado en materia económica.

El grupo Clarín, La Nación y otros en menor medida, se habían endeudado en la compra de otros medios o en una vertiginosa compra de pequeñas y medianas empresas de television por cable en todo el país, que en los años 90 se habían desarrollado a través de capitales locales en las ciudades del interior. El objetivo era convertirlas en la puerta de entrada para la venta de las tecnologías de comunicación, información y entretenimiento que empezaban a imponerse en los paises mas avanzados.

El fin de la convertibilidad complicó el desarrollo del plan. Al derrumbarse la economía de todos los negocios asociados a las industrias culturales, la caída del consumo de medios y del mercado publicitario en especial, disminuyó el ingreso de las empresas que cobraban en pesos, y la devaluación convirtió a las empresas endeudadas en dólares en presa facil de todos los acrededores internacionales.

Duhalde, como presidente, envió al Congreso la Ley de Preservacion de Bienes Culturales, que logró aprobar en el gobierno de Néstor Kirchner y fue redactada, entre otros, por los abogados de Clarín, como consignaron varias investigaciones periodísticas de la época.

Las empresas que habían crecido al amparo de las regulaciones liberales, se habían vuelto proteccionistas y habían puesto al Estado a su disposición para salvar sus intereses, estableciendo como limite para participar en las industrias culturales argentinas un tope de un 30% para los capitales extranjeros. Al sacar a las empresas de las garras de sus acreedores, impidiéndoles que para recuperar sus deudas reclamaran sus activos, solo les dejaron el camino de las  negociaciones para financiar los pasivos y reconocer el cambio de condiciones a través de quitas.

Eran tiempos en los que salvar a los grupos mediáticos parecía ser la forma de salvar a la nación. Se procedió, en diciembre del 2004 -mes ideal para los jubileos-, a la renovacion automática de las licencias de los canales de television sin una nueva licitación y sin cambios en las condiciones de las prestaciones en servicios publicos que se consideran esenciales y a los que el Estado venia de salvarlos de la quiebra.

El 20 de mayo de 2005, a través del decreto 527, el presidente Kirchner suspendió el cómputo de diez años para las licencias audiovisuales. Esto no solo otorgaba un beneficio impresionante a los grupos concentrados formados en la década del noventa, además mantenía la ley de radiodifusion 22.285/80 de la dictadura militar (que impedia a gran parte de los argentinos participar de la propiedad de los medios y en especial a las organizaciones sin fines de lucro mediante el famoso artículo 45, a pesar de que la Corte lo había declarado inconstitucional en año 2003). También ignoraba los plazos y condiciones de extensión sobre los compromisos que habían asumido los licenciatarios, blanqueaba las irregularidades y las sanciones pendientes por el origen de los capitales y por la cantidad de medios en cada área de cobertura. Incluso, había licencias que se vencían indefectiblemente en el año 2007, con más de 25 años, porque habían sido renovadas automáticamente por la dictadura militar en 1982.

Con esa medida se beneficiaron los que habían ganado los concursos en plena dictadura dispuestos por el gobierno militar y por las reformas de la década del menemismo en los años 90. El único requisito de quienes se apoderaron de las licencias era contar con los fondos y muchos se endeudaron en el exterior para quedarse con frecuencias

En diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner ya había sido electa en la primera vuelta con el 45% de los votos, Néstor autorizó el ultimo día de su mandato la fusión entre Cablevisión y Multicanal al grupo Clarín, tirando por la borda el fundamento (que alegó la intelectualidad K para justificar las cenas con Magneto en Olivos) de que todas estas decisiones eran producto de la debilidad política de haber asumido la presidencia con el 22% de los votos ante la renuncia de Menem de competir en el balotaje en 2003.

El divorcio

El conflicto con el campo a los pocos meses de asumir la presidencia Cristina, desató la crisis con Clarín, un medio muy amigo hasta ese momento.

Es evidente que Clarín en sus primeras ediciones de la crisis trato de posicionarse en una situación intermedia que permitiera un acuerdo. Luego, con la profundización del conflicto, debió tomar partido y lo hizo decididamente contra la política de gobierno, al que ya le había sacado lo que más le interesaba, evaluando además que la mayoría de sus lectores (Clarin) y televidentes (TN), habían tomado una posición claramente a favor del campo y lo empezaban a mostrar en sus movilizaciones.

Esta interpretación de la crisis es exactamente contraria a la que hace el gobierno, que considera a la actuación del grupo Clarín determinante para la dimensión y el éxito de la movilización nacional que se produjo en las capas medias a favor de la resistencia del sector agropecuario, a la nueva política de retenciones que proponía el gobierno, y se comienza a configurar una nueva relación con algunos de los principales grupos mediáticos por parte del kirchnerismo.

El kirchnerismo nunca cambió su política y su concepción de los medios de comunicación, lo que cambió es la relación con algunos actores, por ejemplo Magneto, producto de una disputa de poder que adquirió una dinámica que ninguno pudo prever.

El conflicto con el campo rompió la coalición oficialista que había llevado a Cristina al poder y, combinado con una crisis económica internacional, produjo la derrota electoral del gobierno en las elecciones legislativas del año 2009. Esto llevó al gobierno a una situacion de debilidad y a la necesidad de rearmar su marco de alianzas para recuperar la iniciativa política. Con la política de medios lo hizo en dos planos, aparentemente contradictorios para los creyentes: en el plano empresarial se acercó a Telecom y empujó a sus amigos empresarios a iniciar la compra de medios de comunicación con el apoyo de todo el dispositivo del Estado, mientras que en el plano político alentó una nueva ley de medios que combinaba los antecedentes que venían desde el inicio de la recuperación de la democracia, el auge de las carreras de comunicacion en las universidades, el apoyo de sectores de la cultura, de sectores políticos de izquierda y de los medios alternativos y comunitarios que se venían creando facilitados por las nuevas tecnologías pero al margen de la ley por las restricciones estatales. Todos veían la oportunidad de democratizar el campo de las comunicaciones.

Con el objetivo explícito de debilitar a Clarín, puso en marcha “Fútbol Para Todos” quitándole los derechos televisivos, uno de los principales negocios de la televisión por cable del grupo, para transformarlo en un espectáculo de acceso gratuito para el público y exclusivo del gobierno para su uso publicitario. Además, impulsó y aprobó en el Congreso la Ley de Servicios de Comunicacion Audiovisual con el objetivo explícito de multiplicar las voces y democratizar la palabra, estableciendo nuevas pautas para acceder a las licencias y limitando la cantidad a la que podía acceder cada uno de los grupos de propietarios de medios de comunicación. El proyecto tuvo, más allá de las consecuencias posteriores, la virtud de abrir el debate sobre los medios de comunicación y poner en tela de juicio la actuación del periodismo y los intereses de sus empresas en situaciones conflictivas, tanto en el desarrollo y consolidación de la democracia como también durante la dictadura cívico militar.

El paso más audaz del gobierno fue sin duda llevar a la justicia al grupo Clarin y a su dueña, la viuda de Noble, por causas relacionadas con el terrorismo de Estado. Y al grupo, por la forma en la que habrían adquirido Papel Prensa, junto con el diario La Nación, asociados con el gobierno militar para quitarles a los herederos del accionista mayoritario, David Graiver, la propiedad de la empresa; en tanto que la Viuda de Noble y titular del grupo, fue acusada y llevada a juicio por la supuesta apropiación de sus hijos adoptivos a víctimas del terrorismo de Estado.

Ambos temas, sospechas y acusaciones, eran de dominio público cuando hacían negocios y Magneto los visitaba en Olivos, por lo tanto es lícito pensar que si el grupo hubiera acompañado como debía el proceso político no tendría las manos manchadas de sangre como le gusta señalar a la liturgia K.

Otra herramienta que utilizó el gobierno sin sutilezas, y que lo muestra sin ninguna vocación de pluralidad, es el uso desenfrenado de la publicidad oficial para promover medios adictos y castigar a los opositores, empalideciendo la conocida discrecionalidad de la mayoría de los gobiernos en un rubro de casi libre disponibilidad por la escasa normativa y resistencia mayoritaria a reglamentar su uso. Esta limitación para el ejercicio del periodismo se suma a la falta de voluntad para cumplir sus propias normas como el decreto 1.172/03 que promovió el presidente Kirchner sobre el acceso a la información pública, para transparentar la administración del estado.

A este ataque, se sumaron otro conjunto de iniciativas como Automovilismo para Todos por el que se quedaron con la televisación de la categoría más popular del país, la prohibición de las publicaciones de clasificados de prostitucion en los diarios, la presión sobre los anunciantes privados a través de todas las herramientas del Estado, Secretaria de Comercio, AFIP, etc., siempre con el objetivo de desfinanciar al Grupo Clarín, que se sostiene con la herramienta que le regaló el kirchnerismo, el abono del cable, que representa casi el 80% de sus ingresos.

A esta discrecionalidad hay que sumarle la del uso de la Ley de Medios con el mismo objetivo: el abuso de la cadena oficial, la utilización de los medios públicos para criticar a los opositores, la falta de concursos para otorgar las señales, desconocimientos de quienes son los licenciatarios, entrega de la gran mayoría de las nuevas licencias al sector del estatal relegando a las ONG, la no intervención en la transferencias de licencias entre privados sin antecedentes en materia de medios como Cristóbal López en la adquisición del grupo de medios de Daniel Hadad, y la no integración de todos los directores que le corresponden a la minoria parlamentaria en el Directorio del AFSCA, autoridad de aplicación de la ley de medios.

Perspectivas

Las adecuaciones al artículo 161, es decir la aprobación de los planes que cada grupo periodístico presenta para quedar dentro de la ley, ya término con las espectativas de una aplicación ciega de la ley.

Los cuestionamientos de que existe una voluntad y un criterio de aplicación para los grupos amigos y otro para los enemigos están instalados. El ex director de Asuntos Legales del COMFER, el abogado Alejandro Pereyra, califica los criterios utilizados como “toda una doctrina zigzagueante y contradictoria”, como aprobar la venta del grupo Hadad sin una previa adecuación por exceso de licencias, o la aprobación de DirecTV sin verificar si no se excede del 35% del mercado como exige la ley y como le exigen a Cablevisión.

A este panorama hay que sumarle el protagonismo de los medios estatales en el escenario público, potenciados por el gran aporte económico del Estado y debilitados por el uso sectario e ineficaz en materia política y cultural, que los han limitado para crecer en credibilidad y audiencias y por lo tanto transformarse en un espacio legitimado que exprese la pluralidad y el debate abierto del cual los grandes grupos muchas veces privan a los argentinos.

Los escenarios posibles, sea cual fuere la decisión de la Corte, no son alentados para la democratizacion de las comunicaciones. Si el máximo tribunal resuelve a favor de la inconstitucionalidad de la ley, estaremos ante un multimedio, Clarín, mucho más grande que antes de la llegada de los Kirchner al poder. Por el contrario, si avanza en la aplicación de los artículos cuestionados, el escenario mediatico estará dominado por grupos construidos con los negocios estatales del peronismo en sus grandes versiones, los k encabezados por Cristóbal López y otros grupos menores, y por otro lado los hijos de los 90 o menemistas Moneta-Manzano. Todos creados y sostenidos al calor del Estado en sus múltiples variantes de la distribución del ingreso: la obra pública o la publicidad oficial.

¿Democratización de la comunicación en la Argentina? Otra deuda pendiente.