El proyecto que envió el Presidente elimina gravámenes y quita recursos al sistema público. Beneficio a grandes empresas. El Estatuto del Periodista, ¡afuera!
Javier Milei desordena el cine nacional
El gobierno de Javier Milei propone una reforma laboral con un proyecto incompleto, repleto de retrocesos en materia de derechos y que habla poco y nada del mercado de trabajo actual. En materia de medios y comunicación, se reduce a eliminar gravámenes, desfinanciar al sistema y al Estado y reducir mecanismos protectores de la democracia como el Estatuto del Periodista.
Más que una contribución para actualizar el mercado de trabajo en la era de las plataformas, la “modernidad” presente en los 197 artículos parece referir al período que empezó con el descubrimiento de América en 1492 y terminó con la Revolución Francesa. O incluso a algo más atrás en el tiempo.
De aprobarse, podría implicar una transferencia masiva de recursos del trabajo al capital con recursos como el Fondo de Asistencia Laboral y la reducción de las contribuciones patronales.
Como plantea Luis Campos, especialista e investigador de la CTA-Autónoma, es un debilitamiento de la acción colectiva sindical y llega a la vulneración del derecho de huelga. Y propone cambios que resultan contrarios al derecho humano a la información y al fomento al sistema de medios y cultura.
Esto se materializa en dos aspectos: el desfinanciamiento del sistema mediante eliminación de gravámenes y de protecciones específicas para el desarrollo de la profesión periodística.
Por un lado, el texto enviado para su debate en sesiones extraordinarias propone eliminar los aportes que financiamiento la producción de contenidos, el funcionamiento de los organismos públicos de TV, radio y cine, como también de institutos como el del Teatro y la Música.
Al eliminarse el Fondo De Fomento Cinematográfico de los artículos 21, 22 y 23 de la ley de cine -cuya administración está a cargo del INCAA- se perderá el recurso para producir películas nacionales, integrado por el 10% de lo recaudado por las salas de cine, el 10% por alquiler o venta de videogramas grabados en cualquiera soporte y un porcentaje de lo recaudado por el ENACOM.
Así, este fondo, que demanda ser modernizado en el mejor de los sentidos -como contó oportunamente Letra P-, con la inclusión de las plataformas, por ejemplo, será vaciado.
Por su parte, la eliminación de los gravámenes a dueños de canales de TV y radios impedirá la distribución de fondos específicos resuelta por el artículo 97 de la ley audiovisual, que establecía la asignación sobre el total recaudado:
Consultado por Letra P, Esteban Lopardo, abogado especialista en derecho a la información, advirtió: “De prosperar la derogación del título cinco de la Ley Audiovisual se generará el desfinanciamiento total para esos organismos. Y si deciden conservar alguno, dependerán del Presupuesto que el Tesoro le quiera asignar".
"Posiblemente poco o nada. A su vez, esto implicará destruir lo que ya han dejado de aplicar pero todavía vive en la ley: el financiamiento de los medios comunitarios”, agregó.
Algo de esto ya sucede: 2025 es el primer año que terminará sin que se apruebe financiamiento alguno para proyectos de producción de cine en Argentina desde la sanción de su ley en 1994. Pero esos fondos se siguen recaudando y -como ya contó Letra P- Milei especula en bonos con ellos. También será el segundo año sin que se otorguen fondos para medios sin fines de lucro, recaudados vía los gravámenes que se proponen eliminar. En agosto, el Enacom reconoció que retiene más de $13.000 millones de ese rubro.
Los objetivos incluidos en actual proyecto ya integraron el fracasado proyecto original de la ley Bases, al comienzo de la gestión Milei. Y así como especialistas en derecho laboral afirman que se nota que el texto pasó por los grandes estudios de abogados patronales, es posible sostener que también lo vieron los que tienen de clientela a grandes empresas de medios (si es que no son los mismos).
La reducción de gravámenes implica exclusivamente un beneficio a medios con licencia de radio y TV, que deben pagarlos. En tanto son fondos con destinos específicos, el efecto general es el desfinanciamiento del sistema, que en parte ya sucede desde diciembre de 2023.
En segundo lugar, con la derogación del Estatuto del Periodista, establecido en la ley 12908 desde 1946 para proteger la libertad de conciencia, pensamiento y expresión de los periodistas, sus riesgos políticos y físicos, los despidos arbitrarios, el libre acceso a las fuentes y otros aspectos, se dará un retroceso fundamental en materia de democracia.
Así podría afectarse una regla general de los Derechos Humanos: el principio de no regresividad. Además de contar con jurisprudencia en la Corte Suprema de la Nación en relación con derechos laborales, este elemento de la arquitectura de los DDHH garantiza que los avances no se pierdan. Y exige al Estado justificar cualquier retroceso, siendo el financiamiento un factor clave para asegurar la viabilidad de estos derechos y la independencia de los medios, sin que el Estado use recursos para premiar o castigar líneas informativas, protegiendo así el pluralismo democrático y la participación ciudadana.
Otra lectura posible es que estas propuestas sean “un hueso para los perros”. Es decir, moneda de cambio para ceder en una supuesta negociación. Las potenciales beneficiarias la ponen en duda. Tal vez es la hora en que el capital “va por todo”.