Los roces de la convivencia

“Si la escalada oral no se detiene, cualquier intento de reconciliación puede explotar por el aire. Es como encender un fósforo delante de una garrafa con el pico de gas abierto”, grafican interlocutores del oficialista Frente para la Victoria, espacio político que comparten los soldados K y los sciolistas puros.

Scioli nunca demostró estar desbordado por la estructural crisis financiera de la provincia, agravada ahora por el insuficiente gesto solidario de transferencia de recursos vía Nación.

No hay dudas que, hasta que la presidenta Cristina de Kirchner, le levante la veda de asistencia económica, difícilmente el gobernador pueda descomprimir el ahogo de las finanzas bonaerenses.

Prudente, con desconfianza, Scioli sabe que junto a su equipo económico enfrenta una etapa de agonía y que el estado de salud de su gestión gubernamental parece estar en “terapia intermedia”.

Esta semana, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, confirmó que el dinero para saldar el sueldo anual complementario de la administración pública antes del 15 de agosto venidero saldrá de la extensión de concesiones a los bingos. También señaló que la renovación se efectuará por decreto, que los bingos podrán ampliar sus licencias entre uno y quince años y que eso arrojará sobre la provincia más de mil millones de pesos, que se destinarán a terminar de pagar por completo el aguinaldo y no en cuatro cuotas.

Algo de eso les había anticipado a los gremialistas de UPCN el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, cuando el domingo se comunicó con ellos telefónicamente para invitarlos a concurrir al día siguiente a la gobernación, donde Scioli les terminó de plantear que, con una mejora en la recaudación impositiva, y con una serie de recortes presupuestarios, había logrado reunir el dinero para pagar los sueldos de agosto y pagar los aguinaldos, con fecha tope el 15 de agosto.

A simple vista, la disposición de extender las licencias de los bingos para terminar de pagar el aguinaldo a los estatales aparece como una medida tan audaz como cuestionable. No cayó bien en el ultrakirchnerismo y tampoco en sectores de la oposición legislativa.

Diputados del Frente Amplio Progresista dijeron que, con la decisión de renegociar y ampliar los contratos “espurios” con las empresas de juegos de azar hasta el 2021, para aliviar en el corto plazo las arcas financieras, “Scioli deja en manos del azar la situación de la provincia”.

“Se trata de medidas intempestivas tomadas por un gobernador al que le soltaron la mano desde el gobierno nacional. En el medio están los cientos de trabajadores que no pudieron cobrar su aguinaldo en tiempo y forma, sumado a que los hospitales públicos carecen de los insumos necesarios para atender a los ciudadanos”, subrayan.

“En esta disputa desatada por la carrera presidencial del 2015 por el Frente para la Victoria entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli, la Provincia eligió la peor forma de financiamiento, prorrogando las licencias a las casas de juego con el fin de achicar el rojo de las cuentas de su administración”, concluyó el legislador del FAP, Marcelo Díaz. El Gobernador, con esa discutible medida, seguramente buscó achicar los márgenes de protestas sindicales.

Pero aún cuando desde UPCN (entidad conducida por el gremialista Teodoro Carlos Quintana, quien hace un tiempo alcanzó repercusión nacional tras ser demorado en la terminal de Buquebus, cuando intentaba cruzar al Uruguay con un bolso repleto de dólares) le reconocen a Scioli “la mejor predisposición y buena voluntad”, otras entidades gremiales de trabajadores estatales enrolados en la CTA bonaerense, con espíritu más combativo, ratificaron las medidas de fuerza para esta semana, en señal de disconformidad con la nueva propuesta del Ejecutivo de abonar el aguinaldo en dos cuotas.

También, y como un clásico ante cada receso escolar de invierno, desde el Frente Gremial Docente ya advierten que, si Scioli no acelera el depósito del aguinaldo, las clases podrían no comenzar después de las vacaciones.

Se sabe: la coyuntura política doméstica dentro del oficialismo puede agravar la crisis financiera estructural de la provincia. En buena hora señalan en las diagonales platenses que deberían empezar a medir las consecuencias, porque en definitiva es la población bonaerense en general la que siempre paga los platos rotos de la confrontación peronista K.

Procurando poner límites, Scioli le pidió a su entorno ministerial no entrar en las provocaciones traicioneras que les plantean desde varios sectores del kirchnerismo. Fundamentalmente, desde el oficialismo legislativo, zona que día a día potenció su antagonismo contra algunas medidas que analizaba el gobernador. “En las actuales circunstancias políticas, no hay voluntad de aprobarle nada”, así de terminantes son las posturas de no pocos senadores y diputados del Fondo para la Victoria.

El mandatario, con la paciencia que lo caracteriza, continúa soportando la renovada pero siempre indirecta advertencia de Cristina Fernández sobre la forma de gestionar en las provincias. Puede tener pocas esperanzas de recomponer su relación con el kirchnerismo “salvaje”, pero tampoco dará un paso al costado por su responsabilidad institucional al frente de la gobernación, tras haber sido reelegido. “Daniel no cambió. No es un camaleón sin altura política”, aclaran sus íntimos.

Desde las segundas líneas del sciolismo “atendieron” al vicegobernador Gabriel Mariotto, al entender que había comparado al gobernador con el expresidente radical Fernando De la Rúa. También lo criticó cuando dijo que lo importante era gestionar y no sacarse fotos con los famosos, en alusión a esa inclinación que tiene Scioli de rodearse siempre con personalidades del mundo del deporte y del espectáculo.

El fastidio llegó a tal extremo que, públicamente, un senador sciolista, Alberto De Fazio, le propuso a Mariotto que renuncie, imitando al exvicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. Pero cuando el conflicto parecía haber llegado a un punto sin retorno, inteligentemente, Pérez, el jefe de Gabinete de Ministros, intentó calmar a su propia tropa y exhortó a que quienes habían sido electos a través del voto popular cumplan con sus mandatos.

“A los inconvenientes de caja cotidiana para pagar salarios hay que sumarles que la Provincia tiene previsto emitir un nuevo bono por 900 millones de pesos para saldar deudas con proveedores del Estado. El otro problema es la obra pública paralizada. Y ni hablar del rebrote de inseguridad en el Conurbano. Si Cristina no levanta la veda que le permita salir del descalabro financiero, el gobernador corre riesgo de descenso directo”, indican, utilizando términos futboleros.

Contra esos pronósticos, desde calle 6, aseguran que la ministra de Economía, Silvina Batakis, espera una mejora en la recaudación mensual por la evolución tributaria en la Provincia. Además, la administración sciolista trabaja en un todavía difuso impuesto a los pooles de siembra que aportará más ingresos.

A todo esto, la gobernación mira de reojo el comportamiento de los intendentes municipales, sobre todo de aquellos que dejaron de concurrir asiduamente a los ministerios de La Plata. Días atrás, el alcalde bahiense Gustavo Bevilacqua procuró garantizarse financiamiento nacional para la realización de obras públicas en nuestra ciudad, durante una reunión con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. En el cónclave también estuvieron presentes una docena de jefes comunales de la Sexta, en su mayoría oficialistas. Un par de horas antes, y también en la Capital Federal, otro puñado de intendentes de la región concretó “una visita protocolar con contenido político seccional” ante el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que fue gestionada por dos referentes del sector randazzista: el diputado bahiense Marcelo Feliú y el senador montehermoseño Alejandro Dichiara.

(*) Ricardo Salas es columnista enLa Nueva Provincia