Altieri, retornó al poder para completar el mandato tras la destitución de Roberto Porretti en 2010, pero ganó las elecciones de octubre pasado para gobernar el municipio hasta 2015 e iniciar su sexta etapa al frente del Ejecutivo.
Sin embargo, las denuncias penales y el escándalo mediático desatado por la construcción y adjudicación de viviendas sociales en la ciudad, propiedades que terminaron en manos de familiares del intendente y de funcionarios de su gobierno, empujó a los concejales a iniciar una investigación que podría avanzar en una suspensión temporaria de Altieri, y hasta su destitución,
Por su parte, la defensa del intendente elevaría un conflicto de poderes a la justicia para anticiparse a esa resolución.
El lunes, los ocho concejales enfrentados al intendente dieron una conferencia de prensa en la que hicieron lectura de los cargos. El presidente del cuerpo deliberativo, Alberto Germain, dijo que “se terminó la primera etapa que era la presentación del informe y se le comunicó al intendente el viernes pasado en el domicilio particular y en el despacho público. Ahora estamos en un período de espera de diez días hábiles para que el intendente conteste y proponga su defensa; 33 fueron los cargos con los cuales se cerró el informe, hubo muchas investigaciones que por falta de información que no nos envió el Ejecutivo no se pudieron concretar”.
Germain, aclaró que “para completar la decisión es necesario recibir la respuesta del intendente y de acuerdo a eso se evaluará y será el dictamen final que la comisión va a elevar al Concejo Deliberante. Las alternativas son la absolución o la destitución, ahí tendrá que valorar el Concejo si la defensa del intendente hace mérito para dejar las causas en un estado de no gravedad”.
Los cargos, responden a temas investigados por la comisión constituida el 10 de abril para tal fin. El punto más relevante se centra en la construcción y adjudicación de viviendas en el cruce de las calles Palometa y Valle Fértil. Según los ediles, el Altieri habría incurrido en “omisión indebida al no denunciar la irregular adjudicación de viviendas en el partido de Pinamar, construidas bajo el marco de planes sociales del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Ello con perjuicio de los intereses de aquellas familias del partido de Pinamar que se vieron impedidos de participar en igualdad y aún mejores condiciones para acceder a dichas viviendas”.
Además, el intendente fue acusado de “conducta antiética en beneficio de familiares y personas vinculadas personal y políticamente que resultaron beneficiadas por planes de viviendas sociales”.
Al encuentro con la prensa asistieron Germain, Roberto Porretti, Rosana Di Pascuale y Alfredo Baldini (integrantes del nuevo bloque justicialista denominado Proyecto Nacional), los radicales Gabriel Vidauli, Mercedes Taurizano, Fernando Avila y Edgardo Paso, representante de la línea de Francisco De Narváez.
Fuente: lacapitalmdp.com