Si fue lo más adecuado incluir a la ministra de Desarrollo Social entre los denunciados – el intendente de Quilmes y el secretario de Producción del Municipio, Guillermo Robledo - como parte de la estrategia judicial diseñada por Manuel Garrido, su patrocinante, se sabrá una vez que la Justicia Federal resuelva quién es el magistrado que entenderá en la demanda.
Por recomendación del ex fiscal de la Oficina Anticorrupción y ahora diputado radical, Mario Sahagún (FAP), Fernando Pérez y Oscar García (UCR) y Diego Buffone (radicales en la Coalición Cívica) efectuaron la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli, quien actuó de oficio desde la sesión ordinaria del pasado 25 de septiembre, cuando la oposición fracasó en el intento de constituir una comisión investigadora.
De la negociación con el oficialismo, reacio a dar quórum, surgió otra con funciones más modestas de la que queda excluida expresamente la de promover el juicio político del jefe comunal, tal como lo contempla el artículo 249 de la Ley Orgánica de Municipios.
Regida por el reglamento interno del cuerpo y por eso con José Migliaccio, titular del Concejo Deliberante, como presidente, la comisión de Seguimiento y Control se propone auditar la ejecución de esos recursos sobre los que hizo foco un informe de “Periodismo para todos” que conduce Jorge Lanata por canal 13 y al que tributaron con sus testimonios Sahagún, Pérez y Buffone.
Condimentos suficientes para alimentar la visión conspirativa que viene profundizándose en un sector del oficialismo nacional al calor de los conflictos que atiende en varios frentes pero que toma al mediático como eje ordenador del resto, especialmente después de las manifestaciones del 13 de septiembre: nombrado en la Afcsa a raíz de lo ocurrido esa noche, Martín Sabatella dejó constancia de la dificultad para procesarla al proclamar la “continuidad del modelo kirchnerista.”
Aníbal Fernández logró quitarle el cuerpo a ese cepo donde casi queda atrapado con su espontánea estimación de esas marchas, tildándolas de “importantes.” En representación del kirchnerismo que no comulga con Gutiérrez y que aglutina el senador nacional, el concejal Gustavo Filereti tomó la prevención de no firmar la denuncia.
El diario “Cinco Días” atribuyó a Filereti una reunión con Ricardo “Olli” Argüello antes que fuese presentada. Otra es la versión del anibalismo: el secretario de Obras Públicas habría visitado varios despachos opositores para pulsar ánimos pero con la intención de palpar el clima si, en forma eventual, deja sin efecto la licencia al cargo de concejal.
Argüello expresa los obstáculos de Gutiérrez para hacer pié como líder territorial: opositor al intendente desde el 2007, llegó al quinto lugar de la lista con la que fue reelecto en el 2011 después de oponérsele en el 2009 desde la Unión Celesta y Blanca de Francisco De Narváez.
El entusiasmo opositor se vio incrementado el ultimo fin de semana de septiembre con el acto que Andrés Larroque, Mayra Mendoza y Juan Ottavis encabezaron en el distrito junto al vicegobernador Gabriel Mariotto y al que no asistió el intendente pero sí Roberto Gaudio.
Edil del monobloque Frente Generacional Peronista, Gaudio forma parte del núcleo duro opositor y se encuentra a punto de franquiciar para La Cámpora. Lo que es interpretado como otro límite a los vínculos de Gutiérrez y la Casa Rosada, con la que se comunica por vía indirecta mediante Edgardo Depetris y Fernando “El Chino” Navarro.
Roxana González ocupa la subsecretaría de Obras Públicas a instancias del diputado del Frente Transversal mientras que Patricia Iribarne, directora de Economía social, forma parte del elenco de funcionarios en representación del líder del Movimiento Evita, con quien la relación es más oscilante.
Algo más identifica a González, con Robledo y Alejandro Tozzola, secretario de Hacienda, además de ser mencionados como penalmente responsables por la denuncia judicial: ninguno de los tres tiene domicilio en Quilmes. González vive en Avellaneda, Tozzola en Palermo y Robledo en el barrio Las cañitas. Desarraigo que para el folklore del Conurbano, no redunda en beneficio del Intendente.
El vínculo con Robledo se remonta a los años 70 y fueron retomados luego del exilio del funcionario, a quien su padre envió a los Estados Unidos con la excusa de atender negocios familiares. Con la restauración democrática y ya en el país, pasó a convertirse en un sostén material de sus disputas por la conducción en la UOM.
La confianza De Gutiérrez en Robledo y Tózzola sería tal, según fuentes K, que por eso repetiría al pie de la letra la versión que ellos dan de los hechos: el peso de la responsabilidad por los fondos millonarios que habrían tenido por destinatario al ex presidiario Hugo Blanco y el jubilado Andrés Sersing en su calidad de supuestos proveedores del plan recaería en Julio Sevilla, director operativo del programa de Reinserción Social, y José Luis Pavón, director General de Empleo municipal.
Blanco la habría reforzado en una presentación judicial que, según fuentes legislativas, abrió dudas entre quienes la recibieron. Por eso resolvieron indagar más en su línea argumental. Desprovisto de un asistente legal en cuerpo presente para advertirlo de los riesgos de su incontinencia verbal, esa declaración repercutiría mucho más arriba de Sevilla y Pavón.
Las mismas fuentes entienden que para que el caudal de información detallada llegue a ediles opositores y que entusiasmó a Garrido cuando la tuvo en sus manos, es imprescindible el concurso de alguien con acceso al sensible corazón del poder municipal. Con expreso pedido de mantener en reserva sus datos, evocan las diferencias políticas que traen de arrastre Robledo y Gustavo Gutiérrez.
Una de ellas aseguró estar al tanto del frustrado deseo del sobrino y secretario Privado del Intendente por incidir en los fondos de los planes asistenciales después que la rendición del 2011 por un total de 80 millones de pesos, habría dejado dudas de su ejecución en las autoridades nacionales.
El avance de la denuncia judicial podría darle sustento a la constitución de una comisión investigadora en el Concejo Deliberante que precisa, además, del voto de los dos tercios de sus miembros. En la sesión del 25 de septiembre, la oposición reunió 14. Entre ellos los del PRO, aliados principales en el recinto del oficialismo pero observados por las autoridades nacionales y provinciales del partido de Mauricio Macri. Pero más todavía por Néstor Grindetti, ministro de Hacienda del gobierno porteño, y con vocación de competir por la intendencia del limítrofe partido de Lanús.
Los dos faltantes podrían aportarlos por Edith Llanos, cuyo mandato vence a fin de año y, en apariencias, con media palabra del gobierno municipal para sumarse a su personal jerárquico, y Stella Maris Silvera, electa en las lista que promovió Fernández en el 2011 pero rápidamente pasada al bando de Gutiérrez.
En ese clima enrarecido, un sector del arco opositor aguarda que se cumpla una regla inexorable: la fortaleza del poder se desmorona desde adentro. La pregunta que se hacen es cuál será la incidencia de la Justicia en ese proceso.
