La Autopista Buenos Aires-La Plata siempre es blanco de múltiples críticas por su estado, mantenimiento y regulación. Desde que a finales del año pasado, cuando la Cámara de Apelaciones le posibilitó un “tarifazo” que llevó a pagar los peajes $2,20, $3,50, y en las horas pico a los, $5, diferentes sectores pusieron un grieto en el cielo.
Por eso, luego de un recurso extraordinario, será la Corte Suprema la que resuelva si invalida o no esa sentencia; de hacerlo, podría mantener la medida cautelar original que trabó la suba.
“El aval al tarifazo resulta contradictorio con decisiones previas de ese mismo tribunal, además de inadmisible, arbitrario, infundado y contrario a normativas constitucionales”, explica Luzardo, quien admite que “en el proceso judicial que se tramita en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, el juez Armella aún no ha dictado sentencia definitiva. Es decir que mientras un fallo congeló los aumentos, otro los liberó”.
En este sentido, el concejal admitió que “con el recurso extraordinario se agotan los recursos judiciales formales para lograr que la justicia obligue a Coviares y a sus controladores a cumplir el contrato y construir las obras pendientes”.
El conflicto comenzó a fines de 2011, cuando las resoluciones 2582/2011 de la Dirección Nacional de Vialidad y 344/2011 del OCCOVI -Organo de Control de Concesiones Viales-, fijaron valores de $3 para tramos que costaban $1,90. Luego, subas adicionales incorporaron los recargos para “horas pico”.
A pesar de esto, no se llegaron a cobrar por la reacción de agrupaciones políticas y sociales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, que fomentaron una cautelar de primera instancia emplazando a Coviares a cumplir determinadas pautas antes de habilitarle mayores ingresos.