“Era previsible que lo que empezó mal, siga mal”, murmuran en La Plata aquellos que continúan abonando la firme hipótesis de que a la administración de Daniel Scioli no sólo le toca enfrentar las estructurales crisis financiera y de inseguridad de la provincia de Buenos Aires, sino que en términos objetivos, atraviesa un problema de fondo con el gobierno nacional que es estrictamente político.
Por estas horas, flota la sensación que la situación de fondo no se va a resolver entre la Provincia y los sindicalistas docentes y estatales.
El nivel de conflictividad sindical explotó silenciosamente en la provincia. Pero ahora, a partir de la profundización de la lucha salarial con gremios docentes y estatales que de manera unánime rechazaron la oferta salarial cercana al 18% en dos cuotas, el problema hizo una suerte de implosión que amenaza con llegar hasta el ámbito judicial, además de los profesionales vinculados con la salud pública.
“Más dinero de bolsillo en un plazo menor que la paritaria nacional”, explican desde el entorno del gobernador, remarcando el ofrecimiento salarial de la Provincia a los casi siempre insatisfechos dirigentes sindicales del sector docente que decidieron extender los días de paro de actividades.
Las imagines muestran un escenario de aulas vacías en las escuelas, y a los gremialistas amenazando con nuevas medidas de fuerza y movilización a través de “caminatas de guardapolvos blancos” por sobre el territorio bonaerense.
Naturalmente después van a seguir flotando los otros problemas. Por ejemplo, la infraestructura en los hospitales públicos, en las mismas escuelas, y la imposibilidad de invertir fuerte en seguridad para disponer de más recursos humanos y materiales, entre otras cuestiones.
Scioli se conduce como un funcionario caído en desgracia dentro de la Casa Rosada. Esta cuestión de desequilibrios financieros se podría haber evitado, sino hubiese sido por el prematuro lanzamiento de su candidatura presidencial para el 2015. Tal vez el principal desliz del gobernador haya sido esperar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordenara a su ministro de Economía, Hernán Lorenzino, una asistencia financiera para la Provincia. Hasta ahora, no sólo nada de eso ocurrió, sino que sobrevuela un interrogante: ¿cuál será el horizonte de esta crisis política?
“Scioli, desde el primer día de su gestión, estaba acostumbrado a que al rojo lo cubría Nación, y el gobierno K, con el látigo en la mano, abusó arbitrariamente en el manejo de fondo y profundizó su posición centralista, donde te da si te portás bien y te saca si querés cortarte solo. Es así de simple”, dice el diputado radical Sergio Panella.
La normalización del ciclo lectivo en la provincia parece cada vez más lejana. Por eso, y tras el fracaso de la negociación paritaria salarial y la reiteración de días de huelga de empleados estatales y docentes, la gobernación Scioli evalúa dictar la conciliación obligatoria a través del ministerio de Trabajo en el conflicto, para habilitar una impasse que permita continuar la negociación sin medidas de fuerza.
También la ministra Silvina Batakis (Economía) podría apurar la liquidación, con los sueldos de marzo, del primer tramo de la oferta de aumento salarial del 18,6 por ciento desechada por el Frente Gremial Docente. Esa posibilidad significaría cerrar unilateralmente la paritaria provincial.
El titular de la cartera laboral, Oscar “Cacho” Cuartango, ya confirmó que también descontarán los días a paro a los docentes que no dicten clases. Buena parte de la estrategia gubernamental pasa por implementar un virtual “operativo desgaste” para contrarrestar la inactividad escolar en la provincia por el férreo accionar sindical. Sospechan que no todos los docentes estarán dispuestos a continuar concretando días de huelga si, efectivamente, esos días son después descontados de sus sueldos de “bolsillo”.
Con el sueño atrasado, producto de varios días de vigilia, a Scioli ya no le alcanza con seguir apelando a una sobreactuación de optimismo. En la gobernación creen que como el “Vikingo” (Roberto) Baradel, titular del SUTEBA, sueña con una banca legislativa en lo inmediato, “opera” en contra de la administración Scioli para congratularse ante la Casa Rosada de cara a las elecciones de octubre venidero.
“Algunos dirigentes gremiales parecen estar más preocupados por su posicionamiento político”, descifró el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, intentando defender la oferta salarial plasmada por la Provincia ante los docentes, con el argumento de que “el derecho de los chicos a tener clases es superior al derecho a huelga”.
En las diagonales, no pocos sostienen que si Scioli se victimiza y busca trasladar esa pelea salarial al terreno de enfrentamiento con el núcleo sindical docente, puede ganar ante el malhumor de la sociedad educativa que, más temprano que tarde, empezará a ver con malos ojos la cantidad de días de clases que pierden poco más de 4 millones y medio de alumnos.
Desde que arrancó la discusión económica con las patrullas ideológicas K, en enero último, cuando la Provincia salió a reclamar mayor coparticipación y el descongelamiento del Fondo del Conurbano, Scioli apostó a la independencia económica como táctica para disipar los dilemas financieros.
No es casual que la Gobernación haya decidido recostarse sobre el informe de un par de encuestadores privados que indican que la opinión pública “condena” directamente al gobierno nacional por la falta de resolución del problema.
No pocos interlocutores del peronismo oficialista del Frente para la Victoria entienden que la “única salida” que tiene Scioli es el uso de la “bandera blanca” como símbolo de rendición política o cese de las hostilidades ante la presidenta Cristina Fernández.
Como botón de muestra de que el kirchnerismo puro busca complicarle la gobernabilidad a Scioli en la provincia, y en medio de la tensión que brotó por la inseguridad, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, le reprochó al gobernador su presencia la semana pasada en Expoagro de Baradero. Sin mencionarlo, lo calificó de “hipócrita” al incluirlo entre quienes “se sacan fotos para mostrarse amplios”.
“Histéricos por las fotos de Scioli, no ven la película. Trabajamos junto al campo y también hicimos revalúo rural después de 50 años”, tuiteó, a modo de respuesta el subsecretario de relaciones, y con la comunidad y comunicación de la jefatura de Gabinete sciolista, Carlos Gianella.
Aun con la autoestima política por el suelo, los estrategas de Scioli parecen restarle interés a cualquier rosca que amasen los referentes K sobre la Provincia, pero monitorean los movimientos domésticos con atención.
Claramente existe una orden táctica de la Casa Rosada de expresar que en todas las secciones electorales de la provincia –incluida la Sexta, naturalmente–, todos los sectores del peronismo que se ubican bajo el paraguas K –incluidos los intendentes vecinalistas– adhieren al proyecto nacional liderado por la presidenta y no con otros proyectos “personalistas”. Es decir, ni con Scioli ni con el jefe comunal de Tigre, Sergio Massa.
“La Sexta es, a priori, una región impenetrable para el sciolismo”, dicen, anticipando el momento de la definición del reparto de los lugares en las boletas preelectorales del oficialismo legislativo en octubre.
Tal vez ese haya sido el objetivo del reciente plenario de dirigentes del Frente para la Victoria de la Sexta, en Monte Hermoso, organizado por el anfitrión local y actual senador oficialista, Alejandro Dichiara. La reunión tuvo todos los colores del universo K, menos el naranja que identifica al gobernador. Allí estaban los bahienses que responden a distintas terminales de la Casa Rosada, como el dirigente bahiense Dámaso Larraburu –cercano al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; también estuvo el alcalde interino Gustavo Bevilacqua–, el diputado Marcelo Feliú –línea directa con el ministro del Interior, Florencio Randazzo– y hasta el secretario legislativo del Senado, Luis Calderaro –hombre de confianza del vicegobernador Gabriel Mariotto–.
El titular de la bancada de diputados provinciales del FAP, Marcelo Díaz, censuró la “incontinencia verbal” del secretario de seguridad de la Nación, Sergio Berni, tras su grosera frase pública –”¿a quién c… le importa la sensación de inseguridad?”–, y cuestionó la actitud del ministro bonaerense Casal, por “su actitud escurridiza y poco profesional, que lo llevó a demorar más de 48 horas en hacerse presente en Junín”, tras el asesinato de la adolescente de 17 años y la virulenta pueblada en esa ciudad.
El trágico episodio que terminó con la vida del joven rugbier Juan Pedro Tuculet, víctima de la violencia y la inseguridad desenfrenada en La Plata, sumado a lo que pasó en Junín, provocó un duro cruce de declaraciones entre dirigentes kirchneristas, sciolistas y de la oposición, quienes apuntaron a la “interna oficialista” por los hechos de inseguridad.
“A la ministra nacional de Seguridad, Nilda Garré, y a su par bonaerense, Casal, se les escapó la seguridad hace rato y estas son las consecuencias: nadie se hace cargo de sus responsabilidades”, señalan desde el radicalismo, en señal de respaldo hacia el intendente juninense Mario Meoni. “El, como casi todos los intendentes, es víctima de esta interna feroz y despiadada entre Nación y Provincia, donde también usan a la seguridad pública”, subrayan.
La Provincia sostiene que los violentos hechos registrados en Junín durante la pueblada en reclamo de justicia fueron “planificados”. Concretamente, creen que hubo infiltrados militantes kirchneristas que fogonearon los desmanes.
(*) Periodista, columnista de La Nueva Provincia