Inmediatamente después de la inundación el gobierno provincial publica un listado de 52 fallecidos por esta causa. El juez Arias contradice esta información y habla de al menos 5 o 6 casos más. Otro juez, el Dr. Atencio ratifica el listado oficial y se produce un conflicto sobre que juzgado debe investigar. Se inhabilita al Dr. Arias para continuar con su investigación.
Una mujer denuncia por el diario El Día que su marido falleció por la inundación y no está en la lista oficial.
Una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación el 2 de mayo habla de 90 casos sospechosos además de los por entonces 52 muertos oficiales. Se lo habilita nuevamente al Juez Arias a continuar con su investigación.
El juez Atencio suma 8 casos más al listado subiendo la cifra oficial a 60 y afirma que le llama la atención que no figuren menores en el listado.
Un informe en Canal 13, muestra un video de la inundación del Hospital Español y una mujer afirma que su marido internado en dicho nosocomio falleció a causa del corte de luz que lo dejó sin respirador. Las autoridades de dicho nosocomio rechazan esta versión.
La presidenta pide por cadena nacional que se precise la cantidad de fallecidos por el temporal y pone en duda el listado oficial al ejemplificar con un familiar de un director del ANSES fallecido por causa de la inundación y que no figuraría en el listado.
El mismo día el Concejo Deliberante aprueba un proyecto por el cual el municipio deberá precisar los datos completos y la cantidad de inhumaciones, tumulaciones, exhumaciones y cremaciones tramitadas en el cementerio municipal entre los días 3 al 12 de abril.
Finalmente el Juez Atencio afirma que nunca podrá saberse con exactitud la cifra final de fallecidos por la inundación.
En todo este tiempo la percepción popular fue, y sigue siendo, de que hubo muchos más casos de los que figuran en el listado oficial.
¿Por qué se llega a esta situación de no saber la cantidad precisa de fallecidos y de semejante desconfianza?
Una de las razones, no la única, por la cual se da esta compleja situación tiene que ver con el llenado del certificado de defunción. El certificado de defunción es un documento obligatorio, que debe ser firmado exclusivamente por un médico para disponer del cadáver para su entierro o cremación. Tiene un enorme valor judicial y epidemiológico.
La forma en que ese certificado sea completado puede “esconder” o lisa y llanamente “modificar” la causa de muerte. Veamos un ejemplo del primer caso: un niño fallece por una septicemia (infección generalizada a través de la sangre) que tuvo como punto de partida una neumonía. Ahora bien, si este chico sufría una desnutrición, es muy probable que la septicemia se haya originado por las bajas defensas producto de la propia desnutrición. Por lo tanto ¿de que falleció el niño?, ¿de la neumonía o de desnutrición aunque la causa final haya sido la sepsis? Si el médico hizo bien su trabajo y diagnosticó las tres causas deberá consignarlas todas. El certificado de defunción permite poner las tres causas y todas ellas serán codificadas e incluidas en las estadísticas. Generalmente la desnutrición, así como otras patologías de base, no se suelen consignar y por eso se subestima la mortalidad producida por estas.
Lo mismo pasa en este caso. Tomemos algunos hipotéticos ejemplos: Mientras el agua entra a su casa y arruina todas sus pertenencias un vecino sufre un cuadro de hipertensión arterial que le produce un ACV (accidente cerebro vascular) por lo que es internado de urgencia. Fallece un mes después en la clínica. El certificado de defunción establece a la hipertensión y al ACV como causas de muerte pero no a la inundación. Otro caso: en un geriátrico inundado los ancianos pasaron la noche mojados y varios de ellos enfermaron de neumonía. Algunos días después uno fallece. El certificado consigna la neumonía pero no la inundación.
La otra actitud del médico ante el certificado puede ser directamente su falseamiento. Una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicado en La Nación el 2 de mayo informó que algunos médicos para hacerle el favor a familias amigas falsearon el certificado de defunción ya que si consignaban la inundación como causa, el cadáver debía permanecer en la morgue y no podía ser enterrado ni mucho menos cremado durante algún tiempo. Más allá de la buena voluntad del médico firmante, esto es un delito y una falta ética grave. El ejemplo del caso María Marta García Belsunce muestra los alcances jurídicos que estas decisiones pueden traer.
El Concejo Deliberante de La Plata acaba de crear un fondo para otorgar subsidios de hasta 300.000 pesos para cada familia en donde ocurrió un fallecimiento por la inundación. Esto puede traer como consecuencia que en muchos casos se intente rever la causa del fallecimiento. También, por ejemplo, en caso de denuncias penales contra funcionarios u otros, el conocimiento de la causa real del fallecimiento resultaría indispensable.
Todo un tema legal se puede desprender de estas situaciones.
En lo inmediato alguna de las tantas investigaciones que sobre este tema se están llevando a cabo deberá analizar en detenimiento todos los certificados de defunción firmados desde el 2 de abril y hasta un periodo no menor a un mes y citar a los médicos firmantes para develar las causas. La justicia con el auxilio del Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos deberán establecer la influencia de la inundación sobre las muertes En paralelo el Ministerio de Salud debería establecer un protocolo para el llenado de certificados de defunción y capacitar a los médicos no solo para casos como estos, sino también para aquellos que suceden todos los días pero que no son noticia.