Daniel Scioli continúa resguardado dentro de la gobernación, pretendiendo alambrar la displicente gestión ministerial bonaerense de las cotidianas arremetidas de los “soldados” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para hoy, la expectativa política estará centrada en esta medianoche, porque finaliza el plazo para la inscripción de alianzas ante la Junta Electoral de la Provincia, de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto y las elecciones legislativas del 27 de octubre.
Sin embargo, ni el cierre para la presentación de alianzas para la elección primaria ni las candidaturas electorales aparecen por estas horas en la agenda ciudadana.
Una vez resuelto el difícil conflicto con el sindicalismo docente, que terminó con la aceptación de la oferta salarial que entregó la administración Scioli, y que incluye la unificación de los dos últimos tramos del aumento del 22,6 por ciento que ya estaba establecido por decreto, la ministra Silvina Batakis –Economía– salió a garantizar el pago en tiempo y forma del sueldo y medio aguinaldo de junio a los empleados de la administración pública.
En realidad, el anuncio no debe ser interpretado como un “mérito” de gestión en la provincia. En todo caso, ayuda a despejar de los techos de la gobernación la intensa niebla vinculada con la capacidad financiera que tiene Scioli para poder cumplir con esa obligación salarial.
Independientemente de la débil situación presupuestaria, la muerte de un hincha de Lanús por un disparo de goma policial durante un partido de fútbol en el moderno Estadio Unico de La Plata impactó en la agenda del Ejecutivo provincial.
Por cierto, llamó mucho la atención la celeridad del ministro sciolista Ricardo Casal –Justicia y Seguridad– a la hora de adoptar una batería de medidas, como decidir el retiro de la totalidad de las balas de goma que utilizaba la policía en los operativos de seguridad en las canchas de fútbol del ámbito bonaerense, y disponer la “suspensión del público visitante” en todas las divisionales, hasta que la AFA y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) garanticen el desarrollo de los partidos sin violencia deportiva.
Es un hecho policial con consecuencias políticas. El Estado no logra encauzar ni la inseguridad ni la violencia en el fútbol. El diligente ministro Casal probablemente haya decidido mostrarse enérgico para intentar evitar que comiencen a llover críticas sobre la responsabilidad de los uniformados policiales en la muerte del “barra granate”. Sabe que dirigentes políticos vinculados con la Casa Rosada pueden “politizar sin ningún escrúpulo” este tipo de episodios.
“No es la solución prohibir el público visitante, y mucho menos prohibirle a la policía ejercer su función. Quieren excluir a todos los hinchas de las canchas de fútbol por inoperancia de quienes gobiernan”, cuestionan legisladores del Pro peronismo opositor.
“Estamos priorizando la seguridad de quienes transitan por la provincia y no la de los barras”, contestó el secretario de Deportes sciolista, Alejandro Rodríguez.
Fiel a su estilo conciliador, Scioli parece haber optado por recostarse en su gestión gubernamental y dejarle a su entorno ministerial la construcción de un manual de “contestación rápida mediática” como estrategia para enfrentar los chisporroteos verbales de ministros, legisladores y funcionarios de la Casa Rosada que sacan turno para poner en duda su lealtad hacia el proyecto K.
No parece casual que el sciolismo en bloque haya decidido salir a respaldar al gobernador, refutando las críticas lanzadas por referentes ultrakirchneristas. “Scioli enfrentó a quienes tenía que enfrentar –revalúo al sector rural– y llegó a quienes tenía que llegar con el sistema tributario. Las transferencias a los municipios crecieron un 260 por ciento, aun cuando Buenos Aires es la única provincia del país que perdió año a año puntos en concepto de coparticipación federal”, dicen.
Dentro de la gobernación, no pocos sostienen que a la asfixia financiera de la Casa Rosada hay que sumarle algunas “operaciones” que, como mínimo, parecen intentar desestabilizar políticamente a Scioli.
Aun así, en el sciolismo tienen la convicción institucional de que ni los partidos opositores en particular ni la ciudadanía en general permitirían una maniobra obscena que haga desmoronar la gobernabilidad en la provincia. “Scioli fue reelegido por el 55 por ciento de los votos”, recuerdan en despachos ministeriales.
Una de las cosas que más fastidio provocan en los referentes K es la certeza que tienen sobre un acuerdo subterráneo de Scioli con el diputado peronista opositor Francisco De Narváez, que le permitiría al gobernador “filtrar” dirigentes afines en las listas de candidatos para las legislativas de octubre.
“Ese entendimiento no escrito establece que en las listas de De Narváez haya candidatos que vean con buenos ojos la candidatura presidencial de Scioli 2015, e incluso que respladen las iniciativas del Ejecutivo provincial o eviten la ‘interpelación en cadena de cualquiera de sus ministros’ en la Legislatura bonaerense”, coinciden no pocos “cristinistas” del Frente para la Victoria.
Esto en apariencia es lo que mantiene sensibilizado al planeta ultra K, entre ellos al vicegobernador Gabriel Mariotto, que, si bien en las últimas horas dijo ver a Scioli “jugando” con el oficialista Frente para la Victoria en las elecciones de renovación parlamentaria, cuestionó la posibilidad de que dirigentes “sciolistas” busquen alternativas en otros espacios políticos, como el que conduce De Narváez.
Con la íntima convicción de que será el “jefe de la oposición anti K” De Narváez cenó días atrás en La Plata con dirigentes de la Juan Domingo que adhieren a Unión Celeste y Blanco en la Provincia. Entre ellos, el senador Baldomero “Cacho” Alvarez de Olivera y dos funcionarios sciolistas: Isidoro Laso y Marta Helguero. En la extensa mesa de los “colorados denarvaístas” también estaban el hermano del Gobernador, José “Pepe” Scioli, y la senadora bahiense Nidia Moirano.
Mariotto puso en palabras las “bipolaridades” que advierten dentro de la Casa Rosada. No sólo creen que Scioli, a partir del acercamiento de legisladores de la agrupación sciolista La Juan Domingo con los armadores políticos del “colorado”, tiene una alianza con De Narváez, sino que también sospechan que existen dirigentes del propio Frente para la Victora K que procuran “vía libre” para lograr incorporaciones en las listas de Sergio Massa ante una eventual postulación del intendente de Tigre por una banca como diputado nacional por el Frente Renovador.
La indefinición de Massa aparece como algo totalmente funcional al gobierno nacional, porque no deja trabajar sobre base firme ni a las fuerzas políticas de la oposición ni al sector del peronismo disidente, mientras siga sin definir si “juega” en el actual proceso electoral.
No pocos adherentes massistas olfatean que, si existe una movida interna para preservar al tigrense para la presidencial 2015, Massa puede correr el serio riesgo de evaporar su actual elevado índice de imagen positiva, según reflejan varias encuestas de opinión pública, para terminar hermanado con la figura del santafecino Carlos “Lole” Reutemann, quien nunca se definió y termino diluyéndose en una oscura banca en el Congreso nacional.
“El plan A de la Rosada es que la presidenta Cristina sea la gran electora de octubre. No le cambia la estrategia si Massa se presenta o no”, señalan los K sin demasiado margen de credibilidad.
Con hilo y aguja en mano, radicales y referentes del Frente Amplio Progresista también intentan tejer un acuerdo sólido para capitalizar el malhumor social contra el gobierno nacional, buscando llegar a octubre con un frente opositor para ponerle al kirchnerismo un límite parlamentario a partir de la próxima elección legislativa.
A no pocos referentes distritales dentro de la Legislatura también comenzó a inquietarlos un decreto ampliatorio del Ejecutivo provincial sobre la convocatoria a elecciones primarias y generales, con la renovación de los Concejos Deliberantes que promueve la renovación automática de la cantidad de bancas a ediles en los municipios, según el aumento poblacional determinado por el Censo 2010.
La publicación en el Boletín Oficial del decreto ampliatorio 370 (ley 14.515) busca cerrar una serie de controversias políticas con el Frente Renovador que responde a Massa, originada cuando la administración Scioli optó por no convocar a los nuevos cargos de concejales, ante datos erróneos en la población de ciertos partidos.
Con el nuevo decreto gubernamental que actualiza el número de bancas, los Concejos Deliberantes de la Sexta que cambiarán su composición actual son los siguientes: Monte Hermoso, de 6 a 10 ediles; Patagones y Villarino, de 14 a 16; Saavedra, de 12 a 14, y Laprida de 10 a 12, según señalan no sin preocupación desde el oficialista Frente para la Victoria.
(*) Periodista, columnista de La Nueva Provincia