Sin margen financiero y político desde hace más de un semestre, la gobernación de Daniel Scioli parece no encontrarle respuestas a ninguno de los conflictos planteados en las áreas de educación, salud pública y del ámbito judicial en demanda de aumentos salariales y condiciones laborales en la Provincia.
De hecho, a un paso de la mitad de año, las protestas gremiales forman parte del paisaje cotidiano en La Plata. Sobre el ring del oficialista FpV – PJ bonaerense se observa a un opacado Scioli en aparente estado de “nocaut técnico”, aún sin caer en la lona. El entorno ministerial mantiene apoyado el pie en el freno en un intento por obtener invisibilidad del gobernador en la agenda mediática.
En medio de ese clima de conflictividad salarial de los docentes con una administración provincial que no puede elevar la oferta por los fondos financieros que le mezquina el gobierno nacional, son cada vez más frecuentes los desembarcos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en La Plata, aunque no precisamente para socorrer institucionalmente a Scioli, sino para intentar limpiar su imagen política tras la trágica inundación del 2 de abril pasado que provocó más de 60 víctimas mortales en la ciudad de las diagonales.
Así y todo, Scioli busca congelar nuevas huelgas del Frente Gremial Docente que paralicen otra vez las clases. Esa estrategia gubernamental cae en una difícil encrucijada: los sindicalistas rechazan la suba decretada por la Provincia del 22,6 por ciento, en tres cuotas, tras el fracaso de las negociaciones, mientras la gobernación subraya que la pauta salarial paritaria ya fue cerrada.
La falta de una nueva “propuesta salarial que merezca ser considerada”, le abre las puertas a un nuevo paro docente desdoblado de 96 horas, al margen que el ministerio de Trabajo decida, por única vez, extender la conciliación obligatoria por otros 5 días más.
Esa porfía salarial, más la liberación de un puñado de delegados gremiales de ATE que habían sido detenidos acusados por “coacción agravada” contra un funcionario del área educativa durante una vandálica toma de esa sede ministerial el año pasado, pusieron en duda la continuidad de la directora general de Cultura y Educación, Nora De Lucía, aunque el propio Scioli aseguró que continuará en el cargo.
Una opción para el gobernador sería “entregar” el principal cargo de la cartera educativa a la Casa Rosada. “Tal vez así, el ministerio de Hacienda de la Nación decida volcar fondos frescos al presupuesto para destrabar el conflicto sindical y evitar más paros docentes en escuelas bonaerenses”, chicanea un portavoz oficial.
En rigor, hace años la Provincia viene arrastrando dos crisis estructurales. Una financiera y otra de inseguridad. El problema que quedó al descubierto ahora es político. Claramente puede advertirse una ausencia de voluntad política alarmante por parte de la presidenta Cristina de Kirchner por amortiguarle, al menos, algunas dificultades económicas a Scioli.
A pocas semanas de las definiciones en torno de la conformación de las listas del Frente para la Victoria – PJ, (para las primarias –PASO– de agosto) como de costumbre en el oficialismo K pareciera haber más postulantes que lugares disponibles para determinados cargos.
Según se pudo establecer con cierta precisión, no solo la cabecera sino cada lugar de la nómina de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires surgirá de un estricto visado de la Casa Rosada y una fórmula incógnita de reparto a los distintos espacios que tributan al kirchnerismo entre los que se incluyen además de políticos tradicionales y territoriales, movimientos sociales y agrupaciones juveniles (Unidos y Organizados, “La Cámpora”, Kolina, etc.),
“Hoy por hoy, sin saber qué hará el intendente de Tigre, Sergio Massa, y quién será el o la número uno del cristinismo, cualquier autopostulación no es más que una mera expresión de deseos de quien pueda tener ganas de ser algo. Quienes vayan a ser realmente, ni ellos lo saben aún”, explicó con pragmatismo un dirigente kirchnerista con muchos cierres de listas sobre su espalda mientras caminaba bajo la arbolada rambla platense de la calle 53, frente a la Cámara de Diputados.
Más novedoso aunque no inédito es que el mismo sistema de control podría aplicarse para la conformación de las listas de candidatos a legisladores bonaerenses, donde el Frente para la Victoria de la Sexta pone en juego tres bancas: Marcelo Feliú, Iván Budassi y Analía Richmond.
Con cierta lógica, propios y ajenos auguran al primero muchas chances de ir por un tercer mandato, no sólo a partir de su destacada labor parlamentaria y su elevado nivel de imagen, sino también a raíz de su “línea directa” con el ministro nacional Florencio Randazzo y otros funcionarios muy cercanos a la presidenta.
La opciones de Budassi, devenido en “ultrasciolista”, en cambio, parecen más atadas al reconocimiento que Cristina pueda hacerle –si es que le hace alguno– a las huestes de Scioli, y en caso de que esto ocurra, no pocos dicen que a partir de algunas consideraciones públicas, corre serios riesgos de ser vetado. Por las dudas, el sciolismo le tendría reservado un asiento en el directorio del Banco Provincia o en la cúpula de la agencia de recaudación ARBA, encargada de administrar la política tributaria bonaerense.
La extracción gremial de Richmond, proveniente de un sector cercano al moyanismo, torna prácticamente nula cualquier opción de reelección para la puanense.
En este panorama hay que sumar las aspiraciones del intendente suarense Ricardo Moccero, reciente anfitrión del poderoso ministro Julio De Vido, quien lo reivindicó como ejemplo del vecinalismo “K” más leal y consideraría la posibilidad de dejar después de muchos años la comuna y emigrar a la Legislatura provincial.
Lo real y lo concreto es que se ingresó a una recta final y desde la tribuna no se verá más que una nube de polvo de la que no habrá certezas hasta que no se sepa quiénes cruzan en pie la línea de llegada, por lo general, bien contra el cierre de los plazos, en la medianoche que irá del viernes 21 al sábado 22 de junio próximo.
Hasta ese momento versiones se escucharán muchas y de todo tipo, lo mismo que operaciones generalmente motorizadas por propios interesados, pero la experiencia demuestra que, salvando las distancias, el cierre de listas oficialista se asemeja a un cónclave en el que sientan que entran con chances de ser papas, terminan saliendo como cardenales.
De allí que los más experimentados prácticamente imploren siquiera ser nombrados en demasiada voz alta en las horas previas para no hacer realidad aquel juego de palabras que muchos ponen en boca del extinto Néstor Kirchner: “El que suena, suena”.
A pocas semanas de las definiciones en torno de la conformación de las nóminas de aspirantes a la Legislatura, también el resto de los diputados de distintas expresiones políticas de la Sexta están “complicados” para mantener sus bancas, más allá de las abiertas negociaciones por la conformación de un frente opositor peronista y algunos otros progresistas en la provincia. Es una sección electoral difícil a la hora de pelear por un lugar en las listas por las 11 bancas que en total estarán en juego. En esa singular situación se encuentran la bahiense Verónica Couly, ahora alineada con el tigrense Massa en la bancada del Frente Peronista Renovador; así como también Marcelo Di Pascuale y Jorge Srodek ambos del bloque (Pro Peronismo); los radicales Luis Oliver y Aldo Mensi, y los representantes del Frente Amplio Progresista y la Coalición Cívica.
“Pese a los zigzagueos, Massa va a conducir el proceso electoral de renovación legislativa y ya podemos hablar de lugares en la lista seccional por el Frente Renovador de la Sexta”, se asegura. Es que, no pocos alcaldes municipales y referentes distritales tejen un acuerdo para que el intendente de Tigre sea candidato a diputado nacional en octubre, elección parlamentaria que estará polarizada entre kirchnerismo y antikirchnerismo.
El oficialismo K cree que un posible desembarco de Massa en el escenario electoral le restará un bolsón de votos al armado del peronista disidente que conduce Francisco de Narváez, ante el proceso de desencanto social en el que ingresó el proyecto nacional y popular del kirchnerismo de la Casa Rosada.
En las últimas horas, Massa se encontró con el bahiense ministro de Producción sciolista, Cristian Breitenstein, que se llegó hasta Tigre para ofrecer herramientas crediticas a tasa subsidiada para los comerciantes afectados por el incendio que provocó daños parciales y destruyó varios locales de venta de artesanías en el Puerto de Frutos.
Por eso y aún cuando falta transitar un largo camino hasta las urnas del 27 de octubre, dentro de la Gobernación no pocos creen que el “día después” –si es que el gobierno nacional hace una mala elección legislativa o logra imponerse por “poco” en el recuento final de votos–, Scioli podrá volver a soñar con la banda presidencial, ya que el oficialismo no va a contar con el número suficiente de legisladores K para reformar la Constitución nacional y forzar la re-reelección de Cristina Fernández.
La controvertida reforma judicial a nivel nacional y los proyectos de la denominada “democratización” de la Justicia que ahora el vicegobernador Gabriel Mariotto y la del bloque FpV -PJ, Cristina Fioramonti de Kunkel pretenden introducir en la agenda parlamentaria bonaerense, naturalmente ya genera rispideces.
A primera vista, el paquete de reforma oficialista presentado días atrás en el Senado –con el propósito de acompañar la decisión de la presidenta CFK y adaptar la legislación provincial en consonancia con lo que está ocurriendo en la Nación– no tendrá un “tratamiento express” en la Legislatura sin la profundidad que merecen dichos cambios para “transparentar” el accionar judicial.
Aun cuando casi siempre naufragan contra “la muralla y soberbia del oficialismo K”, legisladores del opositor bloque del Frente Amplio Progresista ya adelantaron que no apoyarán ningún proyecto que “intente partidizar la selección o destitución de miembros del Poder Judicial, violando la Constitución de la provincia como ya ocurrió con la nacional”.
“La mejor forma de democratizar la Justicia es respetando su independencia y no persiguiendo a los magistrados que resguardan los intereses de los ciudadanos o designando jueces amigos del poder que aseguren impunidad”, advirtió el diputado Juan Carlos Juárez.