El proyecto, que lleva la firma de los senadores Jorge Ruesga (que responde políticamente al vicepresidente Amado Bodou) y Cristina Di Rado -que juega directamente para el vicegobernador- le quita la facultad además al gobernador de extender los contratos de licencias para la explotación de las tragamonedas por decreto.
Esto quiere decir que, en caso de que el contrato con una empresa finalice será el Instituto de Loterías y Provincia quien deberá hacerse cargo.
Lay ley sólo se delimita a los 12 casinos que hay en territorio provincial, pero no tiene injerencia en las 46 salas de bingo que funcionan en Buenos Aires.
Actualmente la recaudación de las máquinas tragamonedas en los casinos provinciales es de 800 millones de pesos al año que de avanzar esta iniciativa pasaría a manos del estado.
El proyecto es un recurso que venía manejando el kirchnerismo en diferentes despachos de la legislatura con el fin de oxigenar el presupuesto bonaerense que en el último año sólo atinó a garantizar el pago de salarios.
La oposición pide ir por más
Luego de conocerse la iniciativa, legisladores de la oposición expresaron que el proyecto debe ser más profundo y la estatización debe ser de todo el juego, incluyendo las salas de bingo.
Así lo manifestó el diputado provincial Walter Martello quien expresó que el proyecto va en buen sentido, aunque se preguntó “¿por qué excluyen las tragamonedas de los bingos?”.
“Hablar de estatización siempre es un avance, y hay que celebrarlo. Pero el proyecto oficial deja varias dudas. Por ejemplo, se establece que para la modernización del parque de tragamonedas se priorizará la adquisición de maquinarias e insumos de fabricación nacional. Esperamos que este artículo no esté hecho a medida del empresario Cristóbal López, muy ligado al kirchnerismo, que es uno de los principales proveedores de tragamonedas”, señaló Martello.