“Cinco angelitos se nos llevó el agua, doctor. Y en uno de los velatorios vinieron y se llevaron al cajón y al chiquito…”, me contó Miguel, el mozo chaqueño de la Cámara cuando le pregunté cómo había pasado la inundación en su casa de Villa Elvira. Asombrado, le pedí que por favor me dijera quiénes eran esos chicos, dónde vivían, de qué casa velatoria habían sustraído el cadáver. “Me contaron en el barrio, doctor. Le voy a averiguar los datos”, respondió convencido. Desde entonces, día tras día, interrogo al pobre Miguel. Nadie, me cuenta, le sabe dar una precisión, ni un dato, ni un nombre.
Y me comentaron que estas historias, ya leyendas urbanas, recorren La Plata una y otra vez, todo el día, todos los días. Los sociólogos suelen explicar que este tipo de relatos son una forma de procesar y exorcizar socialmente la muerte.
Cuando situaciones trágicas como la inundación que sufrió la Plata llenan de angustia e incertidumbre a la población, la actitud de los dirigentes que trabajan para superar la emergencia debe ser clara y responsable.
El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, transmitieron a los ciudadanos la mayor y mejor información sobre las consecuencias del temporal sin especulaciones, trabajando sobre la base de las denuncias y las evidencias recogidas. Así, lejos de conjeturar, se tuvo especial cuidado con respecto a las personas que se daban por desaparecidas y de las cuales no había noticias todavía. Con esta guía, en forma inmediata y con prudencia pero, reitero, sin especulaciones de ningún tipo, se fueron dando progresivamente las cifras de fallecidos a causa del temporal. Luego, se relevaron todos los fallecimientos ocurridos en esos días en los que no intervinieron las autoridades, y son ahora los funcionarios judiciales competentes quienes deben determinar las reales causas de estas muertes.
En momentos de confusión, desconcierto y dolor ante una calamidad como la ocurrida, es entendible que parte de la población, ante semejante impacto, tienda a pensar que la cantidad de víctimas fatales pudieron haber sido muchas más que las reconocidas oficialmente en las primeras horas de la crisis. Pero de ninguna manera un funcionario público, dada la responsabilidad que detenta sea cual sea el ámbito en que se desempeñe, puede sembrar dudas sobre la actuación del gobierno basándose en rumores y suposiciones infundadas que terminan por dañar a la población.
Lamentablemente, en este marco se inscriben las actuaciones del juez Luis Arias y el defensor Julián Axat, quienes de manera irresponsable, y sin interiorizarse de las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo y por funcionarios judiciales, emprendieron una acción ajustada solo a estándares mediáticos, y con una visión conspirativa y mesiánica en torno a los hechos tan dolorosos que se vivieron en La Plata días atrás.
Esta actitud mezquina de dichos funcionarios solo ha servido para institucionalizar rumores surgidos naturalmente de la situación de angustia que sufren las personas afectadas, que buscan, en su desesperación legítima, una respuesta ante lo inexplicable de los sucesos.
Por eso estoy convencido de que estos comportamientos deben ser revisados y eventualmente sancionados. Porque acciones irresponsables como ésta perjudican a los ciudadanos, sumándole al dolor por lo sufrido una innecesaria cuota de desorientación. Lejos de abogar por el bien común así se atenta, además, contra el respeto y la responsabilidad que debe guardarse ante quienes acaban de padecer una situación tan traumática.
(*) Diputado Provincial por el Frente Para la Victoria.
