Es el caso de los tribunales de Rosario. Cuarenta y dos años después, la Justicia cita a indagatoria a tres participantes de ese operativo.
El 8 de octubre de 1984, cuando habían transcurrido poco más de diez meses desde la recuperación de la democracia, una operación clandestina de inteligencia militar irrumpió en los Tribunales de Rosario y sustrajo documentación fundamental para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El operativo también incluyó el asalto a una vivienda particular donde se conservaban pruebas judiciales. Cuarenta y dos años después, la Justicia Federal de esa ciudad santafesina citó a indagatoria a tres presuntos participantes de aquel robo.
La causa, que a pesar de haberse producido en democracia es considerada por la Justicia como un delito vinculado a los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado y, por lo tanto, imprescriptible, fue reabierta hace 15 años. A lo largo de ese período sumó algunos hitos importantes, como una serie de allanamientos y el juicio abreviado contra quien en tiempos del episodio era jefe de Inteligencia (G2) e integrante del Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército, Héctor Fructuoso Funes.
A esos avances se sumó, este último mes, la decisión del juez federal Carlos Vera Barros de fijar nuevas indagatorias. Los imputados son tres: dos hombres que se desempeñaron como personal civil de Inteligencia del Ejército y un tercero que dirigió la Sección Segunda del Destacamento de Inteligencia 121. Deberán presentarse ante el Juzgado Federal N.º 4 de Rosario los próximos 11 y 12 de noviembre.
La medida fue solicitada por el fiscal Adolfo Villatte, titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado en Rosario. En diálogo con Letra P, Villatte calificó las indagatorias como “muy importantes”: “Son un intento de ponerle nombre y apellido a quienes intervinieron en la ejecución material del hecho”, sostuvo.
A 15 años de la reanudación de la investigación y a más de cuatro décadas de los hechos, el fiscal destacó la importancia de avanzar en el esclarecimiento de un episodio que golpeó de lleno el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), cuando los genocidas todavía respiraban en la nuca de sobrevivientes, familiares de víctimas y de la sociedad entera.
“Esta causa es importante para el proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura. Primero porque prueba que el terrorismo de Estado registró todos sus crímenes, que hubo archivos. Segundo, porque grafica cuán poderosa era todavía la dictadura en los primeros años de la democracia, que diseñaba y ejecutaba operaciones clandestinas delante de las narices del presidente (Raúl Alfonsín). Tercero, por su valor simbólico: más allá de las condenas que se pueden llegar a aplicar, es seguir sumando verdad sobre aquellos crímenes tremendos”, explicó Villatte.
Era la madrugada del 8 de octubre de 1984. Habían pasado apenas diez meses desde la recuperación de la democracia. La Conadep recogía testimonios sin cesar y la Justicia comenzaba a investigar los crímenes cometidos durante la última dictadura. Alrededor de la 1.45, un grupo de hombres armados irrumpió en los Tribunales de Rosario, ubicados sobre la calle Balcarce, entre Montevideo y avenida Pellegrini.
Tiempo después se sabría que los ladrones integraban las estructuras de Inteligencia del Ejército y que el golpe era, en realidad, parte de una operación clandestina de inteligencia militar cuyo objetivo era apoderarse de los expedientes y las pruebas reunidas para investigar a los responsables del terrorismo de Estado. Lo lograrían.
El edificio estaba custodiado por dos policías de la Unidad Regional II de Santa Fe: el sargento Demetrio Flores y el agente Juan José Aguirre. Los atacantes los amenazaron de muerte con armas de fuego, los redujeron y les quitaron sus pistolas reglamentarias Browning calibre 9 milímetros, junto con los cargadores y las municiones. Después los maniataron y los dejaron encerrados en la guardia del edificio, donde permanecieron hasta que, alrededor de las cinco de la mañana, comenzaron a llegar los trabajadores judiciales y fueron liberados.
Con la custodia neutralizada, los integrantes del operativo se dirigieron al Juzgado de Instrucción de la 10.ª Nominación, a cargo del juez Francisco Martínez Fermoselle, con Francisco Martín como secretario. Forzaron la cerradura de la puerta de ingreso, violentaron el acceso al despacho del magistrado y abrieron por la fuerza el cajón central de su escritorio y las puertas de dos armarios.
De las oficinas se llevaron la casi totalidad del material probatorio secuestrado durante los allanamientos relacionados con las denuncias de la delegación Rosario de la Conadep. También sustrajeron los tres cuerpos del expediente 6/84, correspondiente a la megacausa conocida como Feced, junto con las actuaciones acumuladas.
La documentación formaba parte de una de las primeras investigaciones judiciales abiertas en Rosario sobre el plan sistemático de exterminio de la última dictadura militar. Las denuncias presentadas por la Conadep habían permitido avanzar en la recolección de pruebas y en la identificación de posibles responsables. Fueron esas actuaciones las que desaparecieron de las oficinas judiciales durante el asalto.
Pero el robo no terminó en Tribunales. La misma operación incluyó un segundo ataque contra una vivienda de la calle Dorrego 1638, donde se encontraba depositada otra parte del material secuestrado en la investigación. Allí, apenas 16 días antes, el 22 de septiembre de 1984, el juzgado había realizado un allanamiento que permitió reunir una cantidad tan importante de elementos que, debido a su volumen, había dispuesto dejarlos en depósito en el propio inmueble bajo custodia policial.
El encargado de vigilar la propiedad era el cabo primero Eugenio Leopoldo Encina, también perteneciente a la Unidad Regional II. Los atacantes repitieron el procedimiento utilizado en Tribunales: lo amenazaron de muerte con armas de fuego, lo redujeron, le sustrajeron su pistola Browning calibre 9 milímetros y lo maniataron. El policía permaneció privado de su libertad hasta que fue liberado horas después. Del inmueble desapareció la totalidad del material judicial que había quedado allí depositado.
Los dos robos formaban parte de una misma operación. No se trataba de delincuentes comunes interesados en dinero u objetos de valor: los blancos habían sido seleccionados por su relación con las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El expediente Feced, sus actuaciones acumuladas y las pruebas secuestradas en los allanamientos constituían material destinado a esclarecer las responsabilidades de integrantes de las fuerzas militares, policiales y civiles en el aparato represivo.
“Se trata de información de vital importancia para el proceso de juzgamiento”, destacó Villatte.
Según la investigación sobre el episodio y los testimonios de personas que trabajaron en la recolección del material robado, entre los elementos sustraídos había fichas con nombres de víctimas y represores, registros de operativos y de escenarios de los hechos —como los centros clandestinos de detención—, armas y municiones.
El robo tuvo su registro inmediato en el Poder Judicial de aquellos años, pero su investigación se fue diluyendo hasta perderse en los posteriores tiempos de impunidad. Décadas después, el trabajo de relevamiento de los archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, impulsado durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, permitió recuperar una pista clave. Aquellos equipos de investigación fueron desfinanciados durante el gobierno de Mauricio Macri y desactivados durante la gestión de Javier Milei.
En 2011, trabajadores de la entonces Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, a cargo de Stella Segado, encontraron un dato llamativo en el legajo del coronel retirado Luis Américo Muñoz, quien había sido segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, con asiento en Rosario. Se trataba de una carta de reclamo que Muñoz le había escrito al entonces presidente Alfonsín por una calificación que le impedía ascender al grado inmediato superior.
En esa comunicación, Muñoz describía dos “operaciones especiales” de inteligencia militar en las que había intervenido durante los primeros años de la década de 1980. Una coincidía con el secuestro y posterior asesinato de Osvaldo Cambiaso y Daniel Pereyra Rossi, dos militantes peronistas que habían participado de Montoneros, en mayo de 1983. La otra se correspondía con el robo de documentación judicial de octubre de 1984.
En aquella carta, Muñoz no solo ubicó temporalmente el operativo, sino que también explicó su finalidad: “Aquí la operación también consistió en un gran despliegue de efectivos y medios, pero en esta oportunidad la finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar civil de la Fuerza, como así también personal policial”, figura transcripto el documento en el expediente judicial. Muñoz también consideró que el operativo “cumplió ampliamente con su cometido”.
El documento fue analizado en conjunto con la Fiscalía Federal de San Nicolás, entonces a cargo de Juan Murray, quien solicitó la reapertura de la causa. Después de distintas idas y vueltas judiciales, el expediente quedó radicado en la Justicia Federal de Rosario.
En 2019, la Fiscalía Federal de Rosario solicitó las indagatorias de tres militares vinculados al robo de documentación: Luis Américo Muñoz, Víctor Pino Cano, quien al momento de los hechos era comandante del II Cuerpo de Ejército, y Héctor Fructuoso Funes, jefe de Inteligencia e integrante del Estado Mayor del mismo comando militar.
En octubre de 2021, Villatte solicitó la elevación a juicio de Muñoz y Funes. Pino Cano, juzgado y condenado anteriormente en Córdoba por crímenes de lesa humanidad, ya había fallecido. El proceso finalmente se resolvió en 2023 mediante un juicio abreviado que tuvo como único acusado y condenado a Funes. Para entonces, Muñoz también había muerto.
En ese procedimiento, Funes fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe necesario de tres hechos de privación ilegítima de la libertad calificada, dos robos, supresión de medios de prueba y supresión de documento público. El exjefe de Inteligencia reconoció los hechos y su participación, una admisión fundamental para la continuidad de la investigación.
En aquella sentencia, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario determinó que la operación había sido planificada desde la estructura de inteligencia del Ejército. El fallo estableció que Funes había intervenido en la preparación de los planes y las órdenes para obtener información, procesarla y convertirla en inteligencia militar. También había participado en la selección de los objetivos de la operación y en la transmisión de esa información al comandante del II Cuerpo de Ejército, Pino Cano.
La planificación y ejecución del operativo se realizó por orden del comandante, en coordinación con el área de Operaciones (G3) y a través de la jefatura y el personal del Destacamento de Inteligencia 121. La maniobra involucró, según la sentencia, un importante despliegue de efectivos y medios.
Por último, el tribunal consideró que la finalidad de aquellas operaciones especiales de inteligencia había sido “neutralizar las acciones legales entabladas por los organismos de Derechos Humanos para llevar ante los estrados judiciales a personal militar, policial y civil por delitos cometidos en esta jurisdicción”, en consonancia con lo que el propio Muñoz había explicado en su carta a Alfonsín. La condena permitió establecer judicialmente que el robo de los expedientes no había sido un episodio aislado, sino una operación de inteligencia militar planificada para obstaculizar las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura.
