En reserva, ayer los jueces lograron abroquelar a toda la oposición y ahora esperan poder juntarse con el oficialismo. En el senado bonaerense a expensas del vicegobernador Gabriel Mariotto se presentaron 5 proyectos, en sintonía con el Gobierno Nacional, con el fin de democratizar los mecanismos en la designación de jueces (Consejo de la Magistratura) como para el juzgamiento de magistrados y funcionarios (Tribunal de Enjuiciamiento).
Una vez finalizado el encuentro le dejaron a los legisladores de la oposición un dossier sobre las reformas. En él documento al que pudo acceder Letra P se expresa que las principales reformas al Consejo de la Magistratura “lejos de haber variado la superioridad que ostentan los representantes de las fracciones políticas (ejecutivas y legislativas), de acuerdo al proyecto presentado ya no deberán ser abogados, con lo cual tendrán la función de evaluar y expedirse acerca de la idoneidad jurídica de los aspirantes a jueces y funcionarios del Ministerio Público personas que carecen del conocimiento especializado que caracteriza al saber jurídico”.
Además tildan de “redundante” la verificación periódica de la aptitud de los jueces, “así como de los funcionarios del Ministerio Público” porque “ya existen diversas estructuras institucionales de control de gestión que fiscalizan y califican, en forma habitual, el desempeño de todos los magistrados del Poder Judicial bonaerense”.
Desde la Red de Jueces Penales, cuyo presidente es Pedro Rodríguez, también se apuntó contra las reformas al Tribunal de Enjuiciamiento. Rechazan las modificaciones porque “lejos de dotar de mayor juridicidad al juicio político (jury), lo politiza más todavía, es decir, en vez de asegurar un juzgamiento de los jueces y funcionarios del Ministerio Público con todas las garantías del debido proceso constitucional (art18), prevé la precipitada suspensión en sus funciones de aquellos que sean denunciados, lo cual constituye una herramienta por demás peligrosa para que cualquier litigante disconforme (y temerario) recurra al mecanismo de la denuncia para sacar del medio de un litigio, de cualquier naturalizar, a un juez que le disgusta porque no lo favorece con sus sentencias”.
La Red de Jueces a su vez busca resguardar y proteger a los magistrados. Por ello le explicó a los legisladores que “con muy pocos elementos probatorios y a pesar de las escasas o nulas posibilidades de defensa del denunciado, se puede no sólo separar del conocimiento de un caso al juez predeterminado por la ley sino también inhabilitarlo para el ejercicio de su cargo”.
Luego del encuentro, los abogados ahora esperan ser atendidos por Cristina Fiormanti, presidenta del bloque del FpV para transmitirle las inquietudes de cara a un paquete de leyes que se puedan tratar prontamente. Por su parte con la oposición, luego de entregarle el dossier, ya acordaron volver a juntarse.
