“Hay que investigar. Al momento en que dejamos la causa teníamos diez casos. Habíamos llegado al número de 57. Y, además, 37 que no sabemos quiénes son, que el gobernador dijo que habían fallecido de otras causas que nunca los identificaron. Ahí puede ir cualquiera”,sostuvo Arias, quien retomó la investigación paralela para resarcir económicamente a los familiares de las víctimas.
“Logramos identificar a cinco personas más. Y había diez casos más también en la mira que se estaban investigando. El problema acá no es sólo la cifra sino los procedimientos que se han empleado”, agregó el magistrado en declaraciones a Radio 10.
En este sentido, Arias sostuvo que lo que se hizo fue “falsear los certificados de defunción. Juan Carlos García, que falleció ahogado en la vía pública. El certificado de defunción, firmado por una médica de la Policía, señala que murió de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Hay un falseamiento de una documentación pública. Esto ha sido denunciado ante la justicia penal”.
Como García, “hay muchos casos similares, lo cual es muy peligroso a futuro porque cualquier policía mata a un pibe, lo hacen aparecer como una muerte natural, se crema el cadáver y nunca nadie sabe nada”, añadió el magistrado. “Esto es una investigación, de modo que puede haber más. No lo sabemos”, sentenció.