En medio de un paro nacional, y en la previa de una gran movilización a Capital Federal, el gremio enrolado en la CTA de Pablo Michelli salió con los tapones de punta contra el gobierno bonaerense, y lo responsabilizó por la situación que atravesaron los cinco delegados quienes “fueron secuestrados por policías de civil, golpeados y amenazados”.
“Tenemos la alegría de hacer la denuncia junto a la Comisión Provincial por la Memoria, con el prestigio que eso implica, y con nuestra Central de los Trabajadores de la Argentina. Los trabajadores fueron emboscados por personas de civil que utilizaron métodos ortodoxos de la Dictadura militar, por eso planteamos que esto constituye un secuestro”, dijo el secretario general de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Oscar “colo” de Isasi, quien habló del video difundido por Internet, donde personas armadas “montaron un operativo que tenía más que ver con atrapar un asesino serial que a un trabajador”.
“Queremos que se investigue enjuicie y se castigue a los autores materiales pero la responsabilidad política es del gobernador Daniel Scioli. Lo que pasó es un antes y un después en la relación con la sociedad bonaerense, éste método de secuestro tan similar a la de la Dictadura militar fue ejercido con un nivel de impunidad llamativo en la provincia de Buenos Aires”, aseguró el máximo referente de los estatales.
En relación a la denuncia que se presenta, el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Alejandro Mosquera, planteó la necesidad de investigar “un procedimiento ilegal” porque lo que hace es lesionar lo que establece la ley 13482. “Acá no se cumplen los parámetros que establece la ley por lo tanto estamos frente a un símil de un secuestro y un procedimiento ilegal”.
“No se presentan los policías que detienen las personas, lo hacen de civil, por lo cual complementan la falta de identificación y porque no les dicen que están siendo detenidos por una orden judicial. Estamos frente a un procedimiento ilegal esto se convierte en un caso testigo porque nadie puede pensar que una burocracia estatal, como lo es la Policía Bonaerense, va a determinar un procedimiento como este: cumplió órdenes”, advirtió uno de los principales funcionarios de la CPM, quién deslizó algunos puntos de lo que plantea la acción judicial.
“¿Se hizo inteligencia? ¿por qué se los detuvo con 15 personas del personal policial esperándolos en dos autos? ¿por qué estaban esperando a la salida de una negociación con un funcionario? ¿Lo ordenó el juez Melazo a esa inteligencia previa?”, se preguntó Mosquera, que continuó anunciando las principales incógnitas que tiene la causa. “¿ Se van a esconder en las prácticas rutinarias de la Policía? El Poder Judicial tiene la responsabilidad de investigar y el Ejecutivo tiene que establecer las responsabilidades sobre el punto”, dijo.
Por último, recordó que “hubo amenazas del personal policial que trabaja en la dirección de escuelas, por eso pedimos que se investigue” y, también, plantear que “la espectacularidad del operativo, es una amenaza para todos los trabajadores de la Provincia y ahí es donde se une a la coacción agravada: cuando hay conflictos sociales, se soluciona reconociendo el derechos de los trabajadores y con mesas de diálogo”.
“La idea es poner un coto a lo sucedido, esto no va más”, advirtió el ex militante del Frente Grande.