El año pasado, en la presentación de otro informe durísimo con el mismo motivo, el vicegobernador Gabriel Mariotto dijo que le faltaba el aire y se ponía colorado cuando pensaba en las cárceles bonaerenses. Él, junto a otros dirigentes políticos escucharon en aquella ocasión las palabras de la Comisión. Entre ellos, el Secretario de Derechos Humanos Guido Carlotto, la directora del Servicio Penitenciario Florencia Piermarini, y varios legisladores, entre los que se destacaban el senador Santiago Carreras –presidente de la Comisión de Derechos Humanos- y el diputado Marcelo Saín –conocedor de las cuestiones de seguridad-. Este lunes, todos dijeron ausente.
Ante la consulta de este portal, desde la CPM indicaron que funcionaros del gobierno provincial fueron invitados, pero que no respondieron ni tampoco explicaron los motivos de la ausencia.
“Esto es un aporte a la sociedad y al gobierno, que tienen que tenerlo en cuenta para avanzar en una sociedad democrática”, dijo el premio Nóbel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, que también le pidió al Poder Judicial “más compromiso”. “Vemos algunos avances, no los suficientes. Hemos pedido una reunión con el Gobernador, que esperemos que se pueda realizar en estos días”, agregó.
“Es un trabajo sistemático que fue mejorando con el correr de los años. Se hizo un monitoreo con visitas sorpresivas a las cárceles y con un contacto directo con los internos en cada pabellón, en cada celda individual. Vimos los olores, la degradación, la condición humana, lugares sin lamparitas, con baños tapados y demás. Tienen que defecar en bolsas de nylon y tirarlas por la ventana, lugares en donde orinan en recipientes que tienen que volcarlos en el baño en un pequeño recreo de 1 hora porque están encerrados durante 23 horas en el día”, explicó por su parte Hugo Cañón.
Así, detalló la situación que los presos viven día a día, cosa que es denunciada año tras año por la Comisión. “Es una crueldad que refleja por parte del Estado una violencia sobre los cuerpos de las personas que no resiste un análisis de ningún tipo. Si las víctimas de estos flagelos después vuelven a la sociedad van a tener un odio acumulado que es natural comprenderlo, porque no se sostiene su condición humana. Es un sistema de degradación que es enorme. El sistema de la crueldad sigue mantenido y con la tortura como práctica sistemática”, denunció.
“Lo que los internos reflejan son cosas de crueldad realmente existentes; por ejemplo que les faciliten una faca para que un preso mate a otro preso, o que salgan a robar para que recauden para el Servicio Penitenciario como hace la Policía bonaerense con los pibes más pobres de las villas, como fue el caso de Luciano Arruga –que no quiso robar para ellos y lo desaparecieron-. Además siguieron con el discurso perverso de reclutar a otros pibes diciéndoles que si no trabajan para ellos les puede pasar lo de Luciano. Hay un sistema que tiene que ver con el adentro y el afuera, de una corrupción estructural de las fuerzas policiales y penitenciaras que es lo que queremos visibilizar con estos informes”, concluyó.
El informe
Se trata de un trabajo de casi 450 páginas. El diagnóstico de la CPM indica que en los lugares de detención en la Provincia hay tortura como práctica sistemática, hacinamiento crítico (28.297 personas en cárceles y alcaldías para 18.640 plazas), condiciones inhumanas de detención, corrupción estructural y un sistema judicial que no ve y no investiga.
Según el Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Provincia el total de detenidos es de 28.297 -15.093 con prisión preventiva; 8.800 condenados, de los cuales sólo 929 tienen sentencia firme-. Se registraron 123 muertes en la cárcel -de las cuales 77 fueron muertes no traumáticas; 40 muertes traumáticas (el 32%), incluidos 16 suicidios, y 6 sin especificar-. Hay 1.431 mujeres detenidas y 130 chicos viviendo con sus madres en la cárcel.
Una encuesta realizada a detenidos en institutos de menores, 8 de cada 10 jóvenes entrevistados habían pasado alguna vez por una comisaría. El 55 % fue golpeado durante la detención. El 57 % fue golpeado en la comisaría luego de la detención. Al 64% de los jóvenes ningún operador judicial (jueces, fiscales ni defensores) le preguntó absolutamente nada sobre los malos tratos recibidos durante la detención policial. De los 106 jóvenes entrevistados, el 65% se encontraba en carácter de “procesado” mientras que un 30% lo estaba en carácter de “condenado”. Un 40% de los jóvenes había visto a su defensor sólo 1 o 2 veces y un 5% no lo había visto nunca desde que se encontraba detenido. Esto significa que el 45% de los jóvenes entrevistados había tenido escasos o nulos contactos con su defensa.
Además, el 33% ya había pasado previamente por institutos; el 77% una sola vez, el 6% dos veces y el 9% más de tres veces (un 9% no pudo precisarse). 6 de cada 10 jóvenes estaban detenidos a más de 30 kilómetros de sus vínculos familiares y, entre ellos, un 23% a más de 100 kilómetros de distancia). El 83% de los jóvenes asistía a la escuela, estando el 17% restante por fuera del sistema educativo formal. En el 62% asistían a la EGB, concurriendo el 37% restante al secundario. La duración de la jornada escolar presenta una versión precaria para el encierro: el 55% asistía entre 1 y 2 horas por jornada, el 30% más de 2 y menos de 4 horas, estando el 15% restante entre 4 y 5 horas por jornada. El 20% manifestó haber recibido agresiones físicas por parte del personal a cargo de su “cuidado” en los institutos: el 67% en una ocasión, el 24% en dos y el 9% en tres o más ocasiones.
Con respecto a las primeras conclusiones del trabajo, desde la Comisión sostienen que durante este 2013 “se reforzaron y extendieron políticas regresivas como la incorporación en territorio provincial de Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales creadas con objetivos distintos a la prevención del delito en interacción con la población civil. Se profundiza de este modo un esquema de saturación territorial que genera prácticas violentas y puede estar construyendo un imaginario social en el que se naturaliza la presencia entre la población civil de fuerzas militarizadas que exceden el rol policial. Este tipo de intervención, diseñada para el corto lapso, comienza a extenderse en el tiempo sin que se explicite el objetivo último de la permanencia de tales fuerzas en el territorio provincial”.
“Las políticas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires siguen manteniendo el sesgo de la demagogia punitiva, asentada en los discursos de la mano dura, la policialización de las políticas de seguridad y la falta de abordajes que prioricen el respeto por los derechos humanos como piso ineludible. En este marco se siguen profundizando las medidas efectistas centradas en el incremento de penas, la baja de edad de imputabilidad, el límite a las excarcelaciones y la saturación territorial para el control de los sectores pobres y fundamentalmente de los jóvenes”, agregan.
Así, este nuevo informe refleja y describe cómo ese control territorial opera mediante prácticas policiales como la tortura, las ejecuciones policiales y el gatillo fácil, el reclutamiento para el delito, el armado y fraguado de causas, las detenciones sin orden judicial, entre otras. Además se muestra con la contundencia de los datos estadísticos y el abordaje de casos, que existe una convalidación estructural de la impunidad por parte del poder judicial.
Matías Moscoso
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