La gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires se tiene que garantizar en la totalidad, por eso el titular del ejecutivo no quiere nada librado al azar en los dos años que le quedan en el cargo.
Con la derrota en las elecciones legislativas, y en medio de la discusión del presupuesto, Daniel Scioli decidió darle continuidad al actual fiscal de Estado interino, Hernán Darío Gómez, quien se desempeña en el cargo luego de que falleciera Ricardo Szelagowski.
La semana pasada, el Gobernador le confirmó el lugar a Gómez y con el marco allanado, enviará el pliego al Senado bonaerense para ratificar en el cargo al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Con esta jugada, el mandatario renueva el impulso de mover puestos importantes en la estructura política, como sucedió en el desdoblamiento de los Ministerios de Seguridad y Justicia, con la llegada del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. En ese panorama, y ante la necesidad de confirmar alguien en el cargo, Scioli pensó en Ricardo Casal para que ocupe el cargo que tendrá Gómez, pero ante el fuerte rechazo de diferentes actores, desistió.
Hoy, en una estrategia fuerte, con el inminente recambio legislativo, y la avanzada del Frente Renovador, con el objetivo de neutralizar la posibilidad de que el massismo presione para colocar un nombre cercano, Scioli decidió confirmar al fiscal interino en el cargo.
Gómez, quien tiene una importante trayectoria universitaria, tiene un fuerte arraigo en la Unión Cívica Radical (UCR). La movida llega justo cuando un importante referente del centenario partido, el diputado Ricardo Jano, decidió pasarse a las filas de nordelta, hecho que generó un tumultuoso revuelo interno: todo un mensaje.
Lo que piensa el mandatario es enviarle un gesto a los morados, hoy inmersos en una fuerte interna, para que “acompañen” en lo que queda de mandato y así asegurar una buena relación en la cámara alta, hecho que garantizaría un buen cierre de gestión para lo que queda de mandato.
Las funciones del Fiscal de Estado
Cómo cuenta en la web oficial, el funcionario que defenderá los intereses de la provincia tiene las funciones de, en primer término, la “representación y defensa de la Provincia en los juicios en que ella es parte (como actora o como demandada)”.
De igual forma, “interviene en las actuaciones administrativas en que se encuentran comprometidos los intereses patrimoniales de aquélla, ya sea a través de la vista que debe otorgársele con anterioridad al dictado de ciertas resoluciones, o bien mediante la impugnación que puede formular en sede administrativa con posterioridad a la notificación de determinados actos”.
Y, además, “tiene la facultad de impugnar judicialmente las decisiones administrativas que, a su criterio, fuesen contrarias a la Constitución, a las leyes o a los reglamentos administrativos”.