En el primero de sus tres afiches de campaña, Bodart propone “que sea ley” que los políticos y sus familias (¡y sus familias!) estén obligados a ir a escuelas y hospitales públicos. Obligados. O sea, si prosperase su proyecto, por ejemplo, el hijo de un diputado (¿”político” incluirá también a los que no tienen cargos públicos?) tendría prohibido estudiar en un colegio privado (¿se extenderá la prohibición, también, a la universidad?) y su cónyuge no podría contratar una prepaga o atenderse en una clínica particular (¿será sólo para familiares directos o incluirá a primos, tíos y parientes lejanos?). La estupidez que propone el legislador es tan grande que cuesta entender cómo ningún asesor lo frenó a tiempo.
Es obvio que, si una ley así fuese aprobada, sería declarada inconstitucional por el primer juez ante el cual fuese cuestionada. Prohibir a un diputado o a un ministro que sea cliente de una prepaga, por ejemplo, por más simpático que pueda caerle a algunos consumidores de sentido común, sería una violación de sus derechos individuales, una forma de discriminación y una invasión del Estado en su vida privada, que nuestra constitución liberal no permite. Mientras todos los trabajadores tengan la posibilidad de optar entre servicios públicos y privados de salud y educación, los funcionarios públicos también deben tenerla. Pero prohibirles tener una prepaga o ir a una escuela privada a sus parientes sería algo mucho peor: una especie de pena transferida a terceros por relaciones familiares. Estaríamos condenando a alguien, negándole un determinado derecho, por ser pariente de “un político”. En el fondo, es eso lo que propone Bodart: una pena. Se castiga al conjunto de “los políticos” y a sus familias por el estado de la salud y educación públicas, como si fuese culpa de todos ellos, sin distinción, inclusive de aquellos que jamás gobernaron, como (¡por suerte!) el propio Bodart. El principio parece sacado de la ley del talión: como por culpa de “los políticos”, los hospitales están mal, que ellos y los suyos también los tengan que usar.
¿Cuál sería el beneficio social de semejante estupidez? Ninguno. ¿No sería mejor proponer algo que pueda servir para mejorar el estado de las escuelas y hospitales públicos, para que nadie necesite contratar una prepaga y estudiar en una escuela del estado vuelva a ser la mejor opción, inclusive, para la hija de Macri y el nieto de Cristina?
El segundo afiche de Bodart propone “que los políticos ganen lo mismo que una maestra” (otra vez: ¿”políticos” incluirá a los que no tienen cargo público?). La demagogia va en aumento. Quizás podría haber propuesto, al revés, “que las maestras ganen lo mismo que un político”. Sería difícil determinar cuál político, pero al menos la preocupación estaría puesta en mejorar la situación de las maestras. Lo que le preocupa a Bodart no es el salario docente sino, otra vez, penalizar a “los políticos”, porque supone que ese gesto le traerá votos. Pero la idea de que los funcionarios o legisladores tienen que ganar poco, al contrario de lo que parece, sólo beneficia a los ricos y a los ladrones, que son los que no necesitan el salario (¿te parece que a Ricardo Jaime, por ejemplo, le preocupaba cuál era su sueldo como secretario de Transporte?). Recientemente se produjo un debate interesante sobre el tema en Brasil: consultado por un periodista, el diputado Jean Wyllys, que forma parte de un bloque minoritario de izquierda, rechazó la idea de que los diputados deban ganar menos o no tener recursos para contratar asesores o cubrir sus gastos de representación. Explicó que, justamente, los más perjudicados con eso serían los legisladores honestos, que viven de su salario y no reciben coimas ni “contribuciones de campaña” de empresarios y grupos de presión. Con ese tipo de planteos, sólo van a ser candidatos los ricos y los corruptos y tendremos un Congreso cada vez más elitista y con menos gente honesta, dijo Wyllys, negándose a ser políticamente correcto para agradar al electorado. Desvalorizar la función pública, por otro lado, sólo alejaría a las personas más capacitadas y que viven de su trabajo, que no van a dejar buenos empleos para ser candidatos a un cargo en el que ganarán muchísimo menos. El principio, nuevamente, es la pena: como estamos enojados con “los políticos”, bajémosles el sueldo a todos, así, sin distinciones. “Porque son todos lo mismo”. ¡Ay, Bodart!
Otra vez: ¿cuál sería el beneficio social de semejante estupidez? Ninguno. ¿No sería mejor proponer un aumento del salario de los docentes en vez de una reducción del salario de “los políticos”? O les vamos a decir a los maestros: “Vos vas a seguir ganando la misma miseria, pero ahora, gracias a la nueva izquierda, los políticos que no afanan van a ganar lo mismo que vos”.
Por último (sí, sólo estas tres cosas dice Bodart en sus afiches), la campaña del legislador propone “que sea ley” que “político que no cumple pierde su cargo”. Ok, explicame cómo, Alejandro. Explicame primero cómo determinamos en la ley (ya que querés “que sea ley”) qué significa “no cumplir”. Puede ser que, por ejemplo, yo piense que vos, como legislador, “no cumpliste”, pero seguramente habrá gente que te votó y está conforme. Explicame: ¿quién determina que un político “no cumplió”? ¿Un juez? ¿Un jurado? ¿Los demás políticos? ¿Un tribunal popular reunido en Plaza de Mayo? ¿Lo resolvemos mediante un plebiscito? Y si lo resolvemos por plebiscito, ponele, ¿quiénes votarían? ¿Todos? ¿Yo puedo votar que Carrió “no cumplió” y revocarle el mandato, aunque yo no la haya elegido como diputada? ¿Toda la gente que no te votó a vos como legislador, que es mayoría, podría echarte? ¿Y qué hacemos con “los políticos” que representan en las cámaras legislativas a minorías que consideran que “están cumpliendo” al hacer algo diferente a lo que la mayoría votó?
Una vez más: ¿cuál sería el beneficio social de semejante estupidez? Como somos los argentinos, nos la vamos a pasar votando revocatorias de mandato, porque el que perdió las elecciones no va a tardar más de tres meses en empezar a reclamar que echen al que las ganó y el que es mayoría va a empezar a moverse desde el día siguiente de la elección para sacarle el cargo al que representa a una minoría que le molesta.
¿Eso va a mejorar en algo la calidad de vida de la población?
Parece que la nueva izquierda de la ciudad aprendió de Mauricio y Gabriela que la mejor manera de hacer campaña es inflando globos.
Como decía Tato, ¡bermouth con papas fritas y good show!
[Lea la respuesta de Alejandro Bodart haciendo click aquí]
