Según el compromiso publicado por Greenpeace, el Jefe de Gobierno, se comprometió a implementar una serie de acciones concretas a realizarse antes de fin de año y también un plan que permita alcanzar la segunda meta establecida por la Ley 1854, es decir, una reducción del 50% de la basura de la Ciudad enviada a enterramiento en los rellenos sanitarios de la CEAMSE en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los ambientalistas, si bien en las primeras etapas se dieron cumplimiento a los requisitos dispuestos, en el mes de diciembre, plazo donde debían mostrase las concreción del plan de acción, los avances fueron casi nulos.
La Ley de Basura Cero, aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña en el año 2005, establece un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos: 30% para el 2010, un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados a la CEAMSE durante el año 2004. Sin embargo, luego de cuatro años de incumplimientos, hasta octubre de 2011, la basura generada en la Ciudad y enviada a rellenos sanitarios creció casi un 10% con respecto a los mismos meses del año 2010, según los datos publicados por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Durante el año pasado Greenpeace había denunciado que en el 2010 la Ciudad enterró 2.110.122 toneladas de residuos, más del doble de lo que debía enviar a rellenos si cumpliera con la Ley de Basura Cero, que impulsa el reciclado.
Asimismo, los ambientalistas señalan la preocupación por el accionar del Gobierno porteño, que llamó durante 2010 a un proceso de consulta pública, para el diseño de los nuevos pliegos para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU) que fue cancelada en diciembre pasado, sin ningún tipo de explicación. El proceso de consulta y audiencia pública se había desarrollado con la participación de organizaciones, cooperativas de recuperadores urbanos y empresas. La cancelación se da a partir de la Ley 4120 sancionada en la última sesión del año 2011 por la Legislatura.
La nueva norma promovida por el oficialismo establece el marco normativo para la contratación del SPHU prorrogando los contratos para el servicio de residuos húmedos vigentes e ignorando absolutamente el pliego de los residuos secos.
“No se pueden aceptar mas las marchas y contra marchas, es hora de que el Gobierno de la Ciudad esté a la altura de las circunstancias e implemente de manera firme, el sistema integral de recolección de RSU que plantea la Ley 1854. No hay más tiempo para excusas, ni pruebas pilotos: debe cumplirse la Ley y alcanzar la meta del 50% de reducción de la basura enviada al conurbano en el año 2015”, manifestó Consuelo Bilbao Coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
